El Gobierno de Urkullu tendrá que tener en dos meses el decreto para proteger a los denunciantes de corrupción

La consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, ha firmado este miércoles una orden para la tramitación por la vía de urgencia de un decreto para la “protección de las personas denunciantes” de irregularidades en la Administración vasca. Según ha adelantado la Cadena Ser, el texto tendrá que estar listo para el 13 de junio, cuando se cumplirán tres meses de la entrada en vigor de la ley estatal sobre la materia y que, a su vez, desarrolla una directiva europea de 2019. Ello obligará al Gobierno vasco a trabajar a contra reloj ya que tiene exactamente dos meses para tenerlo todo en marcha.

Según la documentación recogida en el portal de Transparencia, este reglamento tendrá que regular un “canal interno de información de infracciones”, tanto penales como administrativas graves o muy graves, y arbitrará “mecanismos de protección a las personas denunciantes” tales como “prohibición de represalias” o incluso “medidas de apoyo”. Se permitirá que los denunciantes no sean solamente los funcionarios o empleados públicos, sino también extrabajadores, voluntarios, personal en prácticas u opositores. “También extiende su amparo a las personas que prestan asistencia a los informantes, a las personas de su entorno que puedan sufrir represalias, así como a las personas jurídicas propiedad del informante, entre otras”, se puede leer en la memoria del futuro decreto.

A falta de conocer los detalles, estima Garamendi que este nuevo sistema de denuncias tendrá un “responsable” que “deberá desarrollar sus funciones de forma independiente y autónoma respecto del resto de órganos”, lo que supondrá que “no podrá recibir instrucciones de ningún tipo” y que tendrá que tener a su alcance “medios personales y materiales”. Asimismo, se indica que la oficina habrá de atender las comunicaciones en no más de tres meses y colaborar con la Fiscalía, aunque también preservando los derechos al “honor” y a la “presunción de inocencia” de los señalados.

Argumenta el Ejecutivo de Iñigo Urkullu que, con este decreto, mejorará la “transparencia” y la calidad democrática de la Administración autonómica. El coste que supondrán las nuevas estructuras quedará compensado por los “beneficios” de reducir el fraude. Sin embargo, hace solamente unas semanas había venido insistiendo en que ya existían suficientes mecanismos contra la corrupción en Euskadi ante las reiteradas peticiones de EH Bildu de que se cree, a imagen y semejanza de en Navarra, una oficina 'ad hoc' para estos casos. Tampoco en 2019 el Gobierno aceptó una iniciativa de Elkarrekin Podemos surgida a la luz del caso de los anestesistas que denunciaron las irregularidades en las oposiciones médicas de Osakidetza del año anterior.

Precisamente ese fue uno de los casos en los que se denunció lo expuestos que habían quedado quienes habían alertado de anomalías. Dos de los tres anestesistas, de hecho, no trabajan ya en Osakidetza y fueron interrogados en la investigación interna que se abrió en su día. No son los únicos. Ainhoa Alberdi, abogada urbanista y empresaria, destapó el 'caso De Miguel' y ha afirmado que nunca más ha recibido un contrato público mientras que las empresas implicadas en esa trama de corrupción, la mayor de Euskadi, sí han mantenido adjudicaciones e incluso recibido nuevas.