Salarios congelados para 1.250 cuidadoras a domicilio mientras “los ayuntamientos pagan a las empresas un 23% más”

1.250 trabajadoras se reparten cada día por diferentes domicilios de Bizkaia. Unas ayudan a levantarse a un anciano, otras colaboran en las tareas de una persona dependiente. Les asean, les dan la comida, o se la hacen, o van al supermercado por ellos. Tareas 'esenciales' en una sociedad cada vez más envejecida, sin las que todas esas personas a las que atienden no podrían permanecer probablemente en su domicilio y tendría que estar en una residencia. El carácter esencial se les otorgó sobre todo durante la pandemia. Esa época en la que se puso en valor la importancia del sector de los cuidadados. Entonces estas trabajadoras se convirtieron en 'ángeles' para muchos ancianos solitarios. La administración les reconoció su labor “con una palmadita en la espalda”, ironizan. “Somos esenciales, pero solo para el trabajo, no para que se reconozcan nuestros derechos”.

Este lunes inician una huelga de cinco días. Otra más. También pararon en diciembre del año pasado. Y empezaron el año 2023 con otra huelga para exigir la negociación de un convenio con condiciones dignas. El seguimiento del paro es del 100% de las trabajadoras, pero los servicios mínimos de este servicio esencial son tan elevados -el 90%- que los usuarios a penas lo notan. Por eso, tienen que llevar más que cualquier otro sector, su protesta y su enfado a la calle. Porque están enfadadas y no es para menos. “Ari, ari, que cuide el lehendakari”, han coreado ante la sede del Gobierno vasco en Bilbao, desde donde se han manifestado hasta el Ayuntamiento trabajadoras del sector de CCOO y UGT. ELA que también ha convocado cinco días de paro ha llevado su protesta a las calles de Galdakao.

Este 2023 es ya el octavo año en el que están con el sueldo congelado. El último convenio que firmaron está sin actualizar desde 2015 y pese a las huelgas y las protestas las patronales siguen sin moverse de la última oferta. “Una propuesta ridícula que no podemos aceptar”, dicen: “Un incremento de un 3,6% para tres años de convenio. Un 1% para 2023, otro 1% para 2024 y un 1,6% para 2025”. “Una vergüenza”. Y mientras tanto, con la negociación del convenio bloqueda, “la administración mira para otro lado”, denuncian.

“Hay que recordar que con los impuestos que pagamos todos los ciudadanos se están enriqueciendo a unos sinvergüenzas que no quieren poner en marcha un convenio colectivo para las trabajadoras de este sector”, ha señalado la secretaria general de CCOO Euskadi, Loli García, durante la manifestación de las trabajadoras en Bilbao. “Mientras a estas trabajadoras no se las quiere subir el sueldo, son ellas las que han presionado a a los ayuntamientos para que se incrementaran los pliegos de contratación y las licitaciones se han subido un 23% en este tiempo, que ha quedado directamente en los bolsillos de los empresarios. Y esto es dinero público. Si alguna responsabilidad hay que exigir a las administraciones públicas es que estas trabajadoras no han visto no un euro en sus bolsillos, de un dinero que sale de las arcas públicas”. “Alguien tiene que tomar cartas en el asunto llamamos a las administraciones a que acaben con esta situación”, ha agregado.

Recuerda Alicia Graña, responsable de CCOO en el sector, que las empresas se han quejado siempre de que las licitaciones eran bajas y tenían que ajustar en los sueldos. “Pero sube la licitación y siguen si queren subir nuestros sueldos”. Empresas como Urgatzi, Aztertzen, Lagunauz, Aurreriantz y Valoriza, “tienen a las trabajadorass en precario mientras Diputación y Ayuntamientos miran para otro lado”, insiste.

“Hay que revalorizar el sector de los cuidados y el trabajo que hacen estas mujeres”, dice Loli García. “Porque mientras no lo hagamos no vamos a estar ni en igualdad de condiciones, ni en igualdad entre hombres y mujeres”. Y recuerda que cuando se asigna un dinero a las familias por la ley de dependencia la labor de los cuidados acaba recayendo en las mujeres que acaban reduciendo su jornada o pidiendo excedencias. “Esta pelea la vamos a ganar, lo tenemos muy claro, no vamos a ceder en ningunta de nuestra pretensiones, lo que estamos reivindicando es de justicia social”.

Reclaman también otra consideración para este servicio, que es el único “que no está en la cartera de servicios sociales . Es decir, no hay una normativa común, ni ratios…La Diputacon da un dinero a los ayuntamientos y los ayuntamientos lo regulan como quieren. Este es un servicio que es muy importante. Ayuda a muchísima gente, evita que la gente acabe en las residencias. Todos vamos a ser dependientes, y todos queremos estar en nuestros domicilios”, señala Alicia Graña. “Pero somos el pila básico de la ley de dependencia y mira como nos tratan”, dice. Salarios congelados y bajos, contratos parciales y muchas veces distribuciones aleatorias de los trabajos que impiden a la trabajadora organizar su vida personal.

La secretaria del área sociosanitario y de dependencia de UGT Euskadi, Marili Granado, ha recordado tambén que son trabajadoras que llevan ocho años sin convenio “intentando negociar con las patornales una subida salarial”. Según ha subrayado, la parte sindical ya rebajó las pretensiones para un nuevo convenio y se “dejó solo la cuestión salarial” que es “apremiante con los IPC que se están produciendo”.

Granado ha afirmado que hay posibilidades para esa subida salarial porque los ayuntamientos, que son los que realizan la contratación de las empresas, están realizando “subidas muy importantes”, ya que el precio hora ha subido en estos últimos ocho años una media de ocho o diez euros/hora“. Por ello, ha coincidido con Loli García en que ”ya va siendo hora de que tomen cartas en el asunto“.

Desde ELA han considerado “inadmisible” que ayuntamientos, mancomunidades y Eudel permitan a las patronales del Servicio de Ayuda a Domicilio de Bizkaia “precarizar el servicio”, y han denunciado una pérdida del poder adquisitivo “mayor al 11,20%”. Además, ha subrayado que la plantilla reivindica “mejoras básicas” en las condiciones de trabajo y la calidad de los servicios como son “estabilidad” en el empleo (contratos a tiempo completo e indefinidos); mejoras en la conciliación (licencias, agrupación de servicios...); así como intensificar las horas de servicio computándose, como mínimo, una hora trabajada, independientemente de que la duración del mismo sea menor.