Euskadi implantará el pasaporte COVID antes de la emergencia sanitaria y sin esperar a otras medidas

Euskadi pondrá en marcha el uso del pasaporte COVID para determinadas actividades de ocio en cuanto llegue la sentencia del Tribunal Supremo, cuyo fallo ha sido favorable, y se analicen los posibles matices jurídicos al plan inicial del Gobierno vasco, que quiere mantenerlo activado siempre que la incidencia acumulada supere los 150 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días (ahora son 500). Según explican fuentes oficiales, será una orden de la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, la que regule su utilización en detalle y ya se han mantenido reuniones con el sector de la hostelería para analizar los sistemas de control. En Navarra se realiza con una aplicación de Suiza que convierte al móvil en lector seguro de los QR que presentan los clientes.

La medida concreta consistirá -según explicó en su día el Ejecutivo vasco- en la exhibición en papel o en soporte digital del certificado QR para poder acceder a “establecimientos destinados a ofrecer al público actividades de esparcimiento y baile”, que son las discotecas, salones de baile, salas de fiestas, bares musicales, karaokes y, en general, todos los establecimientos de tipo III y IV, lo que según la normativa vigente en Euskadi obligaría también a los “establecimientos de esparcimiento erótico”. Los pubs y bares que tengan actividades ordinarias y luego ofrezcan ocio nocturno tendrían que reclamar el pasaporte a partir de las 22.00 horas. Asimismo, se extendería la medida a restaurantes con comedores de más de 50 plazas. El plan estaría en vigor mientras Euskadi tenga una tasa de incidencia acumulada de más de 150 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, un indicador que este lunes se situaba en 471. El pasaporte se puede obtener bien tras haber recibido la pauta completa de vacunación o bien con una prueba diagnóstica negativa. La sola posibilidad de que se implantara multiplicó por once las solicitudes de este documento.

Estas fuentes indican que confían en que la sentencia llegue este jueves y el desarrollo normativo necesario sea “inmediato”, con vistas a que pueda ser utilizado ya el fin de semana, que incluye un largo puente con mucha actividad y movilidad. Esto no supone que la reactivación ya anunciada de la emergencia sanitaria -la tercera en lo que va de pandemia- siga estos mismos plazos y que se establezcan a la vez nuevas restricciones adicionales, como han dado a entender algunas informaciones de las últimas horas.

Y es que ese proceso requiere toda una serie de pasos que no se han puesto en marcha y que, según estas fuentes, solamente se iniciarán después de tener lista la implantación del pasaporte COVID. El precedente hay que buscarlo en la activación de la segunda emergencia sanitaria. Fue el 15 de agosto de 2020 con un decreto del lehendakari que asumió el mando único. Era sábado y se publicó en el Boletín Oficial del País Vasco 48 horas después, el lunes, aunque hay mecanismos para acelerar esos plazos e incluso para hacer una publicación extraordinaria y exclusiva para ello, aunque no para saltárselos.

Varias fuentes están reflejando que hay convocado un Labi para el viernes por la tarde para activar la emergencia sanitaria pero esa fórmula no es viable, ya que es precisamente la declaración la que constituye un órgano presidido por el mando único, Urkullu, y compuesto por varios consejeros (de los dos partidos que conforman el Ejecutivo de coalición, PNV y PSE-EE), por los diputados generales, los alcaldes de las capitales y el delegado del Gobierno de España. En las fases anteriores ha estado apoyado por una mesa técnica coordinada por el asesor de Urkullu Jonan Fernández. Además, la propia declaración requiere de un informe de la consejera de Salud al consejero competente en materia de emergencias, el de Seguridad, Josu Erkoreka, quien a su vez propone a Urkullu la activación de la alerta.

El Gobierno vasco, oficialmente, estima que ese primera Labi de la nueva fase podría ser “a partir del viernes” pero puede que se tenga que retrasar hasta que no se completen todos los pasos burocráticos anteriores. En una comparecencia ante los medios de comunicación recogida por Efe, Urkullu, visiblemente molesto, ha manifestado que “quien haya filtrado alguna comunicación que haya enviado a los miembros del Labi, sabrá lo que tiene que decir o no”. “En todo caso, yo, como lehendakari, que soy quien convoco la reunión del Labi, he advertido de que pudiera ser el viernes, pero no es definitivo que vaya a ser el viernes”.

Donde verdaderamente el gabinete de Urkullu quiere imprimir celeridad es en la puesta en marcha del pasaporte COVID y no en el resto de medidas. De hecho, su aprobación en puertas de un puente podría generar problemas logísticos y quejas de un sector ya muy crítico con la gestión del Ejecutivo de las sucesivas olas. Si se tocan los aforos en la hostelería o el número de comensales por mesa, ¿cómo se gestionan las reservas ya realizadas con antelación?

En cuanto a las medidas posibles, no hay concreciones de los planes que se manejan, pero desde junio el Gobierno vasco dispone de una ley antipandemia que regula los diferentes escenarios posibles dentro de la emergencia sanitaria. Fue un texto pactado entre PNV y PSE-EE, socios en el Ejecutivo de coalición, y Elkarrekin Podemos-IU. Como principio básico, la norma recoge que “en tanto se mantenga la situación de emergencia sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19, todos los ciudadanos y ciudadanas deberán desarrollar sus actividades, de cualquier índole, conforme al principio de precaución, con objeto de prevenir la generación de riesgos innecesarios para sí mismos o para otros y de evitar la propagación del virus causante de la pandemia”. Por ello, “conforme a la normativa general de salud pública, todos los ciudadanos y ciudadanas tienen la obligación de facilitar el desarrollo de las actuaciones de salud pública y de abstenerse de realizar conductas que dificulten, impidan o falseen su ejecución”.

Como las medidas de la ley se regulan en función de la incidencia acumulada, Euskadi entraría directamente en el “estadio 3”, el más severo de todos, preparado para tasas por encima de 500. Pero ni la “restricción de la movilidad nocturna” ni otros “confinamientos individuales o colectivos” parecen posibles sin estado de alarma, por lo que quedaría tocar “horarios de cierre”. “Se adelantarán los horarios de cierre de todo tipo de actividades económicas y sociales, pudiéndose suspender aquellas que más incidan sobre el contacto social”, marca la ley. Además, con tasas inferiores a 500 ya se alude a la posibilidad de “cierre de todo tipo de actividades económicas no esenciales, valorándose en caso de mantenerse su apertura al público el uso máximo de un 35% de su aforo”, “suspensión de todo tipo de actividades sociales y culturales en formato presencial”, “valoración del pase de la actividad educativa presencial a un formato online” y a la “valoración de la suspensión de toda actividad deportiva que no sea profesional o semiprofesional, quedando posibilitada únicamente, y con las restricciones que procedan, la actividad física al aire libre, individual o de dos convivientes”. Hilando más fino, hay medidas como el consumo en barras en los bares o el número de comensales por mesa que también se han ido utilizando en otras fases. Sin embargo, Euskadi nunca ha sido estricto con los umbrales de esta ley y los ha adaptado alegando que hay que mirar más indicadores que el de la incidencia propiamente dicha, tales como la presión asistencial, la tendencia o la propia cobertura vacunal.