Churiaque arremete contra el informe Epsilon por “eliminar” irregularidades
El presidente del Tribunal Vasco de Cuentas Pública, José Ignacio Martínez Churiaque, ha arremetido contra el informe aprobado por el órgano fiscalizador sobre las ayudas públicas a la empresa Epsilon al entender que del mismo se han “eliminado” irregularidades que han sido suficientemente documentadas por el equipo de auditores, mientras que han sido incorporadas otro tipo de valoraciones “no soportadas documentalmente”. El informe fue aprobado con los votos de los consejeros propuestos por el PNV y el PSE, y votaron en contra el propio presidente y el otro consejero nombrado a propuesta de los populares.
En su exposición ante la comisión de investigación del Parlamento vasco que indaga sobre las posibles responsabilidades políticas en el manejo de los ayudas y subvenciones públicas a la empresa Epsilon, José Ignacio Martínez Churiaque ha llegado a decir que el documento aprobado por el órgano que él preside no pasará “a ser reconocido como ejemplo de las buenas prácticas de auditoría”. Ha denunciado que se han eliminado “todas las conclusiones menos dos”, cerca de una docena de folios, según ha cifrado en la comisión.
Preguntado por las eliminaciones del “preborrador” redactado por el equipo de auditores y que fue elevado al pleno para su aprobación, ha señalado que la mayor parte de las conclusiones eliminadas están recogidas en su voto particular. Pero ha revelado que la elaboración del informe final ha estado rodeada de “turbulencias” que han podido afectar a la imagen de “imparcialidad” que el órgano fiscalizador debe tener. Según él, el tribunal no ha podido trabajar “en el mejor de los climas” para hacer un análisis “profesional”.
Entre las malas prácticas realizadas en este caso ha señalado que el Gobierno vasco “comprometió” patrimonio público para beneficiar a un proyecto privado al conceder un aval a Epsilon y firmar que compraría el pabellón que la compañía tenía en el Parque Tecnológico de Miñano si la empresa Epsilon no pagaba el crédito de 16 millones de euros que le concedieron las cajas Vital y Kutxa. Algo que finalmente sucedió.
Otro ejemplo, según Churiaque, fue el de ceder a Epsilon por parte de Sprilur -tras haber comprado los terrenos y pabellones- el uso del Centro de Alto Rendimiento a Epsilon -con un coste de 2,6 millones de euros- por un alquiler mensual de 451 euros. “Esto es una cesión de un bien público a una empresa privada por debajo del precio de mercado”. Churiaque considera que eso es una subvención y en toda regla de la que “se debería haber informado a la Comunidad Europea”.
PNV y PSE, de la mano
Los socialistas y peneuvistas han mantenido un discurso coincidente y ambos le han sugerido al presidente del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas que si no asumen el informe de fiscalización sobre Epsilon debería abandonar el cargo. El parlamentario del PSE en la comisión Vicente Reyes le ha acusado de introducir “confusión” con su exposición y se ha “dedicado a torpedear el informe”. “En este caso lo más honrado sería dimitir”, ha apuntado Reyes.
Por su parte, el portavoz del PNV en la comisión Luis Javier Tellería, ha censurado que en la comparecencia Churiaque ha hablado no como presidente del tribunal, sino como la persona que ha redactado el voto particular. “Ha llegado a decir que informe no podrá estar en los manuales de las auditorías”, ha apuntado, lo que le ha permitido añadir que “lo lógica sería que abandone el barco”.
Churiaque ha señalado que le “parece escandaloso la insinuación de que debo dimitir” y ha negado tal posibilidad. En la réplica, Reyes le ha vuelto a acusar de criticar el informe cuando “lo debe asumir por ley”. “Le pido respeto a la institución que preside”. Ante las acusaciones de socialistas y populares, Churiaque se ha defendido señalando que sí ha explicado lo básico del informe y sus conclusiones, pero que “he respondido a lo que me han preguntado”.
El proyecto Epsilon, del empresario catalán Joan Villadelprat, fue impulsado por el Gobierno que lideraba entonces Juan José Ibarretxe y el PNV de Álava, pretendía crear una escudería vasca de Fórmula 1 y recibió subvenciones y avales tanto por el Gobierno central (el 77% de las ayudas) como por el Ejecutivo vasco (el 23% restante), según el informe del tribunal. En el caso de Euskadi ha supuesto una dilapidación de dinero público cercano a los 20 millones de euros.
