Las familias ven una “discriminación” que la 'ley trans' deje “fuera” a los menores de 14 años
El hijo de Bea Sever, que lleva 9 años viviendo como el niño que es, tendría que esperar otros tres años más –ahora tiene 11- para cambiar su género en el Registro Civil según la nueva ‘ley trans’ cuyo borrador ha sido aprobado este martes en el Consejo de Ministros. Para miembros de Naizen, la asociación de familias de menores transexuales de Euskadi y Navarra de la que forma parte Sever, la nueva norma supone un retroceso, puesto que hasta ahora una sentencia del Tribunal Constitucional del 2019 posibilitaba en algunos casos hacer el cambio incluso a los 11 y 12 años.
El 'Anteproyecto para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI', como se denomina la norma, aún debe pasar por órganos consultivos, volver al Gobierno y de ahí pasar al Congreso antes de su aprobación definitiva, pero por primera vez contempla la autodeterminación de género para las personas trans, que ya no tendrán que declararse enfermas para modificar su sexo legal en el DNI.
No obstante, para ello la nueva norma define tres franjas de edad: 12 años, entre 12 y 14 y mayores de 14 años. Los de 12 años no podrán cambiar el género en el Registro Civil, pero sí el nombre; los de entre 12 y 14 necesitarán una aprobación judicial, y los mayores de 14 podrán hacer ambas cosas tan solo expresando su voluntad para hacerlo. Eso sí, todos aquellos menores de 16 años siempre deberán contar con el consentimiento de sus progenitores para realizar el cambio, que tan solo podrá realizarse a partir de los 12.
“Nos parece fatal. Es un retroceso porque hasta ahora estábamos consiguiendo el cambio de género en casos de menores de 11 y 12 años y ahora pasa a ser hasta 14. Es ridículo, es una discriminación a los menores. Si se aprueba finalmente esta ley se nos cierra la puerta a lo que llevamos trabajando tres meses con el Ministerio”, ha asegurado a este diario la propia Sever, en nombre de la asociación.
Desde Naizen, han participado durante tres meses junto a representantes de otros colectivos en la elaboración del anteproyecto de ley en colaboración con el Ministerio de Igualdad. Sin embargo, Sever se ha mostrado “decepcionada” porque finalmente no habrá una 'ley trans' específica integral. En su lugar, los derechos de las personas transexuales se recogen en un capítulo de la ley LGTBI.
“Hemos estado trabajando durante tres meses con el Ministerio en un borrador de 53 páginas y van y sacan una ley ordinaria LGTBI en la que se incluyen solo 3 páginas sobre derechos trans. Tomaron el compromiso de hacer dos leyes, una LGTBI y la otra trans. Además, el hecho de que se trate de una ley ordinaria hace que si el Gobierno cambia, se pueda derogar. Ha sido una tomadura de pelo porque nos han dejado fuera. No entendemos cómo una ley estatal puede ser más retrógrada que leyes autonómicas”, ha denunciado Sever, que ha apuntado que “lo único positivo” es el reconocimiento de la autodeterminación de la propia identidad a partir de los 14 años.
Naizen se creó bajo el nombre de Chrysallis Euskal Herria en 2015 con la unión de seis familias de Euskadi y dos de Navarra con hijos en situación de transexualidad. Desde entonces, ofrecen charlas, crean material didáctico y realizan campañas de visibilización como el videoclip publicado en enero de este año bajo el título de 'Naizen/Yo sé quién soy', que se marca como objetivo romper de forma metafórica el distanciamiento social provocado por la pandemia y unir a estos menores.
Miembros de la asociación participaron de forma activa en la redacción de la Ley Foral navarra para la igualdad social de las personas LGTBI+ de junio de 2017, que recoge muchas de sus reivindicaciones. Una de ellas era la puesta en marcha del servicio Transbide para la atención a las personas transexuales desde una mirada no patologizante. También participaron en la elaboración de la 'Guía para el acompañamiento y la atención a las personas transexuales en Navarra'. En cuanto a Euskadi, en 2018 presentaron un proyecto de ley en el Parlamento Vasco para reformar la ley actual, que data de 2012, y en la que, a pesar de que fue pionera en su momento, el objeto de ley son aquellas personas que acrediten su transexualidad mediante informe psiquiátrico.
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