Vecinos de Sopuerta insiste en que no son “xenófobos ni racistas” pero exigen la “paralización” del centro de menores

Las protestas de vecinos de Sopuerta (Bizkaia) contra el centro de menores no acompañados que la Diputación ha anunciado que instalará en el palacio Quintana del municipio, que antiguamente albergaba una residencia de mayores, han subido de escalafón este lunes después de que llegaran a las Juntas Generales de Bizkaia. Varios de los vecinos que encabezan las críticas al proyecto, que por el momento no han creado una asociación, pero que se organizan mediante un grupo de WhatsApp con cerca de 400 miembros, han exigido en una comparecencia la “paralización” de la apertura del centro alegando que “ni Sopuerta, ni el tipo de centro diseñado, ni la empresa elegida para gestionar el recurso foral, cumplen los requisitos mínimos para garantizar la integración y la igualdad de medios y oportunidades”.

Sergio Fernández ha sido el vecino que ha actuado como portavoz ante la comisión de Peticiones y Relaciones con la Ciudadanía del Parlamento foral. Fernández, asegurando que hablaba en representación de “todo el pueblo”, ha señalado que están “preocupados y enfadados por la forma opaca y no participativa” en la que la Diputación ha tomado la decisión de abrir el centro que, según la propia institución foral, atenderá, según ha anunciado la diputada de Acción Social, Amaia Antxustegi, entre 9 y 30 menores de más de 14 años. Tras lamentar que “no ha habido debate ni acuerdo con los vecinos”, Fernández ha criticado que, desde su punto de vista, el municipio “no reúne las condiciones idóneas para instalar un centro de estas características en el que convivirán menores ”sin referentes familiares“.

“Sopuerta tiene carencias de todo tipo. Es una localidad diseminada y muy extensa, donde habitan 2.729 vecinos y vecinas, y que carece de Policía Municipal, Ertzaintza, servicios de urgencias sanitarias o ambulancias. Tiene un servicio de salud deficiente y su servicio médico está saturado. Además, el trasporte público es también deficiente, con solo tres recorridos a Bilbao los días laborales”, ha lamentado Fernández en un discurso en el que ha recalcado que “Sopuerta no es un pueblo con actitudes xenófobas o racistas” y ha preguntado por el modelo elegido de centro y por el perfil y la calificación de las personas que se harán cargo del mismo.

Los vecinos de Sopuerta llevan más de un mes de protesta, concretamente desde que se enteraron de que un centro de menores iba a abrir en el municipio gracias a que se publicaron las ofertas de empleo necesarias para la apertura, desde psicólogos y trabajadores sociales hasta personal de limpieza y mantenimiento, entre otros. Desde entonces, han protagonizado manifestaciones, una recolecta de 2.000 firmas de personas del pueblo y de alrededores y reuniones con representantes políticos. Las inmediaciones del centro están repletas de pintadas en las que se lee “No al centro” en castellano y euskera y en contra del Ayuntamiento, el Gobierno vasco y hasta la Agenda 2030, a quienes se acusa en los mensajes escritos en la pared de estar “manipulados” y ser “hipócritas”.

Joseba Rubio es una de las caras visibles de las protestas vecinales contra el centro de menores. En una entrevista con este periódico en la que repitió en reiteradas ocasiones que “no es racista”, trató de argumentar que lo suyo es más “una preocupación por qué pasará” y por el “desconocimiento” sobre cuántos menores llegarán al centro. “Aquí no hay ningún racista, pero preferiríamos que vinieran noruegos. No sabemos si los que vienen son buenos o malos, en las ofertas de empleo piden a gente que sepa árabe y cerca ha habido otros dos centros y han tenido muchos problemas. Nos están obligando a aceptar a gente que puede ser conflictiva. Aquí vienen casi todos los días marroquíes, no hay ningún problema, no hay nadie racista, hablan con todos. No hay ningún problema, el problema es cuando nos obligan. Traen algo que no ha pedido el pueblo”, señaló Rubio en el bar más cercano al palacio Quintana, donde el pasado jueves ya se apreciaba el movimiento de personas restaurando el inmueble para acoger a quienes se instalen ahí.

Tras un pleno ordinario celebrado ese mismo jueves de más de tres horas y media de duración, que se alargó hasta pasadas las 21.30 de la noche, el alcalde, Félix Agustín Cuadrado trató de calmar a la multitud asegurando que “van a garantizar” que en el centro “se cumpla la normativa”. “Lo primero que hice al enterarme fue leerme la ley. Hice preguntas a la Diputación y os estoy contando las respuestas que me han dado. Nuestra obligación ahora será hacer un seguimiento exhaustivo de lo que va a pasar. Entrar al centro me va a ser complicado, porque me tiene que dar un permiso la Diputación cada vez que quiera entrar, pero este Ayuntamiento va a estar muy pendiente de lo que pase”, indicó mientras los vecinos cuestionaban una y otra vez si el equipo de Gobierno está “a favor o en contra” del centro de menores.

Los vecinos de Sopuerta, en su comparecencia ante los grupos junteros, han aludido al Plan Estratégico comarcal 2020-2023, elaborado en parte por la Diputación de Bizkaia, en el que se declaraba a Sopuerta municipio “de media-alta vulnerabilidad” a raíz de la falta de servicios educativos, de transporte e infraestructuras que tiene. Además de las “escaseces” Fernández ha criticado que en Sopuerta se “quiera replicar un modelo que ha fracasado en otros municipios de la comarca como Karrantza, y en otras localizaciones vizcaínas como Orduña o Amorebieta”, haciendo referencia a los “problemas de seguridad” creados, supuestamente, tras la llegada de menores extranjeros no acompañados a esas localidades.

El asunto ha generado un gran revuelo más allá de las fronteras del municipio vizcaíno y hasta Vox ha intentado sacar provecho. “Los políticos socialistas y separatistas son culpables de perturbar la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos del País Vasco. Es hora de repatriar a todos los inmigrantes ilegales a sus países de origen”, clamó el partido de Santiago Abascal, que es natural de una localidad a apenas 40 kilómetros de Sopuerta. Incluso se llegó a plantear la posibilidad que uno de los vecinos pusiera más de un millón de euros para comprar el palacio antes que la Diputación pudiese instalar el recinto. En diciembre, los menores no acompañados eran 667 en Euskadi, el 0,03% de la población.