Euskadi recula y recurrirá ahora ante el Supremo el veto judicial al pasaporte COVID

El Gobierno de Iñigo Urkullu ha vuelto a dar un volantazo de 180 grados y ha decidido que finalmente sí recurrirá al Tribunal Supremo la resolución inicial del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que impidió la implantación del pasaporte COVID en el ocio y en la restauración. De hecho, el recurso de casación ya está presentado. Después de 48 horas criticando el auto judicial pero renunciando a “judicializar” la gestión de la pandemia, lo que incluyó un comunicado y una declaración pública en rueda de prensa de la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, fuentes oficiales de la Administración vasca confirman que los servicios jurídicos han presentado finalmente un recurso al alto tribunal, como demandaba el ala socialista de la coalición que lidera el PNV de Urkullu.

La base para esta apelación es la sentencia del Supremo sobre Galicia. Ese falló autorizó la aplicación del certificado de vacunación o de prueba negativa siempre que se dieran una serie de límites. Sin embargo, el Superior vasco entendió que la propuesta del Ejecutivo de Urkullu vulneraba derechos fundamentales y que el fin perseguido, la prevención de la salud por el repunte de la COVID-19, no lo justificaba suficientemente. Eso sí, se indica también desde la parte vasca como antecedentes que “en los casos de Catalunya y Murcia [...] sus respectivos tribunales avalaron la exigencia del pasaporte COVID”. Otras comunidades como Navarra también han pedido la entrada en vigor de esta medida.

En paralelo, la consejera de Salud vasca, Gotzone Sagardui, ha reclamado al Gobierno central en el marco del consejo interterritorial que sienta al Ministerio de Sanidad y a las comunidades autónomas que adopte un marco común para la aplicación de este pasaporte de manera uniforme para que no quede al albur de los diferentes tribunales. Fuentes vascas indican que otras autonomías han secundado esta posición. Precisamente la no existencia de un acuerdo común en este foro ha sido la justificación esgrimida por el Ejecutivo para vestir el cambio de opinión. “Ante la no adopción ayer de nuevas medidas por parte del consejo interterritorial de Salud, el Gobierno vasco va a agotar las posibilidades para establecer el certificado COVID, ya que lo considera una medida que contribuye a la contención de la transmisión del virus. Los servicios jurídicos del Gobierno vasco alegan que es necesaria una medida de este tipo para contribuir a atajar una nueva ola de transmisión comunitaria del virus y para incentivar, aún más si cabe, la vacunación de toda la ciudadanía. Asimismo, consideran que la afección necesaria a algunos derechos fundamentales, en este caso libertades individuales, se contrapone con el derecho fundamental a la vida y la salud pública, que debe prevalecer por encima de todo”, explican en un comunicado desde el área de Gobernanza Pública y Autogobierno, de la que dependen los servicios jurídicos centrales del Gobierno vasco.

Y se añade: “Frente a la consideración del auto del TSJPV de que el pasaporte COVID afectaría, además de a los derechos a la igualdad y a la intimidad, al derecho de reunión, a la libertad de desplazamientos y a las libertades de expresión y creación artística, los servicios jurídicos del Gobierno vasco sostienen que dichos derechos no precisan para su desarrollo que su ejercicio se realice en los locales donde se impondría la exigencia del certificado COVID. En este sentido, añade que la medida se refiere a locales donde la entrada es voluntaria y donde no se realizan actividades esenciales, a los que se tenga la obligación de acudir. La medida tiende a reducir los contagios, impidiendo comportamientos de riesgo, bien jurídico que debe ser objeto de protección muy superior al impedimento que conlleva la exigencia de presentar el documento para acceder al establecimiento”.

¿Cuál era el plan?

La medida concreta propuesta en Euskadi iba a consistir en la exhibición en papel o en soporte digital del certificado QR para poder acceder a “establecimientos destinados a ofrecer al público actividades de esparcimiento y baile”, que son las discotecas, salones de baile, salas de fiestas, bares musicales, karaokes y, en general, todos los establecimientos de tipo III y IV, lo que según la normativa vigente en Euskadi obligaría también a los “establecimientos de esparcimiento erótico”. Los pubs y bares que tengan actividades ordinarias y luego ofrezcan ocio nocturno habrían tenido que reclamar el pasaporte a partir de las 22.00 horas. Asimismo, se habría extendido la medida a restaurantes con comedores de más de 50 plazas. Se trataba de una cuestión de aforo y no de usuarios, esto es, una persona no habría necesitado certificado en un local con 49 sillas y lleno pero sí en uno de 51 que estuviera vacío. Los no vacunables, los menores de 12 años, habrían estado exentos salvo que por su edad no tuvieran limitado el acceso de por sí. La Fiscalía, aunque dio luz verde a esta medida por verla proporcionada al fin perseguido de preservar la salud pública, avisó de que podía ser discriminatoria para los trabajadores, ya que para ellos el ir a estos locales no es una opción sino una obligación laboral que no puede ser restringida.

Se da la circunstancia de que la propia implantación del denominado pasaporte COVID ya supuso otro viraje de 180 grados en la línea defendida por el gabinete de Urkullu, quien hasta 24 horas antes de presentarla cuestionó su eficacia. Se aludía a que estaba concebido para viajar entre países y que su control iba a resultar complejo para pequeños operadores como los hosteleros. Sin embargo, en poco tiempo pasó a ser la medida estrella para frenar una clara subida de los contagios en la que ya es la sexta ola de la pandemia en Euskadi tras las tres de 2020 (marzo, agosto y noviembre) y las tres anteriores de 2021 (después de Navidad, después de Semana Santa y en verano). La escalada, además, no se detiene. En las últimas 24 horas, según datos del Ministerio de Sanidad, han aparecido 797 nuevos casos positivos y la tasa de incidencia sube a 332,94, con 225 ingresados, 35 de ellos críticos en la UCI. El plan es mantener el pasaporte COVID en el ocio hasta que se baje de 150.