Cae la COVID-19 en las residencias vascas pero se registran dos fallecidos en Álava y Gipuzkoa

Dos personas mayores han fallecido en las residencias vascas a causa de la COVID-19 en la última semana, una en Álava y otra en Gipuzkoa. Bizkaia ahora actualiza la información sobre la pandemia quincenalmente, por lo que no hay más datos. Se trata de internos de los centros El Manantial de Iruña de Oca -aunque se matiza que era una persona pluripatológica- y de Argixao de Zumarraga. Son ya 1.226 los decesos totales desde que llegaron los primeros positivos de coronavirus a los centros residenciales, según la estimación de este periódico. El desglose centro a centro figura en el mapa interactivo.

En Gipuzkoa son 69 los casos activos, cien menos de una tacada en una semana tras siete días con apenas 29 contagiados y 130 recuperaciones. Los brotes han caído también a 11, aunque serían 18 si se tienen en cuenta los centros en que hay trabajadores infectados (32 profesionales de baja, en total). Es más, solamente una residencia tiene más de 20 personas en cuarentena, de nuevo Argixao. En Álava, la caída de la incidencia es menor, de 38 a 36 casos tras una semana con 12 infectados y 13 recuperados. Los focos son incluso más (diez frente a siete). Entre ellos, se ha registrado ya el séptimo brote en San Prudencio, la residencia municipal de Vitoria. Las plantillas de los centros alaveses tienen 38 gerocultores con COVID-19.

Por otro lado, la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, ha insistido en que las recientes sentencias del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) contra las restricciones impuestas por el Gobierno de Iñigo Urkullu en la hostelería en diferentes fases de la pandemia no presuponen “para nada” que se puedan pedir “responsabilidades patrimoniales” a la Administración. Contradice el Ejecutivo a fuentes judiciales consultadas por este periódico que insisten que, con las resoluciones en la mano, los afectados pueden presentar un recurso a título individual pidiendo una indemnización económica. Entiende Garamendi que los fallos se limitan a anular algunos puntos de decretos autonómicos, sin más concreciones.

Asimismo, Garamendi ha defendido el recurso judicial contra la última de esas sentencias, conocida la pasada semana. Euskadi acudirá al Supremo aunque, como ha admitido la consejera, de cuyo Departamento cuelgan los servicios jurídicos, el criterio hasta ahora había sido “intentar la menor judicialización” de la “regulación” de las medidas contra la COVID-19 para no dar lugar a “inseguridad” o “confusión”. Pero en este caso se entiende que la sala de lo contencioso-administrativo del Superior ha incurrido en “incongruencias” manifiestas al entender que estaba “motivado por razones epidemiológicas” el actuar en la hostelería y, a la vez, considerar no “proporcionado” el plan de la mesa de crisis de la emergencia sanitaria, conocida como Labi.

Finalmente, el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) sigue sin confirmar si el caso sospecho de viruela del mono o símica de que informó este viernes ha sido ya analizado, aunque se aludió a un período de comprobación de dos o tres días. “Hay algún caso analizándose pero, mientras no haya confirmación, no daremos pie a elucubraciones”, ha señalado este martes a este respecto el consejero-portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria.