La OCU denuncia al BBK Live por no permitir comida de fuera y por el uso de pulseras de pago
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha presentado una denuncia contra la compañía Lastur Bookin S.L. por las irregularidades detectadas en la organización del festival Bilbao BBK Live que se celebrará en Bilbao los días 11, 12 y 13 de julio. Los motivos que explican esta acción, según OCU y recoge Europa Press, son “la prohibición de entrar con alimentos y bebidas adquiridas fuera del recinto, la obligación de abonar las consumiciones con una pulsera de pago y la imposibilidad de devolver la entrada si el evento se cancela por causas climatológicas”.
OCU considera que impedir la entrada con bebida y comida al recinto es una prohibición “totalmente desproporcionada, pues resulta un desequilibrio entre ambas partes, ya que los precios de las consumiciones dentro del recinto son abusivos por esa circunstancia”. Otra de las irregularidades denunciada en la organización del evento es que su promotora, Lastur Bookin S.L., no permite a los asistentes pagar sus consumiciones en efectivo o a través de tarjeta bancaria, sino que éstas deberán abonarse obligatoriamente con una pulsera de pago.
Además, ha recordado OCU, para recuperar el dinero no gastado el usuario deberá pagar una comisión y, de no hacerlo en un plazo de 15 días, la empresa retendrá dicho importe. Se trata de una práctica que “debería considerarse ilegal, pues puede llevar a muchos de los asistentes a pagar por servicios no consumidos”.
Además, OCU considera “abusiva” la imposibilidad de pedir una devolución del importe pagado por la entrada si el evento se cancela por condiciones climatológicas. Para OCU, las circunstancias meteorologías son “en parte previsibles” y el organizador “puede tomar las medidas oportunas para mitigar los efectos negativos de las mismas y el perjuicio causado al consumidor”, por lo que “no está justificado que no se devuelva el importe de la entrada”.
Por último, OCU pide a las autoridades de consumo competentes que “valoren la ilegalidad” de las prácticas denunciadas según la normativa de protección de los consumidores e “imponga las sanciones establecidas en la legislación para evitar que el próximo año no se repitan”. En caso de confirmarse estas irregularidades, ha remarcado, la empresa “debería devolver las cantidades que se han considerado como abusivas”.
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