El Gobierno tarda dos años en cumplir la sentencia que le obliga a adecuar 21 apeaderos inaccesibles
En Vitoria hay 21 apeaderos del tranvía que incumplen con la Ley de Accesibilidad. Así lo confirma una sentencia del Tribunal Supremo que les obliga a adecuar las marquesinas. El fallo se publicó en el 2013. El Gobierno vasco ha tardado dos años en dar los primeros pasos para cumplir esa sentencia. Finalmente ha licitado las obras de readecuación de las paradas, tal y como adelantó El Correo, aunque aún se desconoce cuándo se iniciarán.
Las personas con movilidad reducida que usan sillas de ruedas ya se percataron de esta deficiencia hace una década, antes de que se iniciaran las obras del metro ligero en la capital alavesa. Los planos ya desvelaban que esas marquesinas previstas para las paradas del tranvía eran demasiado estrechas para permitir su paso. Su diseño incumplía la Ley de Accesibilidad y así lo denunciaron entonces a través de Eginaren Eginez, la asociación con personas con discapacidad de Álava. Pese a su reclamación no consiguieron la reacción esperada por parte de Euskotren ni de otras instituciones vinculadas a la construcción de la infraestructura, como el Ayuntamiento de Vitoria o la Diputación alavesa. Las obras de construcción siguieron adelante y fue entonces cuando recurrieron a los tribunales, que finalmente les dieron la razón.
Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia fallada en el 2013 obligaba al Gobierno vasco y a Euskotren a realizar las modificaciones necesarias para la adaptación de los apeaderos a las condiciones recogidas en la normativa. Pero desde entonces, ya hace dos años, Euskotren ha ido agotado las posibilidades para retrasar el cumplimiento de la sentencia. Prueba de ello fue la aclaración de la sentencia que solicitó el Gobierno. “Han estado dando largas, estirando los tiempos. En vez de emplear el tiempo prudencial para acometer el estudio y diseño de la reforma y ponerlo en marcha cuando antes, para evitar a los usuarios los inconvenientes que genera la estrechez de las marquesinas, han dilatado el proceso”, lamenta Igor Nabarro, de Eginaren Eginez. La asociación se vio obligada a presentar poco después una reclamación del cumplimiento efectivo de la sentencia ante los tribunales, que ahora ve sus frutos.
Este tardío desenlace no es lo único que desagrada a la asociación. Consideran que nunca han de ser los tribunales los que resuelvan estas diferencias. “Todo esto es un fracaso de la gestión pública. Se ha perdido tiempo y dinero que sale de los bolsillos de toda la ciudadanía. No solo son los sobrecostes de la reforma, sino el gasto que ha supuesto todo este proceso judicial. Queremos que sea la última vez que se repita esto. Se debe cumplir escrupulosamente con la Ley de Accesibilidad, con el mismo celo que se acatan otras normativas como la de Seguridad. No sé porqué se relejan en este ámbito. Es un derecho de las personas con problemas de movilidad. Que no se cumpla esa normativa nos deja en desventaja frente al resto de los ciudadanos”, explica Nabarro. Las obras se han licitado por un valor de 208.816 euros.
En la práctica, en los nueve años de funcionamiento del tranvía, esta deficiencia ha generado mucha inseguridad entre los usuarios con movilidad reducida. “Cuando la parada está llena se corre mucho peligro. El paso es tan estrecho que siempre hemos tenido miedo a empujones en horas punta y a caer a las vías. La situación es precaria, nos genera miedo porque no todo el mundo maneja la silla de ruedas con soltura, ni tiene el mismo control de los huecos y de las distancias. Han sido muchas las veces que nos hemos quedado en tierra por esas dificultades para movernos con la silla”, relata Nabarro.
