El Gobierno vasco defiende el tranvía de CAF en Jerusalén y cree que no tiene por qué vulnerar los derechos de Palestina

La conocida empresa guipuzcoana CAF participa de la mano de la israelí Shapir en la puesta en marcha del nuevo tranvía de Jerusalén, un controvertido proyecto impulsado por Israel y que atraviesa territorios ocupados de Palestina. Decenas de organizaciones sociales y también el comité de empresa criticaron que la compañía originaria de Beasain se sumergiera en esa infraestructura y apelaron a los derechos humanos y a la legalidad internacional. El Gobierno vasco es titular, además, del 1,24% de las acciones de esa empresa y ahora que se ha conocido que se ha adjudicado otra línea en Tel Aviv, también en Israel, la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, ha tenido que dar explicaciones en el Parlamento. Pero “no toda la actividad empresarial relacionada con los asentamientos israelíes implica de manera indefectible una vulneración de los derechos humanos de la población palestina”, argumenta el Ejecutivo.

Fue el parlamentario de la coalición Elkarrekin Podemos-IU Íñigo Martínez Zatón el que preguntó por el papel del Gobierno en una empresa que, según expone, “facilita” la ocupación y la llegada de personas de la potencia invasora, Israel, a las zonas palestinas. Tapia, en cambio, insiste: “Cabe afirmar con carácter general que ninguna convención internacional, ni el derecho internacional ni ninguna otra fuente normativa o jurisprudencial excluyen la construcción de infraestructuras como la que nos ocupa [sic], orientada a la prestación de un servicio público de transporte no discriminatorio”. Se añade que “la resolución 31/36 del consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en ningún momento señala que participar en el proyecto del que trae causa esta iniciativa sea 'per se' y necesariamente atentatorio contra los derechos humanos, como tampoco establece, en ningún caso, una presunción de ilegalidad acerca de cualquier tipo de participación empresarial de forma genérica y absoluta”.

Tapia explica que la entrada en el accionariado de CAF, que se produjo en 2018, se explica por la necesidad de “garantizar el mantenimiento de su arraigo en Euskadi y su carácter tractor sobre el conjunto del tejido productivo vasco, en tanto que se trata de una empresa referencial del sector industrial del país”. Pero el Ejecutivo recalca que “dicha participación es minoritaria”, es decir, sin capacidad para condicionar las decisiones. “No cabe obviar el hecho de que se trata de una empresa privada”, señala la consejera en su respuesta a las preguntas sobre Palestina de Martínez Zatón.

Las explicaciones del Gobierno se completan con una reflexión: “Tanto en su actuación subvencional como en el ámbito de la contratación pública el Gobierno actúa siempre con estricta sujeción a la legalidad vigente, ya sea en lo que respecta al cumplimiento por parte de personas y entidades de los requisitos regulados para ser beneficiarios de la concesión de subvenciones públicas, ya sea en la observancia de los supuestos estipulados en los que un poder adjudicador tiene prohibida la celebración de contratos con personas físicas o jurídicas”.

Fue en 2019 cuando se conoció la participación de CAF en el tranvía de Jerusalén. En total, la operación fue cifrada en unos 1.800 millones de euros, 500 de ellos para la parte correspondiente a la firma de Beasain, a la que le compete entregar 114 unidades del modelo Urbos y la reconstrucción de 46 convoyes ya en servicio. También es la encargada de la señalización y comunicaciones de la línea. En 2020 se sucedieron las denuncias y también las apelaciones a la ética del comité de empresa.