El PNV incorpora al PSE-EE por primera vez a las negociaciones presupuestarias con la oposición en Euskadi

El consejero de Economía y Hacienda de Iñigo Urkullu, Pedro Azpiazu, se ha citado este miércoles en Bilbao con representantes de todos los grupos de la oposición -salvo Vox- para explorar posibles acuerdos presupuestarios, aunque desde la premisa de que el Gobierno cuenta con mayoría absoluta para sacar su proyecto adelante sin necesidad de hacer concesiones a EH Bildu, a Elkarrekin Podemos-IU o a PP+Cs. Si el foco estaba puesto en cuál de los tres grupos se empieza a perfilar como posible aliado -el pasado año el que llegó más lejos, aunque sin firmar nada, fue Elkarrekin Podemos-IU-, uno de los gestos de las negociaciones de este año es que participa en ellas el PSE-EE como socio del PNV en el Ejecutivo. Cogobiernan desde 2016 pero es la primera ocasión en que su portavoz en materia económica, Susana Corcuera, se sienta con Azpiazu en el mismo lado de la mesa a analizar las propuestas de la oposición y no solamente en el momento de la firma de los posibles pactos.

El mensaje oficial tras esta primera ronda de partidos es que el Gobierno no excluye a ninguno de sus interlocutores como posible socio y que les emplazará a una nueva reunión la semana próxima. Mientras, los primeros comentarios de los portavoces de la oposiciones indican que tampoco ellos se descartan del todo por el momento. No obstante, la distancia con todos y cada uno de ellos es evidente. EH Bildu ha planteado seis propuestas políticas al margen de sus seis medidas estrictamente económicas y Azpiazu, ante los medios de comunicación, ha adelantado que hay “cuestiones en las que el Gobierno no va a poder entrar”, como la creación de un SMI vasco diferenciado del español o la regulación de los precios de los alquileres. A Elkarrekin Podemos-IU le ha agradecido expresamente que haya “sacado de la ecuación” una reforma fiscal -que es competencia foral y no autonómica- pero ha entregado ya un documento con iniciativas valoradas en 500 millones y que implicaría incrementar el techo de gasto casi en la misma proporción, algo que no se suele debatir en las negociaciones presupuestarias. Finalmente, PP+Cs sí que ha insistido en la fiscalidad, en este caso para rebajarla y para que Euskadi mire las políticas de Isabel Díaz Ayuso en Madrid, ya criticadas por el lehendakari, Iñigo Urkullu, hace pocos días.

Según ha explicado Maddalen Iriarte al término del encuentro, EH Bildu plantea “mover” 118 millones para “reforzar la Atención Primaria de Osakidetza”, “impulsar” más medidas “contra la emergencia climática”, “incrementar las ayudas para las familias que este invierno se las van a ver moradas para encender la calefacción por la subida del precio de la energía” -algo que solamente costaría 2 millones de euros de un presupuesto de más de 13.000 millones- o mejorar la situación en las residencias de mayores (que son gestionadas por las diputaciones). La coalición abertzale viene de pactar -por tercer año consecutivo- las cuentas de Navarra, con una presidenta socialista, María Chivite, y se halla explorando otro pacto en el mismo sentido con Pedro Sánchez. En el caso vasco, durante el mandato de Iñigo Urkullu únicamente en 2018 se avanzó en la negociación, pero el acuerdo estalló por los aires sin llegar a cristalizar entre acusaciones cruzadas de deslealtad. “Planteamos lo mismo que ya hemos acordado en Navarra”, ha asegurado Iriarte ante los medios de comunicación.

El documento más detallado que ha recibido el Gobierno es el de Elkarrekin Podemos-IU, con una cuantificación precisa de las propuestas ya presentadas en una rueda de prensa celebrada la pasada semana. Eso sí, se añade que para reforzar a la enseñanza pública y combatir la segregación se prevé la retirada de los 14 millones de euros en conciertos que perciben los colegios que separan al alumnado por sexos y que están vinculados al Opus Dei, Ayalde, Munabe, Erain y Eskibel, Gaztelueta y Arangoya. En materia de Salud propone gastar 100 millones de euros para retener a 4.000 sanitarios de refuerzo contratados en la pandemia. Otros tantos irían destinados a una empresa pública de energía (que costaría el doble a partir del segundo año). Se trata de una “apuesta por la generación y comercialización de energía renovable, para cuidar la salud del planeta, y entendida como un servicio público”. “Esta empresa nos permitirá avanzar hacia la soberanía energética”, defiende la coalición.

El portavoz de la coalición, David Soto, ha asegurado que su grupo parte con “toda la voluntad de acuerdo” y con “responsabilidad”, si bien ha visto “poca disposición” en PNV y PSE-EE. “No estaban muy dispuestos a hablar de medidas sociales”, ha lamentado. En 2020, Podemos (con Equo) pero no IU pactó las cuentas del Gobierno de Urkullu, lo que motivó un vuelco interno en el partido morado que aupó a los actuales dirigentes. En 2021 este nuevo equipo de Miren Gorrotxategi inició una negociación pero no llegó a ningún puerto. “La voluntad de acuerdo por ambas partes parece existir”, ha recalcado Soto sobre las cuentas de 2022.

Desde PP+Cs, que oficialmente no ha entregado ningún documento a diferencia de los otros dos partidos, Carlos Iturgaiz y Luis Gordillo han constatado a la salida de su encuentro con el Ejecutivo que “no hay emoción” en unas conversaciones con un interlocutor con mayoría absoluta. La coalición va a continuar dialogando y cruzando papeles con el Gobierno, han asegurado, y comparte la apuesta por dotar de más inversiones a las cuentas, aunque matiza que lo importante no es lo presupuestado sino lo que se ejecuta. Eso sí, lamenta que el ejercicio anterior PNV y PSE-EE no aceptaran “ni una sola” de las 800 enmiendas de PP+Cs. Siguen cuestionando el poco peso de la educación concertada y algunas políticas de euskaldunización o relativas a las delegaciones en el extranjero. Además, consideran esencial abordar una rebaja de los impuestos al modo de Díaz Ayuso. Azpiazu se ha mostrado contrariado porque ha visto más mano tendida en la reunión que la que han mostrado los dos representantes 'populares' luego ante los medios de comunicación y ya ha dejado claro que no hay posibilidad de hablar de impuestos. El PP fue el socio del Gobierno de Urkullu en la primera mitad de la legislatura anterior pero todo cambió cuando el PNV votó a favor de la moción de censura a Mariano Rajoy en 2018.

“Como resumen, podríamos decir que 'a priori' en esta primera toma de contacto no se ha cerrado ninguna puerta con ningún grupo, pendiente por aclarar si lo dicho en la reunión con el PP+Cs prima sobre lo declarado ante ustedes. El Gobierno vasco queda a la espera de recibir la propuesta de este grupo, mientras que por nuestra parte analizaremos los documentos tanto de Elkarrekin Podemos-IU y EH Bildu de cara a poder ofrecerles una respuesta en una siguiente reunión, que previsiblemente será la semana que viene”, ha explicado Azpiazu.