Melgosa emplaza al Parlamento a cambiar la ley de Servicios Sociales si se quiere acotar el beneficio empresarial en adjudicaciones

La consejera Nerea Melgosa ha emplazado al Parlamento Vasco a cambiar la ley de Servicios Sociales si se quiere realmente acotar los beneficios empresariales en las adjudicaciones a empresas privadas de servicios sociales, como en el caso de las residencias. Melgosa ha señalado que la ley actual no permite llegar más allá de lo que se ha llegado y que, por eso, los tribunales han dado la razón a la patronal vasca Confebask, y tumbado dos artículos del decreto del Gobierno vasco que regula el régimen de concierto social y los convenios en el Sistema Vasco de Servicios Sociales, en los que se pretendía acotar el ánimo de lucro de las empresas. “Hemos trabajado mucho y muy duro para que saliera adelante el decreto del concierto, y con el tercer sector. Y los jueces nos ha dicho que eso no es posible porque la Ley de Servicios Sociales no lo contempla, y no hay más”, ha razonado.

En respuesta a una interpelación de la parlamentaria de EH Bildu, Nerea Kortajarena, sobre qué va a hacer el Gobierno vasco tras la sentencia del Superior, la consejera ha sido clara tras afirmar que “acatarán la sentencia como no puede ser de otra forma”. “Nosotros llevamos diciendo durante tiempo que hay que cambiar la ley de Servicios Sociales. Pongámonos a cambiarla, pongámos a debatirla. No nos hagamos trampas”, ha señalado, porque es necesario tener “instrumentos jurídicos encima de la mesa” con los que ahora asegura que no se cuentan. “Pongámonos de verdad a trabajar en el cambio de la Ley de Servicios Sociales y pongamos las cuentas encima de la mesa de lo que supone trabajar en el decreto de concierto y hagámoslo juntas con todo este Parlamento”, ha señalado.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco falló a favor de un recurso de la patronal Confebask y tumbó parte de la normativa vasca que acotaba el beneficio de las empresas en adjudicaciones sociales y que obligaba a a las adjudicatarias a invertir la financiación pública recibida en los servicios concertados o en otros conciertos con la misma Administración. Los empresarios vascos recurrieron dos artículos del decreto del Gobierno vasco que regula el régimen de concierto social y los convenios en el Sistema Vasco de Servicios Sociales por considerar que iban en contra de su derecho legítimo a obtener beneficios por la prestación de sus servicios y el tribunal los ha anulado en sentencia que ya es firme. Nerea Kortajarena ha cuestionado a la consejera sobre el motivo de por qué no se recurrió la sentencia antes de ser firme, pero Melgosa no ha respondido directamente, aunque ha insistido en que la ley de Servicios Sociales no dejaba mayor marger para delimitar el ánimo de lucro.

Precisamente el Gobierno vasco argumentaba ante el tribunal en su defensa que el decreto no es contrario a la Ley de Servicios Sociales, que si bien es una normativa que “no contempla la exclusión del ánimo de lucro” eso “no conlleva el reconocimiento expreso de la existencia de beneficio”. Sin embargo, la sentencia emitida por la sección tercera de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, señaló que “en modo alguno admisible que el silencio de la Ley de Servicios Sociales pueda habilitar al reglamento para hacer una regulación contraria a los principios constitucionales” en los que se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Y señalaba por eso que  “si se concierta con entidades con ánimo de lucro -y es claro que estas no están excluidas en el modelo de servicios sociales vasco-, pueda excluirse el beneficio económico”.

En concreto, la patronal recurrió los artículos 9.3 y 15.a) del decreto del Gobierno vasco que regula el régimen de concierto social y los convenios en el Sistema Vasco de Servicios Sociales. Este reglamento se aprobó en noviembre de 2023. En estos dos artículos se excluía la consideración de beneficio industrial en el cálculo de los costes de los presupuestos de los servicios concertados y, además, se obligaba a destinar toda la financiación pública a dichos servicios.

Nerea Kortajarena ha mostrado en su intervención la “preocupación” por la “apertura en los servicios sociales a una lógica de mercado donde se prioriza la empatía económica y la maximización de las ganancias por encima de servir a la comunidad garantizar el bienestar social y defender y proteger a los derechos sociales”. En este sentido ha insistido en que “no se puede hacer negocio con los cuidados”. “No pueden ser un filón de negocios”, ha insistido, porque “los servicios sociales deben ser entendidos como un bien público”.