La presión ciudadana obliga al Parlamento a proteger a los trabajadores subcontratados
La crisis económica está teniendo un efecto devastador en el mercado laboral. El paro es su peor cara, pero detrás se esconde también el deterioro de las condiciones de trabajo de quienes consiguen conservarlo. En especial, en el empleo subcontratado. El Parlamento ha aprobado la tramitación de una iniciativa legislativa popular (firmada por más de 110.000 ciudadanos) para garantizar las condiciones laborales en las subcontratas de la administración pública. La iniciativa llegó hasta la Cámara a instancias del sindicato ELA, preocupado por la problemática derivada de la externalización de los servicios públicos y la sucesiva concatenación de contratas para dar esa cobertura.
La iniciativa legislativa popular, que ahora tendrá que ser debatida por los partidos para convertirse en una ley, recoge la obligación de incluir una serie de cláusulas sociales en los contratos de obras y de gestión de servicios públicos que se desarrollen por medio de subcontratas. Así, los pliegos de condiciones de los contratos deberán incluir como mínimo las condiciones del convenio del sector de ámbito más inferior y de subrogare a los trabajadores de la empresa saliente. Es decir, la empresa entrante se subroga en todos los derechos y obligaciones de la empresa saliente.
El incumplimiento de estas cláusulas supondrá una infracción muy grave de las obligaciones contractuales, apunta la propuesta. EH Bildu, PSE y UPyD dieron el visto bueno a la toma en consideración, mientras que el PNV se abstuvo y anunció que presentará enmiendas para “mejorar” un texto, cuyos planteamientos, a su juicio, pueden no ser legales. “No nos gusta la reforma laboral, pero no se trata de judicializar la contratación de nuestra administración porque conllevaría el riesgo de tenerla paralizada”, ha precisado su parlamentaria Ana Otadui.
