PNV y PSE-EE presentan una ley antipandemia para Euskadi que llegará en junio y cuyas medidas principales dependen del estado de alarma

Conjuntamente ante el registro pero por separado ante los medios de comunicación, los socios de Gobierno en Euskadi, PNV y PSE-EE, han presentado este viernes en el Parlamento Vasco una nueva “ley antipandemia” para “dotar de mayor seguridad jurídica” a las medidas extraordinarias que se han venido adoptando en los últimos meses para ir haciendo frente a las diferentes oleadas de la COVID-19, algunas de las cuales han sido tumbadas por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). El texto, exclusivo para la situación generada por el coronavirus y no para otras posibles amenazas y que de hecho decaerá cuando el lehendakari ponga fin a la emergencia sanitaria (iniciada el 15 de agosto en una segunda fase), llega trece meses después de que se registraran los primeros positivos. PNV y PSE-EE, que tienen mayoría absoluta para sacarla adelante aunque tienden la mano a la oposición, confían en tenerla aprobada para “finales de junio”, para lo cual han optado por una forma de tramitación “urgente” que recorta “un 50%” los tiempos ordinarios del poder legislativo.

Nacionalistas y socialistas, que recogen el guante que lanzó el Gobierno de Iñigo Urkullu después del último varapalo judicial al cierre de la hostelería por parte del magistrado Luis Garrido, entienden que el marco jurídico que se establece podrá estar operativo con estado de alarma y fuera de él, ya que en principio este segundo régimen excepcional en España se agotará en mayo, antes de la entrada en vigor. No obstante, la jurisprudencia ya ha establecido que aquellas medidas que implican reducción o anulación de derechos constitucionales solamente pueden ser adoptadas por ley orgánica de las Cortes Generales y no por legislaciones autonómicas. Por ello, lo relativo al tope de personas en reuniones, al toque de queda o a los confinamientos perimetrales incluye siempre la coletilla de que las previsiones quedan supeditas a “los límites dispuestos por el régimen jurídico de la declaración del estado de alarma”. Es “un poco más débil” sin estado de alarma, asumen los proponentes.

El texto autonómico desarrolla el marco general de la normativa española de salud pública de 1986. PNV y PSE-EE han defendido que no responde exclusivamente a la dificultad de cerrar bares tras la resolución del juez Garrido y el socialista Ekain Rico ha apuntado a Aragón como una autonomía que ya ha desarrollado un modelo similar. Desarrolla varios escenarios de alerta en función de las tasas de incidencia por cada 100.000 habitantes en 14 días y bebe para ello del plan 'Bizi Berri III', la 'hoja de ruta' presentada por el Gobierno de Urkullu en febrero. El portavoz del PNV en la comisión de Salud, Luis Javier Tellería, ha enfatizado que una norma con rango de ley es “un argumento mucho más potente que un plan o un decreto”.

Se da la circunstancia de que este viernes se esperan nuevas restricciones en Euskadi y que esas medidas se adoptarán con un cambio de los niveles de alerta hasta ahora habituales y que son también los de 'Bizi Berri III' y los que asume la nueva ley. El lehendakari ha planteado un sistema para que los municipios con tasa de más de 400 tengan cierres perimetrales y horarios reducidos de hostelería en interiores. “Sé que puede ser fácil buscar la contradicción, pero estamos haciendo frente a escenarios que van cambiando”; ha enfatizado el socialista Rico. El texto incorpora también un régimen sancionador con multas que pueden alcanzar los 600.000 euros en los casos más extremos y que bebe en algunos puntos de la Ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como 'ley mordaza'.