Fiesta de la democracia en Euskadi: abstenerse contagiados

Celebrar unas elecciones en tiempos de pandemia arroja todo tipo de situaciones inesperadas. Acabamos de saber que los colegios electorales gallegos son más seguros que una fortaleza medieval, mientras que los colegios vascos son tan vulnerables que el más mínimo estornudo puede hacer que vuelen por los aires. De otra manera, es difícil explicar la decisión del Gobierno vasco de prohibir a las personas que hayan dado positivo por prueba PCR que ejerzan su derecho a voto en las elecciones del domingo. Y para excusar una medida tan grave, al cancelar un derecho constitucional básico, afirma que solo son unas 200 personas. Cuatro gatos cuyo problema solventas de un plumazo sin pestañear. Ya puede dar comienzo la fiesta de la democracia, pero esta vez con derecho de admisión.

El Gobierno vasco dice tener el visto bueno de la Junta Electoral Central sin que se conozcan los argumentos jurídicos que certifican el veto.

Nunca antes se había adoptado esta restricción de derechos a personas solo por el hecho de que estén enfermas, y ni siquiera se puede decir eso en este caso porque lo que ocurre es que están contagiadas. Por tanto, pueden contagiar a otros votantes, lo que plantea una situación de riesgo. Para conjurarla, el Gobierno vasco ha decidido lavarse las manos (con jabón y durante 20 segundos). No están invitados a la fiesta.

Por el contrario, las personas que están guardando cuarentena en casa por haber estado en contacto con un positivo pueden acudir a votar. Solo se les recomienda, más allá de llevar mascarilla y extremar las medidas de higiene como al resto de la población, que vayan al colegio a una hora que tenga menor afluencia. Ni siquiera han reservado una para ello, por ejemplo la primera de la jornada de votación.

La consejera de Salud, Nekane Murga, lo ha vendido como una decisión lógica y ha descartado soluciones alternativas. Afirma que es algo parecido a los enfermos de tuberculosis “que tampoco van a poder ir a votar” (primera noticia que la tuberculosis continúe siendo una enfermedad endémica en Euskadi). Como también les ocurrirá a los que se rompan el fémur en una caída en la jornada de reflexión y tengan que mantener reposo absoluto el domingo. La Administración no está obligada a tener en cuenta las mil circunstancias en que puede estar una persona por problemas de salud, empezando por las que ya están hospitalizadas, pero ha tenido tiempo suficiente para examinar todas las alternativas posibles, en especial para los declarados positivos por pruebas PCR.

Podría haberse guiado por las normas establecidas en las elecciones de Corea del Sur –en cuestión de pandemias, todo lo que sea copiar a los surcoreanos es una buena idea–, donde se votó el 15 de abril en una situación no tan diferente a la actual en España: se había pasado lo peor de la crisis, aunque el riesgo de nuevos brotes seguía estando muy presente. En Euskadi y Galicia, se han tomado medidas para que los colegios electorales estén como una patena, sin que al parecer nadie pensara en la posibilidad muy real de que los contagios reaparecieran en algunas zonas concretas de una provincia.

La Xunta ha elegido otro camino más sutil. Habrán leído que el consejero gallego de Sanidad ha dicho que las personas con positivo por coronavirus no deben ir a votar, pero el anuncio no cuenta con ninguna base legal en forma de decreto, precisamente por las dudas jurídicas existentes. “Lo lógico es que no vayan a votar. Es una recomendación sanitaria”, se ha limitado a decir Alberto Núñez Feijóo. Sólo eso, una recomendación. El presidente de la Xunta admite que hay un vacío jurídico al respecto, porque a fin de cuentas la legislación ordinaria no te puede quitar el derecho al voto por razones sanitarias. Para eso estaba el estado de alarma, que no te dejaba ni salir de casa.

La baja participación en la segunda vuelta de las elecciones municipales francesas generó preocupación en el PP por la influencia de la pandemia en los comicios gallegos. Un vuelco inesperado a causa de una abstención por encima de lo normal introdujo un elemento de gran incertidumbre en una cita básica para el partido. Todo lo que no sea una mayoría absoluta de Feijóo le envía a la oposición. De ahí que se inventaran un hombre de paja para sostener que la izquierda había iniciado una campaña del miedo con el fin de advertir de los peligros de salir de casa para votar.

Pablo Casado se unió a la fiesta diciendo que es más seguro ir a votar a un colegio que “tomarse un café en un bar que esté más concurrido”. Todo depende del número de personas que entren en un bar y del tiempo que necesites para tomar un café. Feijóo afirmó que “votar será tan seguro como ir a la farmacia”. Pues sí que pasan tiempo los gallegos en las farmacias.

Uno de los puntos fuertes de la campaña de Feijóo para obtener la reelección es que nadie ha gestionado mejor que él la pandemia. De ahí que haya insistido tanto en que ir a votar sea tan seguro como quedarse en casa. Cuando el brote de A Mariña ha dañado esa posición es cuando han tenido que entrar en escena argumentos más creativos. Como el de decretar restricciones de movimiento durante cinco días en esa zona –un periodo de tiempo sin base científica–, que en realidad solo quería decir: dennos cinco días para ver si se nos ocurre algo. La respuesta ha sido limitar las restricciones más duras al municipio de Burela y confiar en que fuera de allí la cosa no se salga de madre.

Celebrar unas elecciones durante una pandemia plantea retos desconocidos a los gobiernos. Por lo visto en Corea del Sur y Francia, hay que llegar a la conclusión de que es posible celebrarlas y que no es necesario suspender la democracia. Lo que no esperábamos es que el derecho al voto quedara vetado a los nuevos apestados, lleven o no mascarilla.