Vox busca “inhabilitaciones” en el Parlamento Vasco tras haber ganado en el Constitucional por el 'cordón sanitario'

Vox quiere exprimir su victoria en el Tribunal Constitucional que ha obligado al Parlamento Vasco a levantar el cordón sanitario que le venía aplicando desde su irrupción tras las autonómicas de 2020, de modo que ha tenido alrededor de un tercio del tiempo y de la capacidad de presentar iniciativas que le corresponden al resto de grupos parlamentarios. Su única parlamentaria, Amaia Martínez Grisaleña, asegura que los servicios jurídicos de su partido, a cuyo frente está Macarena Olona, estudian volver a la corte de garantías para conseguir la “inhabilitación” de la Mesa, un órgano presidido por la nacionalista Bakartxo Tekeria.

Sin embargo, las fuentes jurídicas consultadas por este periódico indican que la reforma del Constitucional que dio poderes de este tipo al alto tribunal para garantizar la ejecución de las sentencias no contempla posibilidades como la que quiere Vox. La ultraderecha desea un castigo adicional a los miembros de la Mesa por haber mantenido dos años una medida que después ha sido censurada y por haberlo hecho sin informes jurídicos, pero la inhabilitación sólo es una opción para evitar que los dictámenes no sean acatados. Es la fórmula con la que se buscó evitar la desobediencia de los independentistas catalanes, por ejemplo. En el caso de la Cámara, sin ni siquiera haber recibido aún el fallo, ya se han derogado todos los acuerdos que reducían la participación de Vox en la vida parlamentaria.

“Deberían dimitir si tienen un poquito de vergüenza”, ha insistido Martínez Grisaleña, que ha tardado casi una semana en ofrecer una rueda de prensa tras conocerse la sentencia. Para ella, lo más grave es que la Mesa “ya apunta a la reforma del reglamento” para volver a reajustar la participación del Grupo Mixto a pesar del varapalo del Constitucional. La base de ese 'cordón' era que este grupo es de un máximo de tres integrantes y que, como Vox solamente tiene un escaño, se reducía su cuota a un tercio. No obstante, en la legislatura 2012-2016 UPyD estaba en la misma situación y no fue aplicada esta previsión. “Estamos dispuestos a reabrir el frente judicial. Desde Vox les plantaremos cara. Si cambian el reglamento, advertiremos de acciones penales”, ha clamado.

En el pleno de este jueves, Martínez Grisaleña ya ha tenido diez minutos de tiempo. Sin embargo, la realización aún no ha identificado a la parlamentaria como de “Vox”. Otra de las medidas anuladas por el Constitucional fue la decisión de no permitir al partido usar su denominación, de modo que era a todos los efectos “Grupo Mixto”. La representante del partido de Santiago Abascal ha asegurado que ya ha recuperado “derechos” de participación pero ha admitido que, en algunas ocasiones en lo que va de legislatura, no ha hecho uso ni siquiera de los tiempos reducidos que se le permitían. “Nosotros ajustamos los tiempos. Es imposible estar a todo”, ha justificado. De hecho, en su primer turno de diez minutos se ha quedado sin argumentos mucho antes de que se acabara su tiempo.