Una magistrada afea al Gobierno vasco que pretenda privatizar la Sanidad pública sin pasar por el Parlamento

“Vaya por delante que vamos a mantener la medida cautelar”, avanza en el inicio de un largo auto la magistrada de lo contencioso-administrativo de Vitoria Rosa Esperanza Sánchez Ruiz-Tello, que no atiende las alegaciones del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) contra su decisión “cautelarísima” de paralizar el cierre del servicio de cirugía cardíaca del principal hospital de Bilbao, el de Basurto, para centralizar la atención en Cruces, en Barakaldo, y que alerta de la privatización de la Sanidad pública. El traslado se iba a ejecutar este mismo jueves y Salud quería llevarlo a cabo, pero no será posible hasta que se resuelva el fondo de la cuestión.

Esta resolución judicial no resuelve un recurso como tal. Simplemente responde a la posición de Osakidetza, que se quejó de que la paralización del plan se adoptara 'inaudita parte', esto es, sin posibilidad de réplica por parte de la Administración. La paralización judicial fue instada por los propios cardiólogos de Basurto, a los que Osakidetza no considera legitimados para ir a los tribunales, extremo que descarta la magistrada. El pleito se sigue en Vitoria por ser esta ciudad la sede de los servicios centrales de Osakidetza.

La juez afea a la Administración que critique que la competencia de gestión sanitaria es solamente suya y recuerda que todo acto está sometido a “fiscalización judicial”. Entiende que Osakidetza “ha ido tomando decisiones de manera unilateral” e insiste en su argumento de que los traslados de pacientes que ingresen en Basurto hasta Barakaldo generan más riesgo, incluso de muerte. “¿Cuántos pacientes fallecerían en un centro unificado de mayor dimensión en relación a los que fallecen en cada uno de los centros de menor dimensión?”, se pregunta la resolución judicial sobre los estudios que, aparentemente, no ha realizado la Sanidad vasca. Ironiza que no es lo mismo plantear el cambio en Bizkaia como “unificación” de dos servicios que como “cierre” de la atención en Basurto. “Creemos esencial no entrar en un juego de palabras que podría ocultar la realidad. La realidad es que la unificación de cirujanos en Cruces entraña el cierre del servicio de cirugía cardíaca de Basurto”, zanja.

Tampoco compra la argumentación de la eficiencia económica. “Cabe considerar que la elección hace uso de criterios de eficacia según una postura de gestión política en la que se prioriza el menor coste económico manteniendo un servicio básico. Esta postura no por sí misma es incorrecta ni mucho menos, pero debe ser decidida a través de un procedimiento adecuado, que sería el parlamentario. En el Parlamento deberían debatir los ciudadanos, a través de sus representantes, si quieren cambiar el modelo de salud pública, que proporciona igual acceso y la misma calidad del servicio para todos los ciudadanos hacia un modelo mixto de salud privada-pública o donde aquellos espacios no cubiertos por la Sanidad pública por razones económicas los cubra la Sanidad privada”, redacta.

Salud presentará recurso

La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha adelantado que se presentará un recurso contra la decisión judicial, aunque es ya consciente de que es imposible que tenga efectos suspensivos sobre la paralización cautelar del plan. Sagardui, que ha comparecido ante los medios de comunicación en el Parlamento Vasco, ha recalcado que corresponde al Gobierno plantear las “medidas organizativas” que “mejoren el servicio”. Además, ha afirmado que el traslado a Cruces viene “avalado por criterios científicos”.

Fuentes de Osakidetza explican que no les parece comprensible la polémica suscitada cuando ni Vitoria ni Donostia tienen cirugía cardíaca. Los pacientes de Álava son derivados a Bizkaia, básicamente a Cruces, ya que ni Txagorritxu ni Santiago tienen una unidad de estas características. Y los de Gipuzkoa se derivan a un centro privado concertado, la Policlínica, siempre que no sean graves y precisen de ingreso en Barakaldo.