El PSE-EE vuelve a avisar al Gobierno de Urkullu de que sin cambios no aprobará su ley educativa

El repentino adelanto de las elecciones generales en España, que se celebrarán el 23 de julio y no en otoño, puede proporcionar un inesperado balón de oxígeno a la ley educativa vasca. El proyecto, probablemente la iniciativa legislativa más relevante de la legislatura para el Gobierno de Iñigo Urkullu, se presentó en abril tras varios retrasos en las fechas prometidas y ha empezado ahora, casi en junio y tras el parón por las elecciones municipales y forales, su tramitación en el Parlamento Vasco con la presentación realizada por el consejero del ramo, Jokin Bildarratz. Los comicios se celebrarán en período inhábil y no detendrán los trabajos legislativos, como sí habría ocurrido en octubre o noviembre. Ello no elimina todas las dificultades del calendario, ya que ahora, antes del verano, apenas hay unas semanas de trabajo parlamentarios efectivo y después no se retoma hasta finales de septiembre. En otoño, la tramitación de los presupuestos tiene prioridad y, desde luego, el Ejecutivo tiene otras leyes en cola que llegaron antes a la Cámara. Después de Navidad, se desconoce qué margen real hay para seguir trabajando, ya que será en esa primera parte de 2024 cuando se convoquen las autonómicas y se acabe la legislatura.

En todo caso, el mayor obstáculo sigue siendo la falta de acuerdo en el seno del Ejecutivo, entre el PNV y el PSE-EE, que ha vuelto a exhibir públicamente sus discrepancias. Y lo hacen mientras negocian un acuerdo global para garantizar la gobernabilidad en la mayoría de instituciones vascas tras las forales y municipales.

Fuentes del Gobierno insisten, en todo caso, en que hay tiempo suficiente para que la ley vea la luz antes de las elecciones vascas. Incluso lo sostenían antes en previsión de posibles parones en otoño. Sin embargo, aunque Bildarratz ha indicado en su exposición en la Cámara que la norma bebe de un acuerdo de bases previo suscrito “por el 90%” de la Cámara, es decir, por los dos partidos del Gobierno, PNV y PSE-EE, y por las dos fuerzas principales de la oposición, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU, la realidad actual es que aquel consenso inicial se ha roto. De entrada, la coalición Elkarrekin Podemos-IU ya se ha desmarcado totalmente de la ley y no la apoyará al entender que no entra a corregir que casi el 50% del alumnado en Euskadi estudie en centros de titularidad privada, el dato más alto de España. El PSE-EE, al conocer la redacción definitiva de la ley, exhibió con claridad sus discrepancias con el PNV, que es quien dirige en la coalición de Gobierno el área de Educación. No consta que se hayan reconducido todavía esas diferencias, como ha manifestado este miércoles María Jesús San José.

Finalmente, EH Bildu y el PNV discrepan abiertamente en un punto estratégico de la ley. En el texto -como tampoco en el pacto político previo- no figuran los modelos lingüísticos que han funcionado durante cuatro décadas en Euskadi, el A en castellano, el D en euskera y el B bilingüe. Se apunta a un marco “plurilingüe” único con la lengua vasca como “eje” y con el resto como lenguas de “aprendizaje” también. Asimismo, se apunta a unos niveles mínimos de exigencia -“perfiles de salida”- al término de la etapa obligatoria, el B2 en los idiomas oficiales -en los dos- y el B1 en la primera lengua extranjera -mayoritariamente el inglés-. Ni en más de cien artículos ni en las 1.300 páginas de las memorias enviadas a la Cámara se menciona el sistema antiguo y la coalición abertzale cree que ello responde al espíritu de lo acordado, pero Bildarratz ha venido insistiendo en que no desaparecen los modelos y en que las familias podrán seguir eligiéndolos. Alega que no se regulan en esta ley sino la regulación del euskera. En su comparecencia, Bildarratz ha pasado de puntillas sobre este asunto. “No hay que buscar problemas donde no los hay”, ha dicho. Sin embargo, sí ha citado que también es importante incorporar las lenguas y culturas de origen de los estudiantes extranjeros y también reforzar las competencias lingüísticas de los profesionales docentes, así dar “autonomía” a cada colegio para que elabore su propio plan.

El consejero, en sus 40 minutos iniciales, ha preferido quedarse una valoración general de la propuesta, sin entrar en las aristas más polémicas. Ha mencionado el “empoderamiento” de los centros, que el alumnado es lo más importante y no las instalaciones, los ratios u otros debates, la importancia de la “inclusión” de la diversidad y de la lucha contra la segregación o la “gobernanza compartida”. Ha asegurado que es una ley “estratégica” para Euskadi. Solamente tras las intervenciones de los partidos ha surgido el debate.

Es ahí donde las diferencias en el seno del Gobierno se han vuelto a poner en evidencia en público. “Albergamos dudas”, ha resumido la nueva portavoz en la materia del PSE-EE, la exconsejera María Jesús San José. Ha explicado que, dentro del Consejo de Gobierno, dieron luz verde a que la propuesta fuera enviada al Parlamento pero ha recalcado que los consejeros socialistas lo hicieron para “no obstaculizar” la tramitación, ya de por sí compleja. Pero ha pedido cambios y negociaciones en la Cámara para retocar la ley y que pueda salir adelante. “Para contar con nuestro apoyo futuro, hay elementos que necesitan ser revisados. Confiamos en que se produzca”, ha señalado San José ante un Bildarratz con rostro serio y la mano en el mentón.

San José ha realizado una lista “no exhaustiva” de puntos de conflicto. Ha citado, por ejemplo, la necesidad de “clarificar” que la escuela pública sea el eje del sistema y la garantía de gratuidad de la enseñanza. Y se ha detenido más en los modelos lingüísticos. Citando la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, San José ha indicado que las dos lenguas oficiales han de ser “instrumentos de aprendizaje”. “Ninguna ha de ser excluida como lengua vehicular. Estamos dispuesto a llegar a nuevos consensos pero no apoyaremos [...] una escuela únicamente euskaldun, sino [una] plurilingüe [con] la garantía de poder estudiar en euskera y en castellano”, ha explicado.

El consejero de Educación no ha querido abrir una gran brecha con los socios. Ha “agradecido” su “aportación” al debate, ha pedido no hacer política “a base de titulares” -“de ciento y pico artículos parece que solo debatimos sobre uno”- y se ha quedado con que el texto salió del Consejo de Gobierno por unanimidad, también con el apoyo de los tres consejeros socialistas. “Yo estoy allí y los debates son secretos, como todos sabemos. No va a haber en el debate de este texto ningún problema si se está en lo argumentado en ese foro, que evidentemente no puedo hacer público”, ha enfatizado Bildarratz, dando a entender que el PSE-EE está usando ahora nuevos argumentos que antes no fueron un problema. En ese sentido, ha recordado que en el pacto de bases suscrito con ellos tenía una definición sobre el marco lingüístico idéntica a la de la ley.

EH Bildu, en cambio, ha mantenido una postura de mucha mayor mano tendida que el PSE-EE, algo que ha parecido agradecer Bildarratz. Ikoitz Arrese, su portavoz, ha reconocido que el texto requiere de “mejoras” y de “concreciones” y ha adelantado que presentarán una batería de enmiendas para hacerlas posibles. Sin embargo, ha venido a destacar que es una buena base para reformar al fin el marco educativo y que sea una “realidad” en “esta legislatura”.

Desde Elkarrekin Podemos-IU, que ya se descolgó del pacto educativo y se situó en contra de esta ley, Isabel González ha insistido en que la propuesta del Ejecutivo “ignora dos de los grandes problemas” del modelo vasco, “el exceso de peso de la concertada y la segregación”. “No vemos que se aporten soluciones a estos dos grandes problemas. Es una oportunidad perdida”, ha diagnosticado González, que ha apunta que hay una confusión deliberada “entre lo público” y lo “sostenido con fondos públicos”, equiparando colegios privados concertados con los públicos, según ha indicado. Bildarratz ha recalcado que Euskadi es la comunidad que más fondos destina por alumno en la red pública y que hay prevista una inversión de 800 millones adicionales hasta 2030.

Dentro del grupo conjunto que aún mantienen PP y Ciudadanos, es el partido naranja el que lleva Educación y ha tomado la palabra su único parlamentario, José Manuel Gil. “Es el peor proyecto de Educación de la historia de Euskadi. Está al servicio de su proyecto nacionalista”, ha afirmado. Vox también ha manifestado que está “muy en desacuerdo” con la propuesta y se ha quejado de que el Gobierno se reserve hasta “53” desarrollos normativos futuros para concretar el alcance de la ley.