Paz, autogobierno y abusos sexuales, tres ponencias sin acuerdo en el Parlamento Vasco antes de la de Educación

La ponencia del Parlamento Vasco que trabaja en la reforma educativa se encuentra en una encrucijada. El presidente de este foro, Gorka Álvarez (PNV), planteó la pasada semana un documento con las bases para una próxima nueva Ley de Educación en Euskadi que actualice la de 1993 y quiso darle velocidad a la tramitación de ese dictamen para obtener un texto final cuanto antes. Sin embargo, a los recelos de la oposición -Elkarrekin Podemos-IU y PP+Cs, particularmente- se le han sumado los de el PSE-EE, socio de Gobierno de los nacionalistas y crítico con el escaso peso que la propuesta otorga a la escuela pública.

“No hemos comentado el tema en el Consejo de Gobierno”, ha reseñado el consejero-portavoz de la coalición liderada por Iñigo Urkullu, Bingen Zupiria, preguntado por las discrepancias entre PNV y PSE-EE. Sí ha constatado que “existen diferentes sensibilidades políticas” y que ahora toca “cohonestar”, por un lado, la intención de cumplir con el calendario legislativa, que prevé la reforma educativa para el segundo semestre de 2022, y, por el otro, “que cuente con el mayor acuerdo posible”, tanto dentro del Gobierno como con otras fuerzas de la oposición. No es, ni mucho menos, la única ponencia que ha tenido dificultades en las últimas legislaturas.

La ponencia de paz, un recorrido agotado

Más conocida en los pasillos del Parlamento como la “ponencia de paz”, fue creada meses después del final del terrorismo de ETA, hito del que se han cumplido diez años en otoño. Era la legislatura de Patxi López y PSE-EE, PNV, PP, IU y la parte de Aralar crítica a la entonces incipiente coalición EH Bildu acordaron un documento que pasará a la historia con el sobrenombre de “suelo ético”. Lo rechazaron los afines en Aralar a la nueva marca abertzale, EA y, por motivos opuestos, UPyD. Sin embargo, en la siguiente legislatura esta comisión acabó encallando. EH Bildu ya obtuvo su propia representación parlamentaria -y como segunda fuerza- y no compartió esas bases. Ello alejó inicialmente al PP -y también a UPyD- y meses después a los socialistas, de modo que PNV y EH Bildu se quedaron solos en ese foro. Todavía tras las elecciones de 2016 se le dio un tercer intento. Renació en 2017, igualmente con el 'no' rotundo del PP, recogió testimonios de víctimas y de expertos pero, a la hora de las conclusiones, las discrepancias volvieron a aflorar, también entre PNV y PSE-EE, ya socios de coalición. En la legislatura actual, la decisión salomónica de la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, fue la de encomendar a un órgano gubernamental, el Instituto de la Memoria (Gogora), el encargo de elaborar esas conclusiones. Siempre se ha destacado que en el consejo de Gogora están representados todos los grupos parlamentarios, algo que la ponencia parlamentaria nunca logró. La directora de Gogora, a propuesta del PNV, es Aintzane Ezenarro, la portavoz de aquella parte de Aralar que se alineó en 2012 con el “suelo ético”.

La ponencia de autogobierno, a la espera

Su discurrir ha sido casi paralelo al de la ponencia de paz. Cuando Iñigo Urkullu ganó en 2012 las elecciones lo hizo con la promesa de un “nuevo estatus” e incluso con planes para una consulta en 2015-2016. Para articular ese nuevo marco de encaje en España, se planteó una ponencia parlamentaria. En aquella primera legislatura de su andadura citó a decenas de expertos y políticos, pero el cuatrienio acabó sin resultados. Tras las elecciones de 2016, se retomaron aquellos trabajos de nuevo con más comparecencias. Pero, tras el otoño en que se sustanció el 'procés' catalán, la ponencia tuvo una primavera de 2018 muy activa que cristalizó en un acuerdo de acento soberanista para la superación del Estatuto entre PNV y EH Bildu, con algunas partes sociales apoyadas por Elkarrekin Podemos. Los socialistas, socios del PNV en el Gobierno vasco, se desmarcaron. Aquel documento fue impulsado por el portavoz del PNV en el Parlamento, Joseba Egibar, mientras Aitor Esteban apuntalaba a Mariano Rajoy en La Moncloa con un acuerdo presupuestario. Esos dos hechos se produjeron en un mismo día. Pero pronto cambiaría de raíz el escenario. De nuevo con un papel decisivo del PNV Pedro Sánchez ganó la moción de censura y se hizo presidente y Urkullu renegó del acuerdo con EH Bildu y apeló por sumar a los no nacionalistas. Se creó un grupo de juristas para la redacción de una propuesta articulada y de unas bases pactadas entre PNV y EH Bildu se pasó a una cierta sintonía entre las propuestas de los comisionados de PNV, PSE-EE y Elkarrekin Podemos. Pero llegó el final anticipado de la legislatura. La promesa de la reforma estatutaria sigue latente en los mensajes del PNV pero casi mediada la legislatura ni siquiera se ha constituido nuevamente la ponencia, que tendría que volver a recibir el visto bueno del pleno.

La ponencia de abusos sexuales, en 'stand by'

En mayo de 2019, la Cámara creó una ponencia para la “prevención y reparación en casos de abusos sexuales a menores” en el contexto vasco, lo que incluía también los casos relacionados con la Iglesia católica. Aquel foro inició sus trabajos con intensidad pero el final anticipado de la legislatura decidido por el lehendakari, Iñigo Urkullu, en febrero de 2020 impidió que completara su recorrido. Meses después de las elecciones, ya en este cuatrienio, el foro se volvió a reactivar en diciembre de 2020 bajo la presidencia de Leixuri Arrizabalaga, del PNV. Ahora, en pleno debate en España sobre cómo investigar los cientos de casos ocultos vinculados con religiosos, algunas voces han puestos sus ojos en en esta ponencia. La realidad es que está inactiva y sin agenda programada. Según fuentes del PNV, el compromiso es que continúe sus trabajos donde los dejó. Y se quedaron en la escucha de testimonios de víctimas de abusos. Algunas sí llegaron a comparecer pero otras no tuvieron tiempo.