El Gobierno de Urkullu entrega al Parlamento un informe para responder a la Fiscalía y mostrar que “colabora”

La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, ha enviado al Parlamento Vasco a instancias de Elkarrekin Podemos-IU un informe a modo de réplica de las quejas vertidas por la Fiscalía en su memoria del año 2022, presentada en septiembre de este año. El documento de la fiscal superior vasca, Carmen Adán, alertaba de la falta de colaboración del Ejecutivo contra los delitos ambientales y en particular de la viceconsejería de Medio Ambiente, cuya titular hasta el verano era Amaia Barredo, del PNV, precisamente investigada por la propia Fiscalía en una de estas causas. Tapia detalla ante la Cámara la existencia de decenas de comunicaciones de procedimientos judiciales abiertos, recalca que “colabora” en todo momento con la Justicia y remacha que “no puede compartir las afirmaciones” de Adán.

El detonante del enfado de la Fiscalía, que no es el primero ya que en el pasado aplaudió la labor de la Guardia Civil en Euskadi como Policía Judicial de Medio Ambiente frente a la Ertzaintza, es un caso por un presunto traslado ilícito de residuos a África. El asunto lo lleva un juzgado de Vitoria y los fiscales alaveses señalaron que la falta de respuesta por parte del Ejecutivo autonómico no solamente motivó “retrasos” en la investigación sino que fuera derivada a la Guardia Civil. “Respecto al caso al que se refiere la Fiscalía en su informe, debe indicarse que en este órgano no consta solicitud de informe por parte de la Fiscalía”, se defiende Tapia.

Sobre ese caso, del que se conocen escasísimos detalles a pesar de su gravedad, Tapia revela que la Guardia Civil sí solicitó colaboración al Gobierno vasco para la inspección de “pabellones” ubicados “en distintos municipios”, incluidos unos en la zona de Astegieta, a las afueras de Vitoria. El Gobierno vasco ha enviado a la juez del caso, María Eneida Arbaizar, diferentes informes, expedientes y fotografías.

En el descargo del trabajo de Medio Ambiente contra los delitos ambientales aparecen también las diligencias 60/2022. No se dan detalles pero ese código se corresponde con la investigación de la Fiscalía contra la propia Barredo y contra su colaborador Javier Aguirre Orcajo. En esta causa se analiza si ambos cometieron prevaricación, es decir, si actuaron de modo irregular a sabiendas al autorizar la puesta en marcha en la localidad guipuzcoana de Bergara a la empresa Valogreene Paper. No comportan pena de cárcel este tipo de actuaciones. Solamente en otra de las peticiones de información del ministerio fiscal se ha tardado más en responder. En este caso, pasaron dos meses y diez días desde que la Fiscalía contactó con el Gobierno hasta que se le remitió la documentación requerida. Alega Tapia que el oficio fue a la delegación de Gipuzkoa y que tardó varias semanas en llegar a la viceconsejería. Se destaca que pasaron 21 días desde que recibió el requerimiento quien lo tenía que recibir hasta la respuesta, consistente en “tres cajas” con “todos los documentos”, es decir, “más de 1.000 folios”.

Según estos datos, la Fiscalía pidió información de cinco causas en 2022 a Medio Ambiente. Una de ellas, con código 2/2022, tardó seis meses en ser respondida. Son cuatro de Bizkaia más de Valogreene Paper, que se sustancia en Álava por ser la sede del Gobierno vasco. Además, a ello se le suman seis expedientes más relacionados con la Agencia Vasca del Agua (URA), de la que también formuló quejas la memoria de Adán. En concreto, se analizan vertidos en los ríos Arakil y Amezaga de Álava, en el Urola de Gipuzkoa y en el Urko, Cadagua, Zumelegi y Pulla de Bizkaia.

Se detiene Tapia en el caso más relevante de los últimos años, el del derrumbe en febrero de 2020 del vertedero de Zaldibar. La causa se dividió en dos piezas. Una primera estaba centrada en la muerte de dos trabajadores, Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán, y ya se ha cerrado con la asunción de responsabilidades por parte de los gestores de planta, de la empresa Verter Recycling. Sin embargo, sigue abierta la causa por los delitos ambientales. “Desde el 6 de febrero hasta la actualidad [se han realizado] más de 30 comunicaciones a la Fiscalía tanto relacionados con las actuaciones adoptadas para la estabilización del vertedero como con la situación actual”, subraya la consejera.