Funcionarios de la Administración vasca se quejan del “limbo” que les impide acogerse al teletrabajo

Los funcionarios de la Administración general de Euskadi se quejan de la imposibilidad absoluta de acceder al teletrabajo desde que en verano decayera la prórroga del decreto que lo regulaba sin que se hubiese hecho el trabajo de desarrollo específico que se necesitaba. Si en la última convocatoria que se puso en marcha, según los datos que aportan los sindicatos, unas 900 personas (esto es, alrededor de un 10% de la plantilla) se acogieron a esta modalidad de empleo, ahora todo ha quedado en un “limbo” y las negociaciones con el Gobierno vasco no han cristalizado aún en un acuerdo para lanzar una nueva convocatoria.

El teletrabajo dentro de la Administración general vasca se sostenía sobre la prórroga de un decreto que databa de 2012 y que no se había logrado actualizar desde entonces. Hay un decreto de 2023, pero no ha contado aún con el necesario desarrollo normativo. A falta de ese desarrollo con las especificidades propias que diferencian a estos trabajadores de otros como pueden ser, por ejemplo, los de Osakidetza, el Gobierno vasco decidió acogerse a varias prórrogas. Concluida la última de las prórrogas, los sindicatos señalan que el Ejecutivo dio por concluido el teletrabajo “unilateralmente” en junio de este año. Fue unos días antes de la toma de posesión del nuevo Gobierno de Imanol Pradales. ¿Por qué no se alcanzó un acuerdo entonces? “Intentaban meter el teletrabajo en el mismo paquete que otras medidas que no se aceptaban”, se queja Josu Simal, del sindicato ELA.

“El teletrabajo ha desaparecido del Gobierno vasco”, sentencia Pilar Olivas, secretaria de Administración autonómica de UGT Euskadi. El número de trabajadores de toda la Administración general vasca es cercano a los 8.000, de los que unos 600 se acogían a esta modalidad de trabajo antes de la pandemia de COVID-19. A raíz de aquella situación excepcional con el virus, el número creció y en la última convocatoria llegó a ser de 900, que representaban un 10% de la plantilla total. A la sede que el Gobierno vasco tiene en Lakua, llegan cada jornada muchos trabajadores procedentes de Bizkaia y Gipuzkoa. “El desplazamiento diario es brutal. Miles y miles de trabajadores se desplazan en autobús y coche, con lo que ello repercute en riesgo de accidentes, tiempo de desplazamiento... y todo para hacer un trabajo que se puede hacer desde casa con la misma productividad o incluso mayor, porque las condiciones de trabajo son mejores en casa, pues hay más silencio y es posible concentrarse mejor”, expresa otra voz del sector.

Esta misma voz alude también a la huella medioambiental que dejan estos desplazamientos. “Suponen miles de toneladas de CO2 al cabo del año, además de un gasto tremendo en infraestructura, edificios y calefacción que es totalmente innecesario a día de hoy, cuando la empresa privada está apostando cada vez más por el teletrabajo al ver que es más eficiente a todos los niveles y que la gente es más productiva y se ahorra dos horas de esfuerzo solamente en desplazamiento, de modo que está más fresca y más contenta y se puede dedicar a su trabajo en mejores condiciones y conciliando mejor”, abunda.

No antes de finales de año

¿En qué punto están las negociaciones ahora? Olivas, de UGT, se queja de que los trabajadores se encuentran en el “limbo”, una situación que se vio agravada por la incertidumbre que generaban las elecciones del pasado 21 de abril y el consecuente cambio de Ejecutivo. “Se le preguntó al anterior equipo de Gobierno qué iba a pasar con el teletrabajo y dijeron que ya lo negociaríamos, lo cual era imposible, porque la gente en verano está de vacaciones y no se puede negociar. Fue tirar balones fuera”, protesta. Pese a ello, tanto UGT como ELA constatan más voluntad de diálogo por parte de la actual consejera del ramo. En la anterior legislatura, estaba al frente del departamento Olatz Garamendi, mientras que ahora ocupa la cartera —que ha cambiado de nombre y ahora incluye Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno bajo un mismo paraguas— María Ubarretxena. “El nuevo equipo se ha encontrado con los deberes sin hacer, con la herencia de lo que no se ha hecho anteriormente, y está intentando ponerlo en marcha, pero lleva tiempo”, reconoce Olivas. Este periódico ha tratado sin éxito de recabar la opinión del Gobierno vasco sobre estos extremos.

Hay voces más críticas que aseguran que el Gobierno vasco, a sabiendas de que tiene la “batuta” de la situación, ha dormido el reglamento en un cajón. “Lo que no tiene ni nombre es que habiendo aprobado el decreto de teletrabajo en julio de 2023, estemos con una perspectiva de que hasta finales de 2025 no se vaya a establecer una convocatoria”, se quejan. ¿Por qué finales de 2025? Aunque esa estimación varía según la fuente a la que se consulte, las más pesimistas apuntan que el desarrollo reglamentario no se va a llevar a cabo hasta que concluya la actual OPE de estabilización, que, con una primera vuelta que no terminará hasta finales de 2024 y una subsiguiente segunda vuelta podría conducir hasta finales de 2025. “Desde el Gobierno vasco nos vienen a decir que hasta que todo el mundo esté asentado en su lugar, no se sienten capaces de ralizar una nueva convocatoria apra el teletrabajo”, sostiene al respecto Simal, que, sin embargo, confía en que se alcancen acuerdos que permitan lanzar una nueva convocatoria tan pronto como se negocie un nuevo reglamento. “Hay un montón de trabajadores y trabajadoras que se han quedado sin teletrabajo y esto les está produciendo muchísimos problemas a nivel de conciliación”, protesta, por su parte, Olivas.

A todo esto, se suma otra dificultad. Tanto el decreto de 2012 como el de 2023 recogen como requisito “haber desempeñado el puesto en los últimos cinco años durante periodos que sumen al menos un año, a la fecha de inicio de la prestación de servicios mediante teletrabajo”. Los sindicatos coinciden en la necesidad de establecer algún mecanismo que, dadas las circunstancias excepcionales, permita acortar estos plazos. Si este extremo no se tiene en cuenta y no se enmienda, en la práctica, se quejan los sindicatos, va a haber trabajadores que queden excluidos de la posibilidad de teletrabajar durante dos años.

La problemática no es nueva. Durante la pandemia de COVID-19, los funcionarios de la sede central del Gobierno vasco en Vitoria impuslaron un parón para protestar por la existencia de una “doble vara de medir” a la hora de permitir el teletrabajo. Veían que, mientras por un lado se propugnaba desde el Ejecutivo el teletrabajo y se alentaba entre las empresas privadas como fórmula ideal para hacer frente a la ola de contagios de coronavirus en la que estaba sumida Euskadi, por el otro no se prorrogaba entre los trabajadores de la Administración el decreto que lo permitía. “Hay mucha falta de planificación y también de voluntad para adoptar el teletrabajo como algo normal”, se quejaba ya entonces Izaskun Fernández, del sindicato LAB.