Competencia contrató a una de las empresas del cártel de las consultoras por ser una firma de “reconocido prestigio”

Cuando Pilar Canedo era presidenta de la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC), además del caso del fraude en la contrata de los comedores escolares se inició una investigación en torno al cártel de las empresas de consultoría. Como los hechos trascendían a Euskadi, la investigación final saltó a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), al igual que la propia Canedo, y este mes de mayo ha desvelado la existencia de un reparto sistemático de licitaciones de instituciones públicas entre un puñado de compañías. Una de ellas es B+I, liderada por Sabin Azua, hermano de quien fuera vicelehendakari con José Antonio Ardanza, Jon Azua. Mientras, en la AVC, la sustituta de Canedo, Alba Urresola, contrató a la ahora sancionada B+I para la elaboración de su plan estratégico.

En la documentación enviada al Parlamento Vasco por Competencia a instancias del representante de EH Bildu Josu Estarrona, Urresola defiende que cuando se formalizó este contrato (2017) la empresa de Azua aún no estaba siendo investigada (2019). “Ni la AVC ni nadie podía conocer la futura incorporación de estas empresas de reconocido prestigio al expediente”, argumenta la presidenta. Aquel contrato se hizo de manera similar a los alrededor de 200 que se han incorporado en esta causa, de los que casi la mitad se corresponden con instituciones vascas, donde se originó el expediente. Se pidió presupuesto a tres empresas, en este caso B+I, Price Waterhouse Coopers (PWC) y Naider, y se eligió a la de Azua por ser “la más ventajosa” tanto en los “aspectos técnicos” como por plazos y precio. Fueron 17.500 euros más IVA.

“Como se deduce del expediente de contratación completo [...], se cumplió escrupulosamente toda la normativa en materia de contratación y, además, estos servicios fueron prestados a plena satisfacción de la AVC”, explica Urresola ante las preguntas de Estarrona. Rechaza también que no se produjera ningún ahorro con respecto al precio base presupuestado. La AVC indica que se podían pagar hasta 18.000 euros y que se descontaron 500 euros, el 2,7%.

El caso se inició con inspecciones a algunas de las compañías. Efectivamente, esta firma no estaba entre ellas. Ahora bien, las fuentes consultadas indican que “desde el principio” formaba parte de las sospechas y que constaba en la documentación inicial que motivó las primeras entradas y registros.

El expediente incluye también el desarrollo del trabajo de B+I para Competencia. Se da la circunstancia de que, entre los trabajos “a plena satisfacción” se realizaron actividades con juegos de Lego en la que los altos cargos y funcionarios del organismo regulador hacían sus propias figuras y animales. En una de ellas, expuesta con una fotografía que acompaña a esta información, se identifica a la “etapa anterior” de Canedo como un “fantasma” que hay encerrar en el ánimo de recuperar el “buen ambiente” en la oficina. La referencia parece evidente porque se le ubica detrás de una red a la que se llama “CNMC”, el nuevo destino de la expresidenta. No fue sencillo el tránsito de una etapa a otra. De hecho, Urresola adoptó como una de sus primeras decisiones el archivo de una segunda causa en torno a los comedores escolares. A ella se la identifica como la “capitana” y responsable de un barco “sin ancla” que patrulla el País Vasco.