La reducción de sociedades incluye entidades sin personal ni estructura
El proyecto de reducción del entramado público vasco solo afecta a 14 sociedades públicas con control casi mayoritario del Gobierno (otros 35 son entidades participadas) y de ellas 11 son 'industrialdeak' (entidades en las que participan también las diputaciones y ayuntamientos que se dedican a promoción de suelo industrial y que se quieren dejar en una por territorio) en las que puede tener problemas para su eliminación por el rechazo de formaciones como Bildu, con mayoría en los consejos de varias de ellas. Y también incluye entidades que no tienen ni personal ni ninguna estructura, como fondos de capital riesgo o la sociedad para la gestión de centrales hidroeléctricas municipales. En el caso de las industrialdeak, la pasada legislatura se acometió una importante reducción de un tercio de las 26 existentes pero no se pudieron acometer más por el rechazo de Bildu y el propio PNV en varias comarcas guipuzcoanas.
La entidad pública más significativa de las 50 que parecen en el listado son los tres parques tecnológicos vascos, que el proyecto del Gobierno contempla fusionarlos en uno pero todo indica que será una unión formal. Cada parque tiene su sede en cada territorio y desde abril tiene además un único director, José Miguel Corres, a quien el Gobierno vasco colocó en ese puesto tras salir con una polémica gestión del BEC, la Feria de Muestras principal de Euskadi que tiene un agujero económico de más de 300 millones en pérdidas contables. Precisamente una de las entidades participadas que están en el listado es Bilbao Exhibition Centre Solar, apéndice del BEC.
Más significativa es la venta de la participación en el Polo de Innovación Garaia, en Mondragón, que funcionaba como el cuarto parque tecnológico vasco, en el que el Gobierno participa junto a la Diputación de Gipuzkoa, Corporación Mondragon y el Ayuntamiento de Mondragon.
Los tres fondos de inversión que se liquidan son Socade, Elkano XXI y Suztapen, que no tienen personal ni actividad propia, puesto que son instrumentos de la Sociedad de Capital Riesgo del País Vasco, dependiente del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad que se dedica a ayudar financieramente a las empresas vascas.
En la lista se incluyen sociedades sobre las que ya se preveía la disolución como Bilbao Ría 2000, con un agujero de más de 100 millones de euros, y Jaizkibia, creada para la puesta en marcha del nuevo puerto exterior de Pasaia, ahora en un cajón. También destaca el caso de Vilau Media, una empresa en la que participaba ETB y que le dejó un agujero de 700.000 euros, un caso que está en los tribunales por presunta malversación de fondos de su ex gerente, Juan Diego, ahora en la dirección de Beaz, sociedad pública para la promoción de empresas dependiente de la Diputación de Bizkaia, gobernada por el PNV.
Precisamente, en Beaz se pretende integrar al CEDEMI, el centro de desarrollo empresarial de la Margen Izquierda. La lista se completa con la integración en Visesa, sociedad pública de Vivienda, de Orubide, dedicada a gestionar el suelo, y con la eliminación de varias entidades participadas dedicadas a la cogeneración poco conocidas.
