El PP logra que EH Bildu y Vox tengan que recortar los carteles de sus apoderados en los colegios por ser propaganda

Menos de dos horas después de que se abrieran los colegios electorales en Euskadi este 21 de abril, a las 10.46 horas, la secretaria general del PP, Esther Martínez, ha presentado un escrito de denuncia ante la Junta Electoral porque los apoderados e interventores de dos formaciones políticas rivales, EH Bildu y Vox, llevaban carteles o acreditaciones muy grandes, lo que puede interpretarse como propaganda electoral. Reunida de urgencia, la Junta Electoral ha resuelto el asunto en cuestión de minutos, a las 11.28 horas, y ha pedido a independentistas y ultraderechistas que adopten las “medidas oportunas” para ceñirse a los formatos legales de 10 x 10 centímetros, como mucho. Las fuentes consultadas explican que en colegios de Bilbao, por ejemplo, los afectados han tenido que recortar con tijeras las credenciales para no ser sancionados.

La dirigente del PP, en su denuncia, aseguraba tener constancia de que EH Bildu y Vox habían dado a sus equipos “emblemas o adhesivos prohibidos” ya que tenían “un tamaño notoriamente superior al máximo permitido” en el artículo 95 de la ley electoral autonómica. En concreto, se permite que el personal de los partidos lleve una identificación pequeña con el nombre, símbolo y función, pero nada que pueda ser considerado “propaganda electoral” y rompa la neutralidad que ha de mantenerse en el interior de los centros de votación.

La Junta Electoral, reunida de modo permanente durante toda la jornada y que está presidida por el magistrado Iñaki Subijana, también presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), ha resuelto en muy pocos minutos y ha dado la razón al PP. Ha enviado instrucciones a las tres juntas electorales provinciales para que hicieran cumplir la normativa sobre el tamaño de los identificativos en todos los colegios. Este organismo ha recordado a EH Bildu y Vox que “en caso de incumplimiento pudiera incurrirse en responsabilidad administrativa”, según consta en la resolución, a la que ha tenido acceso este periódico.