Investigado un empresario de Bizkaia por emplear sin contrato a 25 personas y despedir a una que se negó a abortar

Una investigación de la brigada de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional ha culminado con la imputación por presuntos delitos de coacciones y contra los derechos de los trabajadores de un empresario de Bizkaia llamado F.J.G.Á., dueño de la empresa que produce la conocida marca La Gilda del Norte (operada por la mercantil Agricultura Creativa 2015, S.L.). Según la documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es/Euskadi, el empresario empleaba de manera habitual a un número elevado de trabajadores extranjeros a los que no daba de alta en la Seguridad Social, a los que pagaba en negro por debajo de los umbrales del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y a los que daba instrucciones para esconderse incluso en congeladores en caso de inspección. Llegaron a ser 25. La investigación trata de comprobar también dos episodios más graves. Uno afecta a una trabajadora irregular que quedó embarazada y a la que, aparentemente, se le ofreció dinero para abortar y que acabó despedida al negarse. El otro caso incluye positivos en COVID–19 trabajando con normalidad y sin respetar las cuarentenas. El denunciado, en conversación con este periódico, ha rechazado tajantemente todas las acusaciones.

La Policía Nacional detuvo a F.J.G.Á. el 4 de junio de este año a las 10.05 horas en Bilbao por el “empleo reiterado de ciudadanos extranjeros en situación de estancia irregular en España”, así como también por tener trabajando a menores, por coacciones y por la “infracción de las normas de prevención de riesgos laborales con peligro grave para la salud” debido al brote de coronavirus. Antes, la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social giró dos visitas a las instalaciones de La Gilda del Norte (el 1 de diciembre de 2020 y el 7 de mayo de 2021) en las que pudieron acreditarse algunas de estas prácticas. A ellos se suman tres denuncias de trabajadoras en comisaría con “indicios razonablemente bastantes” para justificar una imputación. “No hubo detención. De nadie. No hubo ninguna detención, de verdad”, responde el aludido. Sin embargo, ello contrasta con lo recogido en el atestado 1762/21 de la Policía Nacional que explica cómo fue enviado a la sede policial de Indautxu. La unidad científica le tomó las huellas dactilares, le realizaron tres fotografías y fue llevado a una sala de declaraciones, en la que se acogió a su derecho de no hacer comentarios y en la que estuvo acompañado por un abogado. Fue puesto en libertad con cargos.

Un listado de pagos en negro

¿Cómo fueron esas inspecciones? El 1 de diciembre los agentes con número profesional 72165, 83224, 80336 y 90002 se personaron en un pabellón de Basauri donde tiene su sede La Gilda del Norte para dar cobertura a dos inspectores de Trabajo y Seguridad Social. Ese mismo día, la Policía se desplazó a un invernadero en Lezama. Las actas de ambas visitas constatan la presencia de empleados en situación irregular, diez exactamente en ese momento. Meses más tarde, ante la sospecha de que las inspecciones habían hecho que los trabajadores sin contrato fueran obligados a trabajar a escondidas de noche, la Policía montó una vigilancia a partir de las 20.30 horas para comprobarlo. La documentación incluye “fotografías de varias personas llegando a la empresa y que posteriormente serán identificadas trabajando”, se lee en el informe del operativo. Un registro localizó “varias notas manuscritas” en las que había un listado de trabajadores y los pagos en negro.

La trabajadora Beatriz –nombre ficticio– es una de las denunciantes. Nacida en Nicaragua y de 27 años, llegó a Bilbao en 2016. A través de un pariente, entró a trabajar en La Gilda del Norte. “Si viene la Inspección de Trabajo o la Policía, tienes que esconderte en los congeladores o decir que estás comprando aquí como cliente”, cuenta que le explicó F.J.G.Á. Explica que fue la primera en ser empleada en negro, pero que cada vez empezaron a llegar más personas en esa misma situación, tanto en la central de Basauri como en los invernaderos de Lezama. Muchos de los que tenían empleos sumergidos eran parientes o amigos de otros extranjeros con contrato y se les chantajeaba –según esta testigo– remarcando que cualquier queja supondría el despido de los dados de alta. “En una ocasión, un chico de nacionalidad colombiana que estaba trabajando de manera irregular se hizo un corte en el brazo mientras cortaba carne y continuó trabajando en la empresa curándose él mismo la herida”, detalla. El horario era de seis de la mañana a dos de la tarde por 800 euros y podían meter horas por la tarde (a 25 euros el día) o los sábados (50 euros). No siempre cobraban todo lo prometido.

Beatriz quedó embarazada y comunicó esta circunstancia a una encargada de la empresa. Ésta y el dueño le propusieron el nombre de una clínica que por 400 euros le permitiría abortar y le plantearon "costear los gastos médicos

Beatriz quedó embarazada y comunicó esta circunstancia a una encargada de la empresa. Ésta y el dueño le propusieron el nombre de una clínica que por 400 euros le permitiría abortar y le plantearon “costear los gastos médicos”. Como explicó que quería seguir adelante con la gestación, el empresario la esperó al día siguiente “en la puerta de la empresa” y le comunicó que no iba a trabajar más. El denunciado rechaza de plano estas acusaciones. “Eso es una maniobra orquestada por una señorita que aprovechándose de la situación está haciendo lo que no debe”, clama. Añade que “por dos veces” los juzgados de lo social no han conseguido demostrar la relación laboral de esta trabajadora con La Gilda del Norte. ¿Y los otros trabajadores que han denunciado estar sin contrato? “Forma parte de la misma artimaña. Son amigos compinchados para conseguir un objetivo”, indica el empresario, dando a entender que esas personas nunca han estado en sus instalaciones aunque la Policía los encontró allí.

Dolores –nombre ficticio– es otra de las denunciantes. Ahora tiene 20 años pero empezó de manera irregular en la empresa siendo menor de edad. Llegó a Euskadi a finales de 2018 y, a los diez días, conoció la posibilidad de ganar un dinero para ayudar a su familia en Honduras. Su padre fue asesinado allí. Son diez hermanos y dos han intentado entrar en Estados Unidos. Ella es la que cuenta que, desde la inspección de finales de 2020, los irregulares tuvieron que trabajar de noche. Añade que, en la segunda visita policial de mayo, el dueño les pidió que se escondieran “rápidamente”.

Hay una tercera testigo, Alejandra –nombre ficticio–, una colombiana de 46 años. La “precariedad económica” le obligó a quedarse a buscar trabajo en Bilbao tras haber venido como turista a pasar una estancia con unos familiares. Dos de ellos ya trabajaban en La Gilda del Norte y le encontraron un puesto allí. “Como necesitaba el dinero para poder cubrir las necesidades de mis hijos en Colombia, trabajaba todas las horas que podía”, contó en comisaría. En la primera inspección, le ordenaron esconderse y, cuando se fueron los funcionarios, los irregulares estuvieron diez días sin ir a trabajar. Después les cambiaron el horario: de diez de la noche a seis de la mañana. “Nos dijo que era para que si había más inspecciones no nos pillaran”, declaró.

Varios de los trabajadores que se encargaban de transportar mercancía trabajaban habiendo dado positivo por COVID-19

Y relató más cosas ocurridas en la pandemia: “Varios de los trabajadores que se encargaban de transportar mercancía trabajaban habiendo dado positivo por COVID-19. Muchos trabajadores se contagiaron”. El empresario les obligó a seguir produciendo. La testigo cuenta cómo un compañero fue despedido tras enfermar y cómo les indicaban que si iban al médico o les llamaban los rastreadores tenían que explicar que “lo habían cogido en la calle o en el metro”. El informe de la Policía Nacional explica que F.J.G.Á. les decía que de ese modo iban a lograr la “inmunidad de rebaño”. Aparentemente, La Gilda del Norte se benefició de un ERTE y mantuvo la producción al 100%, ahorrándose la parte del salario que cubría el Estado.

El informe de la Policía Nacional sostiene que hay indicios claros de que las denuncias de las trabajadoras son reales. El atestado ha pasado a manos del juzgado de Instrucción 1 de Bilbao, cuya titular es la magistrada Ana Isabel Gasca López. F.J.G.Á. ya ha sido citado a declarar en calidad de imputado, aunque él confía en quedar absuelto. “De momento no hay nada, y lo que se ha resuelto no ha sido favorable para los trabajadores”, recalca. “Trabajamos 50 ó 60 personas. Esto puede hacer mucho daño. Están totalmente legal y como dios manda”, insiste a pesar de las pruebas en su contra.

La Gilda del Norte es una conocida empresa vizcaína dedicada a la producción y comercialización de gildas, un pintxo tradicional. Además de sus centros de Basauri y Lezama tiene tres locales en el centro de Bilbao. Sus productos han sido promocionados en TVE, ETB y otros muchos medios de comunicación y han posado con ellos futbolistas del Athletic y otros famosos.

Se da la circunstancia de que el pasado mes de agosto la Policía Nacional ya detuvo a otro empresario de Bizkaia por emplear a extranjeros sin contrato laboral, hechos admitidos por el imputado. Se trataba de la compañía Ajos y Cebollas Txorierri y su situación también fue denunciada por los trabajadores. La Gilda del Norte niega cualquier tipo de vinculación con esta otra investigación.