PNV y PSE-EE pactan con Elkarrekin Podemos-IU ampliar las víctimas protegidas por la ley vasca de memoria

El Gobierno de Iñigo Urkullu, una coalición de PNV y PSE-EE, ha alcanzado un acuerdo en el Parlamento Vasco con Elkarrekin Podemos-IU para la aprobación de la primera ley autonómica de memoria histórica, aunque los socios confían en hacerlo todavía más amplio. El pacto, presentado por esta coalición de la oposición este miércoles, supone algunos ajustes con respecto al proyecto original, principalmente en la línea de ampliar la condición de víctimas no solamente a los fallecidos en la Guerra Civil sino los heridos, represaliados, a los guerrilleros o a los voluntarios internacionalistas, así como específicamente a las mujeres. Asimismo, se saltará de una reparación “moral” a una de tipo “integral” que incluiría indemnizaciones económicas no sujetas a la voluntad política del Ejecutivo de turno, aunque no hay concreción todavía de las cuantías específicas.

Elkarrekin Podemos-IU ha considerado que la propuesta original era “flojita” y se ha felicitado también de que el PNV se haya avenido a dotar a Euskadi de un marco propio complementario del estatal después de varios intentos fallidos durante la pasada legislatura. La portavoz de la coalición, Miren Gorrotxategi, ha destacado el perfil de “oposición responsable”. “No somos el socio preferente de este Gobierno pero tampoco hemos querido estar nunca en la confrontación, ni en el 'no' por el 'no'”, ha aseverado. En lo que va de legislatura, el Ejecutivo de Urkullu ha exhibido flexibilidad para acordar sus leyes con la oposición a pesar de contar con mayoría absoluta, lo que hace innecesario el concurso de otros partidos. Ha ocurrido así en el 76% de las iniciativas hasta la fecha. Precisamente la formación de Gorrotxategi es la que en más ocasiones ha cerrado pactos con el Gobierno, en un 48% de los casos sin contar el relativo a memoria histórica.

Ha sido Jon Hernández, parlamentario de IU en la coalición pero también secretario general del PCE (EPK), el que ha presentado los puntos clave del acuerdo alcanzado con el Gobierno. Ha señalado que “no era suficiente” con la puesta en marcha del Instituto de la Memoria (Gogora). Hernández ha indicado que “se incluirá una reparación integral de las víctimas superando la reparación moral”. “Se garantizará también el ejercicio de la reparación económica cuando corresponda y que no esté sujeta a a disponibilidad presupuestaria”, ha apostillado.

¿Qué implica ese “cuando corresponda”? De momento, no implica cantidades concretas, pero sí el compromiso de poder complementar ayudas ya abonadas y pagarlas a quienes nunca las han tenido. “Algunas víctimas han sido indemnizadas por la legislación estatal o por normas prevista por Ezker Batua en el Gobierno [la antigua marca de IU fue socia de PNV y EA con Juan José Ibarretxe como lehendakari]. Todo eso hay que estudiarlo. Sabíamos que incluir un baremo era una línea roja [para el Gobierno], por eso no lo incluimos. Pero nos hemos asegurado de que no haya cortapisa de tipo presupuestario”, han explicado.

Dejarán de ser víctimas solamente los fallecidos porque era algo que “no era aceptable”. Así, el dirigente comunista ha citado a “guerrilleros antifranquistas” o “voluntarios internacionalistas”, así como a las mujeres que fueron represaliadas por el franquismo no solamente por ser opositoras sino “por el mero hecho de ser mujer”. En definitiva, habrá “un censo de víctimas” de la Guerra Civil y de la dictadura, “tanto de fallecidos como de supervivientes”. Y se hará desde el prisma de que “los crímenes del franquismo ni prescriben ni pueden ser amnistiados”, aunque la normativa autonómica no puede alterar el marco general. “El problema es que en una ley autonómica no podemos implementar la imprescriptibilidad y la no amnistía. Pero hemos propuesto modificaciones para buscar que la interpretación sea acorde al derecho internacional”, han matizado. En todo caso, se pedirá por ley a las instituciones la “obligación de colaborar” con la Justicia, también en el caso de hallazgo de restos. “Son víctimas, no restos de la historia”, ha enfatizado Hernández.

Elkarrekin Podemos-IU ha querido que las asociaciones memorialistas y los partidos afectados por la represión, entre ellos el PNV, el PSOE y el propio PCE, así como los sindicatos, sean reconocidas y sean parte de los programas de memoria. La ley fijará también obligaciones para ejecutar de manera efectiva el plan de retirada de símbolos. En Vitoria, por ejemplo, el segundo alcalde franquista, José Lejarreta, mantiene una calle en el centro de la ciudad. Se menciona también la posibilidad de actuar sobre “edificios” o elementos arquitectónicos, como ocurre en Pamplona con el monumento a los Caídos. Sin embargo, Elkarrekin Podemos-IU no ha concretado ninguno en concreto en Euskadi. Habrá más sanciones para quienes ataquen espacios de memoria, un columbario por cada territorio y un informe global sobre vulneraciones derechos humanos durante la Guerra Civil y el franquismo.

“Pensamos que el Gobierno había presentado un proyecto de ley de memoria histórica flojito. Pero con los cambios que van a suponer nuestras aportaciones, vamos a tener una buena ley de memoria histórica en Euskadi”, ha concluido Hernández. A falta de que se concrete la posición de EH Bildu, PP+Cs y Vox ya mostraron su 'no' a esta iniciativa. Alegaron que excluía a las víctimas generadas por el bando republicano y que obviaba el factor de ETA durante el final de la dictadura. “No quieren ley de memoria porque supone destapar sus vergüenzas y les retrata en su legitimación del golpe de derechas que provocó la guerra y la dictadura”, interpreta Elkarrekin Podemos- IU, que sí quiere sumar a la coalición abertzale.

Desde el PNV, fuentes parlamentarias indican que “las negociaciones siguen”. “Se han conseguido avances importantes” con Elkarrekin Podemos-IU pero “queda trámite” hasta tener el texto final que se elevará a pleno. Se trabaja también con propuestas de EH Bildu. Desde el PSE-EE, la otra pata del Gobierno, se explica que es un pacto “lógico” teniendo en cuenta que explora “las mismas claves” que la ley estatal promovida por un Ejecutivo del que forman parte igualmente Podemos e IU. En todo caso, los socialistas insisten también en que siguen abiertas conversaciones para una norma “fundamental”. El PSE-EE no cierra la puerta incluso a PP+Cs.