Euskadi blinda por ley el derecho a un trabajo “digno” y ofrecerá a los parados planes personalizados para conseguirlo

Euskadi blindará por ley el derecho subjetivo a un “trabajo digno” -al mismo nivel que el acceso a la vivienda o la renta de garantía de ingresos- y también a que todos los ciudadanos accedan a las herramientas necesarias para conseguirlo. Esto se traducirá en que Lanbide, el Servicio Vasco de Empleo sobre el que pivota fundamentalmente la que será la Ley de Empleo, tendrá la obligación de realizar un diagnóstico de situación a los que busque empleo en un plazo de dos meses y un mes después, es decir, en tres, elaborarles un plan personalizado, con formación incluida, con el objetivo de que consigan trabajo. Este plan se renovará en el plazo de dos años si no ha conseguido encontrar empleo y se convierte ya en un parado de larga duración.

La vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo del Gobierno vasco, la socialista Idoia Mendia, ha firmado este miércoles la orden por la que el anteproyecto de la Ley de Empleo inicia su tramitación. Durante el plazo de un mes se someterá a un periodo de alegaciones públicas y tras pasar el resto de los informes preceptivos, espera que empiece su tramitación en el Parlamento Vasco antes de que acabe el año para “regular por primera vez el trabajo digno y de calidad”.

El objetivo es conseguir que Lanbide sea un organismo de intermediación de empleo realmente efectivo, ya que hasta ahora no se ha mostrado un instrumento realmente útil para la consecución de empleo, aunque no hay datos oficiales sobre el nivel de intermediación del Servicio Vasco de Empleo y el éxito conseguido. Para aumentar la efectividad del organismo y que la oferta de empleo case con la demanda, se pretende crear un registro único en el que figuren las ofertas de empleo -aunque de momento no podrá obligarse a las empresas a que comuniquen todas sus vacantes, salvo que se fije en la ley estatal que está en tramitación- y cada trabajador tendrá una historia laboral única, similar al historial clínico en lo que se refiere al ámbito sanitario, que facilitará la realización de los planes personalizados de formación para la búsqueda de empleo.

La Ley de Empleo es pionera en toda España por incluir de forma específica el derecho de todos los ciudadanos a acceder a un empleo “digno”, entendido este como “aquel que brinda la oportunidad de realizar una actividad productiva a cambio de un ingreso justo, que ofrece seguridad en el lugar de trabajo, protección social, perspectivas de desarrollo personal, de participación, igualdad de oportunidades y favorece la integración social”. Una definición que sobre el papel se sostiene bien, pero que los responsables del Departamento de Trabajo y Empleo son conscientes de que precisará de la labor de la inspección para que se lleve a cabo. El derecho subjetivo a contar con las herramientas necesarias para poder formarse para un puesto de trabajo, independientemente de tu capacidad económica, es decir, el acceso universal a las políticas activas, tendrá también de mecanismos de reclamación en el caso de que no se cumpla.

Lanbide y su personal es la pieza básica en esta ley. Se pretende que el organismo vuelva a su forma jurídica original ente público de derecho privado -ahora es un organismo público autónomo- con el objetivo de ser “más rápido y flexible” y de retener el talento dentro de Lanbide. Se pretende especializar al personal y con el cambio jurídico se evitaría que la plantilla se ‘fugue’ a otros departamentos del Gobierno vasco. Esta especialización del personal y cambio organizativo en las 42 oficinas físicas más una virtual de Lanbide, se llevará a cabo con el apoyo de una empresa externa para lo que ya se ha sacado a licitación  el concurso.

Planes trienales de empleo

Mendia y otros representantes del departamento, que han explicado a los medios las líneas generales del borrador de anteproyecto de Ley, han subrayado que Lanbide tiene debilidades y fortalezas y, que puede ser un “lastre” en cierto modo para su funcionamiento el hecho de que se encargue de la gestión de las prestaciones de RGI y de las políticas activas de empleo a la vez, pero que fue un “acierto” tomar esas decisión en su momento porque permite ofrecer “un itinerario completo” a los usuarios de la Renta de Garantía de Ingresos.

El borrador contempla la creación de una red vasca de empleo bajo el liderazgo de Lanbide, en la que se unificarán también las propuestas de Diputaciones y Ayuntamientos y otras entidades, y en la que juega también un papel importante la Mesa de Diálogo Social en la que se sientan los empresarios y los sindicatos, porque “el objetivo es ser útil a las personas y también a las empresas”.

En el plazo de un año desde la aprobación de la ley se prevé elaborar un mapa de la Red Vasca de Empleo para la optimización de la estructura territorial de los servicios. También se propone crear la inspección de la Red Vasca de Empleo para garantizar la calidad de los servicios impartidos. La ley contempla la elaboración cada seis años de una Estrategia vasca de Empleo y planes trienales de empleo, además, de planes territoriales de empleo y de desarrollo local para municipios con más de 20.000 habitantes o que estén entre los 10.000 y los 20.000 si su tasa de paro supera el 10%. Además, en el texto se pretende incorporar por primera vez la financiación ordinaria y también se prevé contar con un fondo de cooperación para el empleo y el desarrollo.