Euskadi propone que el 8 de marzo sea día festivo, al menos en 2024
Euskadi no tiene un día festivo propio como el resto de comunidades. Hubo en intento, en la etapa de Patxi López, en el que se instauró el 25 de octubre, aniversario del Estatuto y de otros hitos históricos vinculados con la foralidad. Pero la llegada de Iñigo Urkullu a Ajuria Enea supuso su retirada. La última propuesta es que pueda ser el 8 de marzo, día internacional de las mujeres.
En estos años, se ha aprovechado esa vacío para conmemoraciones pegadas a la actualidad, como cuando fue festivo el 7 de octubre por un aniversario del primer Gobierno de Euzkadi, de José Antonio de Aguirre, o este mismo 2022, en que se eligió el 6 de septiembre por el 500 aniversario de la circunnavegación de Juan Sebastián Elcano. Ahora, la vicelehendakari socialista Idoia Mendia, que en 2012 vio una “pena” que no fuera Día de Euskadi el 25 de octubre porque “unía” a “todos los vascos”, plantea como alternativa el 8 de marzo como expresión de un compromiso con las mujeres y la igualdad. Por el momento, es una idea para 2024.
En una jornada celebrada en Vitoria y organizada por la Cadena Ser, la titular de Trabajo y Empleo -y, por lo tanto, responsable del calendario laboral- ha indicado que “propondrá a los agentes sociales e institucionales que el 8 de marzo de 2024 sea una de las fiestas laborables, de forma que el Día de la Mujer sea el día que se atraviesen todas las causas de la igualdad para todos los sectores y todas las personas”. La decisión final se conocerá antes de julio, los tiempos habituales para estos casos.
Añade el Ejecutivo que “la propuesta se incluirá en el procedimiento habitual de consultas mediante el cual la Dirección de Trabajo del Gobierno vasco establece el calendario laboral anual que, a las diez fechas señaladas por el Gobierno de España, añade dos de carácter autonómico para que las dos restantes sean completadas por las Diputaciones y los ayuntamientos, según sus festividades locales”. Entre los órganos que son consultados se halla la Iglesia católica.
“La aprobación definitiva corresponde al Consejo de Gobierno y se realiza en el primer semestre”, ha abundado Mendia. Entiende el Ejecutivo que “se trata de un paso más en los esfuerzos de sensibilización para acotar todas las formas de desigualdad, y muy especialmente la brecha salarial”, que “es todavía del 17,9%”.
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