Arrancar con buenos cimientos la reforma del modelo territorial

Parece ser que quienes podían haber reformado la Constitución y no lo hicieron, salvo obedeciendo órdenes, han cambiado y ahora están deseando reformarla voluntariamente y para el bien de todos. ¿A alguien le resultan creíbles las propuestas de reforma de quienes han bloqueado las potencialidades de transformación que poseía la Constitución del 78 y la han fosilizado, para crecer desorbitadamente a su sombra, generando un sistema partitocrático, pervirtiendo las instituciones que debían ser

independientes, adueñándose de lo que debía ser de todos y anulando la cláusula social?

Uno de los elementos cuya reforma plantean algunos actores políticos es el modelo territorial. A día de hoy, sin embargo, no hay en mi humilde opinión, una sola propuesta ilusionante, salvo la genérica de Podemos de “romper el candado de la transición” e impulsar un proceso constituyente. Podemos no propone una simple reforma constitucional de despacho, sino un debate político amplio, que permita rediscutir a fondo la organización política, económica y territorial.

Intentemos arrancar con el debate sobre el modelo territorial, que por desgracia es el que más pasiones levanta, a pesar de no ser el más trascendente. En mi opinión, la concreción del modelo territorial, si queremos construir sobre cimientos sólidos, debe partir del reconocimiento de dos principios generales que le sirvan de marco: un elemento de carácter simbólico y otro procedimental. El elemento simbólico es el reconocimiento de la naturaleza plurinacional del Estado. Un Estado en el que conviven personas que poseen culturas diferenciadas, que hablan distintos idiomas y que además se identifican nacionalmente de formas diversas. ¿Qué importancia puede tener el reconocimiento del Estado como una “nación de naciones”? Tendemos a despreciar todo lo que no posee una naturaleza material. Pero el problema nacional, que ha generado guerras y más guerras a lo largo de la historia y las sigue generando, no sólo apela a las razones, sino también a los sentimientos. Y los cambios políticos no son posibles sin un cambio en la cultura política.

Desgraciadamente, la descentralización del Estado operada por la constitución del 78 no ha venido acompañada de un cambio de cultura política que extendiera la idea del pluralismo al ámbito de las identificaciones nacionales de la ciudadanía. Para la mayoría de los actores políticos no tiene ninguna consecuencia en sus rutinas el hecho de vivir en un país donde la gente se identifica de distintas maneras en lo nacional y donde se hablan varios idiomas. La reforma constitucional podría visibilizar la sociedad real de un Estado que es mucho más plural de lo que traslucen sus actores, que actúan con rutinas propias de sociedades donde hay una identificación nacional unánimemente aceptada.

Esta caracterización debería venir acompañada, en mi opinión, de otros elementos simbólicos, como el reconocimiento de una mínima presencia de los idiomas distintos del castellano en las instituciones del Estado o la no concentración de todas las instituciones estatales en Madrid, que incluso podría compartir capitalidad con Barcelona, siguiendo la estela de lo que sucede en muchos países avanzados.

Un segundo elemento que debería enmarcar la reforma, tan importante al menos como el simbólico, es el procedimental. El modelo territorial no debe decidirse de espaldas a la ciudadanía, ni limitar el papel de esta a ratificar hechos consumados. Antes de decidir el modelo territorial concreto, hay que establecer las condiciones en base a las cuales la ciudadanía va a poder participar en su legitimación. Dejando al margen debates científicos, se le llame derecho a decidir, se le llame derecho de autodeterminación o se le llame principio democrático, es evidente que en una sociedad democrática deben reconocerse espacios para que la ciudadanía pueda participar en la conformación del modelo territorial y tenga cauces para articular un eventual desacuerdo con el modelo territorial existente; y un desacuerdo que puede llegar al extremo de plantear la secesión de un territorio.

¿Cómo se puede canalizar la voluntad secesionista de una parte de la población en un Estado democrático plurinacional? ¿Cuales son los cauces dentro de los cuales se debe gestionar ese desacuerdo? La doctrina constitucionalista es casi unánime en que la sentencia del Tribunal Supremo canadiense en el caso del Quebec marca un antes y un después al establecer los procedimientos, las condiciones y los límites que las partes deben respetar. No existe un derecho a la secesión unilateral en el sentido en el que el Derecho internacional se lo reconoce a los países colonizados, pero el gobierno tampoco puede cerrar los cauces legales a la expresión política de una eventual mayoría social secesionista. Vincular la articulación del modelo territorial a la voluntad ciudadana concreta y desvincularla del concepto unilateral y dogmático de nación que usan por igual los nacionalistas centrales y periféricos supone el primer paso para enmarcar un debate que ha condicionado demasiado nuestra historia en unos términos en los que el pueblo es el principal perjudicado de las propuestas que se justifican en su nombre.

En resumen, lo que propongo es, por una parte, redefinir el Estado en clave plurinacional y por otra, constitucionalizar los principios que establece la sentencia del Tribunal Supremo de Canadá en relación a las condiciones y límites bajo los cuales debe articularse la expresión de la voluntad ciudadana sobre el modelo territorial en el ámbito de un Estado democrático plurinacional. Y a partir de esos dos principios, podemos empezar a concretar el modelo, pero no prescindiendo de ellos o estaremos empezando la casa por el tejado.