Sánchez recibe a Urkullu en La Moncloa con las tensiones de la “cogobernanza” de la pandemia y la transferencia de Prisiones sobre la mesa

Está documentado que durante el 'procés' independentista catalán y tras la moción de censura de Mariano Rajoy –propiciada en buena medida por la decisión del PNV– el lehendakari, Iñigo Urkullu, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantuvieron una relación epistolar y telefónica tremendamente regular. Ahora, al hilo de una llamada de hace unos días para analizar los efectos de la borrasca Filomena, Urkullu y Sánchez han cerrado una reunión presencial en La Moncloa, que es la primera en más de dos años y que llega en el día en que en Euskadi entra en vigor el confinamiento perimetral de todos los municipios para contener la expansión de la COVID-19, que se ha disparado un 89% en dos semanas. Se celebrará a las 17.00 horas de este lunes. En un inicio se habló de que sería en febrero.

Explican desde el Gobierno central que la pandemia había impedido la celebración de este encuentro, que estaba pendiente desde las elecciones autonómicas de julio de 2020. En ellas, el PNV de Urkullu ganó con holgura y de la mano precisamente de los socialistas ha conformado un Ejecutivo de coalición con mayoría absoluta en el Parlamento Vasco. Eso sí, ambos mandatarios han coincidido en algunos eventos, como la conferencia de presidentes presencial de San Millán de la Cogolla o unos días antes en el homenaje de Estado a las personas fallecidas hasta esa fecha por la COVID-19.

Desde Ajuria Enea han confeccionado una larga lista de temas que tratar con Sánchez. En el plano sanitario, en estos meses Euskadi no ha escatimado en críticas a las decisiones que venían de Madrid –los socialistas vascos llegaron a poner pie en pared– y todavía colea la última polémica por la imposibilidad de adelantar el toque de queda con el actual marco del estado de alarma. El Gobierno vasco también alzó la voz cuando el Ministerio de Sanidad deslizó que primaría el reparto de vacunas a las comunidades autónomas con procesos más avanzados si se reducía el suministro. Euskadi suele figurar en la cola en las estadísticas diarias por su política de guardar por sistema el 50% de todo lo que llega para garantizar una segunda dosis a todos los que tienen administrada la primera. Antes hubo choques con el primer confinamiento, con la parada de la economía, con la vuelta a las aulas, con el reparto de materiales o con la elección de la provincia para hacer la desescalada en primavera.

En materia económica, Urkullu tiene la mira puesta en que las autonomías puedan participar en el reparto de fondos europeos. Euskadi aspira a captar 5.700 millones y apela a un sistema de codecisión multinivel, aunque desde abajo representantes municipales al margen de las capitales han acusado al Ejecutivo vasco del mismo centralismo que reprocha a Sánchez. Esta semana, el consejero de Economía, Pedro Azpiazu, ha remarcado que la Unión Europea no veta la presencia de las regiones en este debate. “Pero, al final, con más o menos vaivenes, somos socios. En Euskadi y en Madrid”, razonan desde Ajuria Enea.

Aunque opacado y retrasado por la pandemia y por otras vicisitudes, es el calendario pactado para completar las transferencias pendientes del Estatuto de Gernika, de 1979, el asunto principal que ocupa a ambos gabinetes. Son alrededor de tres docenas. El PNV siempre ha destacado de Sánchez que haya sido el primer presidente en poner negro sobre blanco un cronograma para la ejecución de los traspasos pendientes, aunque no es menos cierto que los plazos fijados nunca se han ido cumpliendo y que el proceso solamente ha tenido algunas firmas simbólicas, como la cesión de los últimos tramos de carretera titularidad del Estado en la comunidad autónoma, parte de las autopistas AP-68 y AP-1.

En Navidad se conoció que ambos Gobiernos tienen ya un “borrador” para la que será la transferencia de la competencia más simbólica del primero de los bloques definidos. Se trata de Prisiones –que no de la regulación de la política penitenciaria–, que antes solamente había sido cedida a Catalunya. El Gobierno vasco gestionará las tres cárceles –Zaballa, Martutene y Basauri– y los funcionarios pasarán a depender de Lakua como los ertzainas o los sanitarios de Osakidetza. Para el final queda un “estudio” sobre un posible traspaso de la gestión del régimen de la Seguridad Social, que no rompería la 'caja única' –lo prohíbe el Estatuto– pero haría que las cartas de abono de las pensiones llevaran membrete de la Administración autonómica. Esto no lo hace ninguna comunidad y la cesión de la gestión del nuevo Ingreso Mínimo Vital –que ya se ha hecho 'de facto' pero no 'de iure'– podría servir como un antecedente, como señaló el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban. En medio, quedarían pendientes materias muy menores (como el ISBN) o calibrar el alcance de acuerdos sobre puertos y aeropuertos, porque en el caso de Loiu, Foronda y Hondarribia solamente sería posible su traspaso si se degrada su categoría y dejan de ser considerados de “interés general”. El espejo catalán muestra que allí la Generalitat únicamente gestiona los pequeños aeródromos de Lleida y la Seu d'Urgell mientras que las grandes infraestructuras como Reus o, sobre todo, El Prat de Barcelona siguen en manos de Aena.

Finalmente, otro asunto que ha marcado las conversaciones de Sánchez y Urkullu en el pasado es el de la situación de los presos de ETA. Eso sí, la política de acercamientos a cárceles del entorno de Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra que aplica el Ministerio del Interior no dista sustancialmente de las propuestas que en este sentido ha venido realizando el lehendakari. Alrededor de 150 reclusos han sido acercados durante el mandato de Sánchez, los últimos esta misma semana.