Euskadi, con la temporalidad más alta de Europa y sin grandes cambios tras el acuerdo sobre interinos en España

Marta Macho es anestesista de Osakidetza. Es una de las denunciantes de las irregularidades en las oposiciones de 2018, en las que criticaba que era absurdo estudiar porque las plazas estaban decididas. Desde que acabó el MIR, ha ido “encadenando contratos temporales”. Se pasó a la privada para ganar en estabilidad y conciliación, pero regresó a la pública y eso le supuso volver a la rueda de la interinidad y con el muro de una OPE que considera “fraudulenta”. La situación de los interinos en la Administración ha saltado al primer plano en los últimos días con las medidas pactadas primero entre el Gobierno de Pedro Sánchez y CCOO, UGT y CSIF y después por el refrendo del Congreso, que lo hizo por un solo voto y gracias a un acuerdo de última hora del Ejecutivo con ERC para hacer fijos a todos aquellos temporales que lleven diez años en el mismo puesto público siempre que no se haya sacado a concurso.

Este problema afecta especialmente a Euskadi y son muchos los que analizan las consecuencias de las últimas decisiones. La tasa de interinidad aquí es del 40%, a la cabeza de España y de Europa. Igor Eizagirre, del sindicato ELA, ofrece la concreción: “Son 60.000 personas”. Ahí están incluidos 28.000 sanitarios o 15.000 docentes, por ejemplo. En Lakua, la sede central del Gobierno vasco, apenas un 38% de la plantilla tiene la condición de funcionario de carrera. Tan es así, que en 2019 surgió una plataforma exclusiva de interinos que ganó las elecciones sindicales.

A su frente está José Luis Ronco, que lleva “31 años” trabajando en la Administración sin plaza fija, los últimos ocho en el puesto que ocupa actualmente. Por lo tanto, no cumpliría el requisito de los diez años para convertirse en funcionario. “Después de 31 años, tres procesos selectivos superados y ocho años en la misma plaza, no podría acceder. No sabría cuantificar el impacto de la medida en Euskadi, pero me temo que no entramos nadie”, asegura. Eizagirre también cree que tendrá un efecto “residual” y que lo que aparentan ser medidas para reducir la temporalidad y consolidar empleos “en realidad abren la puerta a que miles de interinos se puedan ir a la calle”.

“No comprendo por qué el límite para adquirir la plaza es de 10 años si ya a partir de los tres se considera en fraude de ley. Prima parecer que se hace algo sin alterar el ‘statu quo’”, opina Macho. Interinok Taldea, la plataforma de Ronco que ya es sindicato y que se ha aliado con otros grupos similares del resto de España, insiste mucho en ello, en que Europa ya le ha dejado claro a España que “se produce el abuso a los tres años” del inicio de la temporalidad. “Esto que han planteado no tiene nada de negativo para la Administración incumplidora y no es favorable para los trabajadores afectados. Diría que es hasta una falta de respeto”, abunda Ronco.

Incluso el umbral de tres años puede ser utópico para muchos temporales. En Educación no es infrecuente que el contrato se formalice en septiembre y se rescinda con el final del curso académico para volver a empezar al año siguiente. En Sanidad es habitual que alguien cubra una baja, luego otra y luego la siguiente, firmando contratos encadenados. En las Administraciones locales y forales vascas hay otras 10.000 personas sin plaza y ELA calcula que en los organismos estatales el porcentaje puede rondar el 30%.

El representante de este sindicato sostiene que la temporalidad esconde dos problemas estructurales. Uno, la precariedad laboral. Y, dos, una pulsión de privatizar servicios. “Si consolidas el empleo público sacando las plazas, cierras la puerta a la externalización de servicios”, apunta Eizagirre poniendo como ejemplo que en Bizkaia solamente quedan una decena de residencias de ancianos públicas y que allí apenas el 25% no es interino. Entiende Ronco que parte de la opinión pública y futuros opositores pueden interpretar que la petición de consolidación de los temporales actuales pueda ser vista como una pérdida de oportunidades. Él lo niega: “No tendremos plaza pero hemos pasado procesos selectivos. Y no pedimos ser funcionarios de carrera, pero sí permanecer en la Administración hasta que nos jubilemos”. ELA añade que la media de edad del personal público es de 50 años por lo que, si no se consolidan ahora muchas de las plazas ocupadas por interinos, quizá luego haya tentación de amortizarlas.

El área de Gobernanza Pública y Autogobierno, competente en materia de función pública y dirigida por la consejera Olatz Garamendi, explica que no conocen el detalle del texto convalidado por el Congreso, por lo que eluden hacer valoraciones. En todo caso, hace unas semanas Garamendi ya se mostró crítica con algunas propuestas de Miquel Iceta, que ahora ha abandonado esta responsabilidad al ser designado como ministro de Cultura y Deportes. La nueva ministra del ramo es la también titular de Hacienda, María Jesús Montero. Entre las quejas, la “invasión competencial”. Entendía el Ejecutivo autonómico que no se respetaba la capacidad de autoorganización de Lakua.

No es el primer conflicto. Aunque en la Ertzaintza no existe la figura de los policías temporales, sí se utiliza en los cuerpos locales. Y en la Ley de Policía de la pasada legislatura se estableció que si había una tasa de interinidad por encima del 40% podría activarse un turno especial en las convocatorias -con un cupo de hasta el 60% de las plazas- para agentes con un mínimo de ocho años de antigüedad. El Gobierno de Sánchez lo recurrió y el Constitucional anuló esta previsión. Se da la circunstancia de que otra ley, la de Cuerpos y Escalas, se tramitaba en el Parlamento con el mismo sistema pero extendido a toda la Administración. En junio, con una enmienda, PNV y PSE-EE han planteado ya su “supresión” tras el fallo del alto tribunal.

Pero hay una tercera ley, la de Empleo Público, igualmente en tramitación. En ella se plantea en la disposición transitoria número 19 un sistema para facilitar la consolidación de plazas cubiertas por interinos y que sean estructurales. Lo que se propone es que, sin limitar la concurrencia libre de cualquier aspirante, “el correspondiente baremo de méritos contemplará la valoración de manera específica, diferenciada y complementaria a la valoración de la experiencia general, de los servicios prestados en la Administración convocante, por el desempeño de puestos convocados en el respectivo proceso selectivo”. Ese podrá suponer hasta un 20% de los puntos totales de la oposición.