Sindicalismo y Educación

Llevo muchos años dedicado a esto que comúnmente llamamos “Educación”; he dedicado y sigo haciendo de este apasionante mundo mi forma de vida personal y profesional. Durante esta larga etapa he encontrado gente muy diversa, intelectual y moralmente, que ha mostrado un alto nivel de interés por aprender. De ahí que cuando oigo hablar de la pérdida de motivación, de los obstáculos que el entorno nos coloca, de la mala influencia de las redes sociales… un escalofrío me recorra durante unos segundos, obstruyendo mi voluntad. Afortunadamente, es un sentimiento efímero que, hasta el momento, consigo superar repitiéndome los motivos por los que elegí esta profesión: me gusta acercarme a esas mentes sedientas de aprendizaje y aportar mi granito de arena, mejor aún si es a través de una cierta polémica, en la que las dos partes intenten defender con ardor sus argumentos.

Este “desnudo” personal viene como consecuencia de las emociones encontradas que me ha producido la lectura de un artículo reciente de José Manuel Bujanda. De nuevo, una cadena de sentimientos contrarios: irritación, indignación, reflexión tranquila y deseo de réplica. Y a ello vamos.

Comparto el tono impetuoso que el autor manifiesta al hablar de las esperanzas que una nueva ley educativa vasca le provoca, de sus anhelos por actualizar el sistema, de modernizar las competencias deseables para alumnado y profesionales de la educación, de mejorar la capacidad comunicativa en las tres lenguas de estudio, de fijar la autonomía de los centros de forma práctica- la teórica lleva casi treinta años soportando el papel- o de acabar definitivamente con la actual segregación escolar. 

Firmo todos esos buenos principios, pero debo hacer dos salvedades: una, estas esperanzas no están explicitadas de forma adecuada en el borrador del anteproyecto, y de ahí tantos recelos como han ido apareciendo últimamente en los medios; y dos, el Sr. Bujanda no muestra ningún deseo de avalar el papel prioritario que la nueva norma debe reservar para la Escuela Pública, vector principal de cualquier sistema educativo que busque compensar desigualdades de origen y garantice un futuro común para toda la ciudadanía vasca. Está en su derecho, pero tal ausencia nos separa definitivamente, tanto como nos aleja del actual borrador por la misma razón.

Sin embargo, estas líneas no quieren incidir en la crítica al documento señalado; presiento que habrá otros momentos para hacerlo. Me centraré en otro asunto no menor, como es la visión particular que manifiesta el autor hacia el mundo sindical.

El Sr. Bujanda, en su artículo, muestra su extrañeza porque los sindicatos de la educación no se limiten a defender las condiciones laborales de sus compañeras y compañeros y pretendan cruzar fronteras que deberían serles ajenas, es decir, ir más allá de la búsqueda de mejoras salariales y recortes de jornada. Se asombra de que sea en Euskadi y lo cita expresamente, como si el resto de sindicatos españoles, europeos o del resto del mundo cerrasen su trabajo en torno a este constreñido deber reivindicativo. Y es tal su extrañeza que “hablan, opinan y entienden e intentar incidir incluso con vehemencia contrastada (¿?) sobre el tipo de educación, currículo a elaborar, políticas lingüísticas y no lingüísticas, perfiles de salida del alumnado. Autonomías de centros, formación del profesorado, contenidos, pedagogías, competencias, evaluaciones, programas, planes a desarrollar, valores a implementar, tratamiento de las lenguas, ratio de alumnos, plazos de sustituciones, etc.” Llegado a este punto de la lectura, reconozco que mi indignación rayaba los máximos permitidos. ¿Acaso estamos volviendo a tiempos -no tan lejanos- en los que convenía tener bien amarraditos a quienes planteasen otra forma de interpretar el mundo? Me tranquilicé al releer el artículo y observar con cierta confianza el manifiesto del autor por el “respeto exquisito al derecho a manifestarse, movilizarse, hacer huelgas…”, aunque ceñido tan solo a reclamar mejoras laborales. ¡Otra vez el mosqueo! Vuelta al cinturón de castidad, a las reivindicaciones salariales y de jornada.

No sé en qué fuentes beberá el autor del artículo, dónde se informará, pero por si sirve de algo, argumentaré algunas de las razones por las que un sindicato como CCOO, en el que milito desde hace treinta años, explora, participa y negocia legalmente en cualquier ámbito de actuación profesional. 

Según aparece en los Estatutos de la Confederación Sindical, aprobados en el último Congreso, el XII, en Madrid, hace apenas un año, en su definición de principios reconoce que es un sindicato reivindicativo y de clase y demanda los principios de justicia, libertad, igualdad y solidaridad; defiende las reclamaciones de los y las trabajadoras; se orienta a la supresión de la sociedad capitalista y la construcción de una sociedad socialista democrática. Precisamente por ser una organización sociopolítica aspira a la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de todos los trabajadores y trabajadoras y asume la defensa de todo aquello que le afecte como clase. Y para ello, desarrolla su actividad a través de diversas actuaciones como la negociación colectiva, la concertación social, entre otros, así como la promoción y/o gestión de actividades y servicios dirigidos a la integración y promoción social, cultural, profesional y laboral del conjunto de la clase trabajadora.

Como pudiera ser que el autor del artículo no se sintiera afectado por unos estatutos de ámbito español, me gustaría recordar que la Federación de Enseñanza de CCOO Irakaskuntza tiene entre sus principios fundacionales la defensa de la Educación como un derecho universal de toda la ciudadanía, no una mercancía al servicio de las leyes de mercado; como instrumento de transformación social para el logro de una sociedad más justa y cohesionada; como una garantía para la convivencia lingüística y como un instrumento de coeducación para la transmisión de valores de equidad, igualdad, respeto y libertad. 

Todo lo dicho hasta aquí respalda las actuaciones que el sindicato pueda realizar en aras a conseguir tales mejoras profesionales y a modificar la situación sociopolítica en la actual educación vasca.

No obstante, por no limitar la argumentación a planteamientos exclusivamente propios, añadiría que la Internacional de la Educación, organización que acoge a más de 32 millones de docentes y personal de apoyo educativo en 178 países y territorios, reconoce 4 principios para conseguir una educación a nivel mundial: que sea de calidad (pública y gratuita); que recoja los principios de respeto a los derechos humanos y a la democracia (defendiendo la libertad sindical, el derecho al trabajo decente y el derecho al aprendizaje a lo largo de la vida); que dignifique la profesión docente (con la participación de este personal en la configuración de los sistemas educativos para conseguir políticas educativas decentes); y, por último, el desarrollo del poder sindical (que permitirá la defensa y promoción de los derechos universales esenciales).

Para acabar y con el fin de que etas líneas no se queden en un elemento reivindicativo únicamente sindical, incorporo el testimonio de la Fundación Bofill, poco sospechosa de veleidades/ligerezas sindicales conspiranoicas, que en un estudio reciente realizado por 15 autoras y dirigido por la socióloga catalana Aina Tarabini ha concluido que “…las reformas educativas sólo son viables y sostenibles si promueven el bienestar y la implicación del profesorado con los recursos y soportes necesarios”. Según este informe, para conseguir la equidad y la justicia en el sistema educativo se necesitan reformas que tengan en cuenta la voz y el bienestar de los docentes, las condiciones en las que ejercen su profesión y su desarrollo profesional. Y sigue explicando: “Una política educativa comprometida con el combate de las desigualdades y la mejora educativa debe poner inexorablemente el cuidado en el centro del discurso y de la acción. Al igual que el éxito de una propuesta pedagógica en el aula depende de la capacidad de centros y docentes de atender a las situaciones de aprendizaje y lo que hace sentido por el alumnado, el éxito de un plan o de una política de la Administración dependerá de si su diseño e implementación tienen en cuenta las motivaciones y condiciones de trabajo del profesorado”.

Como defiende el escritor y docente universitario argentino, Martin Kohan, la educación es política no porque sea partidaria, sino porque exige formas de ejercer el poder, de organizar un colectivo, de construir comunidad. De ahí, añadiría yo, que sea necesario que los sindicatos intervengan en el conjunto de aristas que presenta la educación.

Es posible, es necesario que las organizaciones sindicales -también las vascas, Sr. Bujanda- utilicen todas las estrategias legales y democráticas que sus propias normas establezcan para conseguir un sistema educativo mejor que el actual. Oponerse, criticar una ley -más aún, un borrador de anteproyecto- no sólo da muestras de una sociedad abierta y democrática, también es síntoma sano de unos agentes educativos preocupados por construir un futuro mejor para todas y para todos.