Euskadi reconoce como víctimas a Lasa y Zabala y pide al Estado que asuma su responsabilidad en la “guerra sucia”
Desde que en 2012 se iniciara el reconocimiento institucional de las víctimas de violencia policial en Euskadi con un decreto que en 2016 se convirtió en ley, este 31 de octubre de 2023 se ha dado el paso que, quizás, ha sido más relevante. Entre las 66 nuevas víctimas reconocidas este martes -antes lo fueron otras 268 y son ya 334 en total- se encuentran ya casos de relevancia del terrorismo de Estado, particularmente el que fuera crimen fundacional de los GAL, el caso de Joxean Lasa y Joxi Zabala. Es el primer reconocimiento institucional por estos asesinatos de 1983 y, como en otras casos como el de María José Bravo del Valle o Iñaki Etxabe, víctimas de la organización parapolicial de extrema derecha Batallón Vasco Español (BVE) nunca reconocidas, la normativa autonómica viene a tapar los agujeros de la ley estatal de víctimas del terrorismo. Por ello, el Gobierno vasco ha pedido al Estado un reconocimiento autocrítico de la denominada “guerra sucia”.
“El terrorismo de la extrema derecha y de los grupos parapoliciales, la guerra sucia y la tortura deben tener también su capítulo en el libro de la memoria de este país”, ha solemnizado ante un auditorio lleno del Kursaal de Donostia la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Nerea Melgosa. El acto se ha pospuesto a la víspera del día de los difuntos porque estaba programado para julio pero tuvo que ser suspendido por las elecciones generales. Se da la circunstancia de que, en septiembre, en la misma sala, se estrenó la película sobre el dirigente de ETA Josu Urrutikoetxea, conocido como Ternera.
No ha participado en el homenaje a las 66 nuevas víctimas el lehendakari, Iñigo Urkullu, en una jornada en la que también ha sido noticia por no acudir a las Cortes Generales a la jura por su mayoría de edad de la que será la próxima jefa del Estado, Leonor de Borbón. Se ha explicado que ya lo hará cuando complete su trabajo la comisión que analiza las solicitudes de posibles nuevos casos, que esta misma semana ha indicado en el Parlamento Vasco que puede que no complete la revisión de todos los expedientes hasta 2030. La presencia institucional la ha completado la presidenta de la Cámara, Bakartxo Tejeria, o la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, y su 'número dos', José Ignacio Asensio. También ha participado el delegado del Gobierno de España, Denis Itxaso, y representantes de PNV, PSE-EE, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU, pero no del PP o de Vox. Entre el público, había otras víctimas como Maixabel Lasa y su hija, María Jauregi; también, en una discreta sexta fila, se ha sentado Francisco Etxeberria, el forense que identificó los cuerpos de Lasa y Zabala doce años después del crimen.
El representante del Estado ha escuchado de Melgosa lo que sigue: “No se ha hecho la debida justicia con las vulneraciones de derechos humanos y las víctimas de la violencia de motivación política. Y sí, por el contrario, en una gran mayoría de los casos se ha extendido un manto de silencio e impunidad. Autocrítica sincera, reconocimiento del daño causado, asunción de su responsabilidad y voluntad reparadora. Es lo que con la misma firmeza exigimos hoy al Estado y a todos los actores responsables de la guerra sucia, la tortura y toda expresión de terrorismo. No hay idea política, ni pretendido bien superior, ni supuesta razón de Estado que justifique la violación de derechos fundamentales [...]. Que se sepa la verdad, que se haga justicia, que se ponga fin a la impunidad, que se reconozca oficial y socialmente la vulneración de derechos de la que fuisteis objeto”. La titular de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales ha dibujado también una Euskadi del futuro en la que se supere “el hecho de etiquetar y considerar a sus víctimas en función del agente perpetrador”. Y ha admitido: “Tardamos en escuchar, tardamos en actuar”.
“La Justicia no se hace sólo en palacios de Justicia”
Han sido 66 las nuevas víctimas reconocidas, 11 mujeres y 55 varones. Cinco eran menores. Entre ellas ,nueve fueron asesinadas. El resto fueron heridos y torturados. El grueso de los casos se dieron en la dictadura o durante la Transición, aunque hay casos más recientes también. Se señalan los excesos de la Guardia Civil, de la Policía Nacional o de otros cuerpos estatales previos pero, por vez primera, hay un caso de la Ertzaintza igualmente. Los familiares de los fallecidos tienen derecho, sin excepción, a una indemnización económica de 135.000 euros. Es inferior a los 250.000 contemplados para las víctimas del terrorismo o incluso a la cantidad prevista en la normativa navarra equivalente, que es la misma. Pero en el sentir general era que las víctimas son 67 y no 66. En el caso de Lasa y Zabala ya se ha explicado que la familia del primero presentó tarde la solicitud y que no se ha resuelto aún el expediente, aunque se hará con la misma consideración que ya han recibido oficialmente los Zabala. Es más, la propia hermana de Lasa, Axun, está también entre las víctimas por haber sufrido torturas.
Lasa y la hermana de Zabala, Pili, que llegó a ser candidata a lehendakari a propuesta de Podemos, se han sentado en primera fila junto a las autoridades. Además, dos heridos y la hija de un fallecido han compartido un coloquio sobre su experiencia. Quienes han hablado han sido el gallego Lisardo Calo, quien en 1979, con apenas 17 años, resultó herido por disparos de la Guardia Civil cuando volvía a casa, Luis María Ralla Arruti, quien en la dictadura, en 1972, fue víctima de torturas a sus 20 años, y Olatz Etxabe, cuyo padre, Iñaki, fue tiroteado en 1975 a los 39 años. Se estima que el caso de Etxabe, otro que ha pasado fuera del radar de la ley de víctimas del terrorismo, fue el crimen inicial del BVE, que lo reivindicó un año después. Era hermano de dos miembros de ETA y regentaba un bar en el alto de Kanpazar que fue objeto de varios atentados extremistas. Calo, emocionado, ha explicado que el homenaje le ha llegado al “alma” y ha recibido el aplauso de los presentes.
“La Justicia no se hace solamente en los palacios de Justicia”, ha solemnizado en su breve intervención Juana Balmaseda, que es la presidenta de la comisión de valoración. Y ha vuelto a hacer un llamamiento para que la verdad de estas víctimas trascienda a la sociedad. Ha recibido los aplausos de los presentes. Sin embargo, nunca se han dado los nombres de todos los asesinados y heridos con la excepción de Lasa y Zabala por su notoriedad.
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