Hacienda se olvida del fraude en grandes empresas y fortunas, critican diputados autonómicos
Una comisión de diputados de la Asamblea de Extremadura, que estudia desde hace 15 meses el fraude fiscal, acusa a la Agencia Tributaria de estar más pendiente de los trabajadores con nómina, que de las grandes bolsas de evasión de impuestos que suponen las grandes fortunas y empresas. Todo ello viola el artículo 31.1 de la Constitución, por el que todos los contribuyentes deben aportar en función de su capacidad económica.
Las conclusiones de la comisión no permanente de estudio sobre el fraude fiscal en la región, fueron adoptadas ayer por unanimidad de los grupos políticos PSOE, IU, regionalistas de PREx-CREx, y también estampó su firma la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, que con ello suscribe las críticas a la Agencia Tributaria.
El dictamen, que irá ahora al pleno del Parlamento regional para su aprobación o rechazo en bloque (sin enmiendas), afirma que la actuación de la Agencia Tributaria, “demasiadas veces”, no está de acuerdo con el principio de igualdad establecido en el artículo 31.1 de la Constitución.
Ese artículo señala textualmente que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos, de acuerdo con su capacidad económica, mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.
Volcada en las nóminas
Sin embargo, apunta el informe de los diputados extremeños, la forma de actuar de la Agencia está “más volcada” en el control de las discrepancias que resultan de lo declarado por los perceptores de rentas y de capital sometido a la retención, para ver si coincide con los datos previos de que dispone Hacienda, que en la investigación de ingresos no declarados, a lo que dedica menos recursos humanos y materiales.
“Por no hablar”, abunda el dictamen, del control de las grandes empresas a las que el organismo tributario no dedica ni el 20% de sus medios, y aún menos se reserva para “las grandes corporaciones y fortunas, a pesar de que es donde se concentran las grandes bolsas de fraude”.
Todo esto supone olvidar el principio de igualdad constitucional, al que no sólo está sujeto quien hace las leyes y normas tributarias, sino los organismos encargados de aplicarlas como son el Gobierno, el Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria.
El PP se suma
A algunos diputados de la comisión no ha dejado de sorprenderles que sus compañeros del Partido Popular hayan suscrito esto obuses críticos con Hacienda, dentro de un informe que reclama, para el Congreso de los Diputados y en el caso de la región la Asamblea de Extremadura, un mayor papel en la aprobación y control de los planes frente a la economía sumergida, y en el seguimiento del cumplimiento de los objetivos de disciplina fiscal.
El informe propone la modificación del régimen de declaración de los empresarios autónomos, los módulos, tanto por el fraude que puede conllevar, como por la necesidad de hacer efectivo el principio de que cada cual paga según sus posibilidades.
