Sindicatos del Metal de Bizkaia y patronal, dispuestos a acercar posturas con la mediación del Gobierno vasco

Los sindicatos del Metal de Bizkaia y la patronal del sector se han reunido por primera vez con la mediación del Gobierno vasco para intentar acercar posturas en un conflicto que se mantiene enquistado desde el finales del año pasado, cuando los trabajadores secundaron más de una semana de huelga en el sector para exigir la firma de un convenio que garantice que no pierden poder adquisitivo. De momento, las partes han ratificado su intento de “acercar posturas” y han quedado en volver a reunirse el próximo lunes día 23 con nuevas propuestas.

La mediación del departamento de Trabajo y Empleo se ha producido a instancias de los sindicatos CCOO, UGT y LAB y aceptada por la patronal FVEM. ELA no pidió la mediación pero si ha asisitido a la reunión que ha tenido lugar este lunes en la sede del Gobierno vasco en Bilbao. Este ha sido el primer encuentro desde la reunión que se mantuvo el pasado 21 de diciembre. Ya en este encuentro la mayoría sindical había rebajado algunas de sus exigencias aunque no fue suficiente para llegar a un acuerdo con la patronal.

A la espera de las nuevas propuestas que se pongan sobre la mesa la semana que viene, con el Gobierno vasco buscando un punto de encuentro, lo más positivo de la reunión de este lunes es que todos parecen dispuestos a ceder en aras de un acuerdo al que están esperando los casi 50.000 trabajadores que están empleados en este sector. Incluso ELA ha puesto de manifiesto su “voluntad negociadora” aunque ha considerado que es la Federación Vizcaína de Empresas del Metal la que tiene que realizar cambios en su propuesta.

Desde CCOO, UGT y LAB han señalado que la mayoría sindical apuesta por “continuar la negociación y la mediación y tratar de conseguir un acuerdo que actualice los derechos de las trabajadoras y trabajadores del Metal de Bizkaia”.

Este es uno de los principales conflictos laborales a los que el fin de año ha pillado sin solución con el problema de la subida de la inflación tensionando la negocaciación. Los sindicatos quieren garantías de que no perderán poder adquisitivo durante la vigencia del convenio -de 2022 a 2025- mientras que la patronal asegura que trasladar la subida del IPC de forma directa a los salarios puede llevar a cerrar empresas.