Euskadi confirma la bajada de ratios mínimos a los centros concertados en Infantil y Primaria

Euskadi continúa inmersa en la definición de su futuro modelo educativo. En este sentido, el consejero de Educación, Jokin Bildarratz, ha presentado este martes la aprobación de un decreto sobre ratios para la concertación de aulas en centros privados que confirma un anuncio ya realizado en junio del pasado año. “Tanto en Educación Infantil como en Primaria -se ha informado- se pasa de una ratio mínima de 17 a 13 para conformar grupo”. Agentes educativos y formaciones de la oposición como Elkarrekin Podemos-IU ya han venido denunciando estos meses que este paso supone, en la práctica, dar facilidades a la privada para mantener fondos públicos en un contexto de caída de la natalidad. Además, hay un incremento paulatino de los módulos que se les entregan, la otra cara de la moneda del deseo que desaparezcan las cuotas ilegales que cobran por prestar un servicio teóricamente gratuito y universal.

Según se ha explicado, “los centros públicos no presentan variación en la ratio mínima de alumnos por unidad, pero sí en la ratio máxima para la configuración de grupos, en algunas etapas” como Primaria e Infantil, donde se aplicará un tope de 20 estudiantes por grupo fruto de un acuerdo con los sindicatos. Pero, “en el caso de los centros concertados, se recogen modificaciones en las ratios mínimas en algunas etapas”. Además, según Educación, “en coherencia con el nuevo decreto de admisión aprobado en Consejo de Gobierno el pasado mes de noviembre, la nueva redacción introduce la necesidad de tener en cuenta la reserva de plazas para el alumnado vulnerable a la hora de planificar las plazas escolares”. Así, como ya se ha aplicado en la campaña de prematriculación recién finalizada, todos los centros financiados con fondos públicos -también, pues, los concertados- tendrán que admitir todo tipo de peticiones de acceso para evitar la segregación entre la pública y la privada.

Entretanto, sigue pendiente la aprobación del proyecto de ley de Educación, el pilar central de toda la reforma. Estaba prometida para octubre de 2022, luego para Navidad y ahora para antes de que acabe el primer trimestre de 2023. Bildarratz ha confiado en que llegue en ese plazo pero, por vez primera, ha hablado también de “principios de abril” como posibilidad. Según ha indicado, está pendiente el informe de la conocida como COJUA, la Comisión Jurídica Asesora. “No es una ley fácil. Veremos cuándo nos informa y, a partir de ahí, veremos los elementos sobre los cuales pueda haber alguna duda”, ha indicado el titular de Educación.

Con todo, y aunque el Gobierno de PNV y PSE-EE tenga mayoría absoluta en el Parlamento y además un acuerdo de bases con EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU, Bildarratz ha admitido que es un “escenario cierto” que no sobra tiempo en la legislatura para que la Cámara promulgue la norma antes de que quede disuelta. Por el momento, abril implicará vacaciones de Semana Santa, en mayo habrá parón por las elecciones municipales y forales, julio, agosto y la mitad de septiembre son inhábiles y en otoño se espera otro parón electoral por las generales. Enero vuelve a ser inhábil. Las autonómicas de 2020 fueron en julio y, aunque la prerrogativa de fijar la fecha es del lehendakari, Iñigo Urkullu, no parece probable un calendario similar, en pleno verano. En mayo habrá europeas. Además, el Parlamento cesa casi dos meses antes de los comicios. Bildarratz, con todo, confía en que la tramitación pueda ir “relativamente rápida” ya que “se ha hecho un proceso inverso al habitual”, es decir, buscar apoyos externos antes. “Es una ley que está muy trabajada. No es texto 'ex novo'. Antes de redactar se han escuchado las voluntades de los grupos parlamentarios”, ha señalado.