Villadelprat se sentará en el banquillo por “apropiación indebida” en el 'caso Epsilon'
La Audiencia Provincial de Álava ha desestimado el recurso del promotor de 'Epsilon', Joan Villadelprat, contra el auto para la apertura de juicio oral en su contra por delitos de insolvencia punible, apropiación indebida y delitos societarios.
La decisión de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Álava confirma así el auto dictado el 1 de diciembre de 2014 por el Juzgado de Instrucción número 1 de Vitoria contra el promotor 'Epsilon' y contra Phillip Mark Payne, otro de los responsables de este fallido proyecto automovilístico, que recibió casi 50 millones en ayudas públicas.
Villadelprat ya fue condenado por la Sección Civil de la Audiencia Provincial -que confirmó una sentencia previa del Juzgado de lo Mercantil-, que le inhabilitó durante tres años para administrar bienes ajenos y le reclamó el pago de casi 900.000 euros por la forma en la que actuó en el concurso de acreedores de la empresa.
En esta ocasión, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Álava rechaza los recursos presentados por Villadelprat y Payne contra el referido auto del Juzgado de Instrucción número 1, que instaba a la acusación a solicitar la apertura de juicio oral, “formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa”.
Decisión “razonable”
La Audiencia estima que “del resultado de las diligencias de investigación practicadas, comprobamos externamente que el juicio de probabilidad que hace el juzgado es lógico y razonable”.
Además, afirma que el juzgado “ha podido racionalmente establecer a nivel indiciario, como suficientemente justificado a los meros efectos de preparación para la apertura del juicio oral, que los hechos cuya perpetración aparece suficientemente justificada son constitutivos de los tres delitos imputados a los apelantes”.
El fallido proyecto automovilístico 'Epsilon' no sólo ha sido investigado en vía judicial, sino que ha sido objeto de análisis en una comisión específica del Parlamento vasco.
Dicha comisión elaboró un informe que, apoyado por todos los partidos menos el PNV, atribuyó “responsabilidades políticas” a cargos del PNV que en el momento de los hechos (2007) ocupaban cargos en el Gobierno vasco y las diputaciones forales.
