Un 12,4% de las recetas de medicinas extendidas en Extremadura son para medicamentos con marca, una de las tasas más altas de España, frente a la receta por principio activo o de fármaco genérico, que son más baratos.
La Comunidad asimismo es la que más se desvía de la media en el perfil de prescripción por parte de los médicos, es decir, que mandan medicamentos distintos a los que para la misma enfermedad recetan sus compañeros de otras regiones, según el estudio general sobre el gasto público que está haciendo la autoridad independiente de responsabilidad fiscal (Airef), en lo que respecta al gasto público en farmacia.
El dato final es que el extremeño es el paciente que genera mayor gasto farmacéutico de España, 276,5 euros por persona y año referido a 2017, que es el ejercicio que que la Airef ha estudiado en detalle, frente a 219,7 euros en la media nacional.
La autoridad de responsabilidad fiscal está analizando el gasto público, y en el caso de las medicinas ha encontrado cuestiones que si se resolvieran ahorrarían al Estado no menos de 2.000 millones de euros anuales; entre las recomendaciones, aplaude el sistema andaluz de subasta en la compra pública de medicinas para su Servicio de Salud, que torpedeó el anterior gobierno de Mariano Rajoy, y el actual autonómico PP-Ciudadanos-Vox pretende eliminar.
Ese sistema, añade está generando grandes ahorros “sin comprometer la salud de los ciudadanos”.
Extremadura
El estudio recoge el gasto anual en medicinas de la Comunidad, 315 millones de euros en el ejercicio 2017 entre otros datos analizados y comparados, y tras poner juntas las cifras de unas comunidades con otras advierte unas variaciones tan grandes que “no se corresponden” con las diferencias de salud medidas o percibidas por cada población respectiva.
Uno de los apartados es el referido a analizar dentro de cada región el perfil de gasto en medicinas, y el de prescripción en receta oficial, referido a las tres forma de mandarlos: los de marca, los genéricos (equivalentes a los anteriores cuya patente acabó), y por principio activo, es decir, el médico indica la molécula que ha de usarse para el tratamiento y cuando el paciente va a la farmacia el boticario ha de darle el más barato entre los que la llevan, ya que en parte se paga con dinero público.
En consumo general, en Extremadura el 66,5% del gasto recetado se lo llevan los medicamentos con marca (nombre comercial propio) y el 33,5% restante es para los genéricos, unos porcentajes que significarían un mayor gasto respecto al perfil medio nacional que es 42% de genéricos y 58% de medicinas con marca; el mejor comportamiento económico (más genéricos y menos marcas) es del de Cataluña, seguida de Andalucía y Castilla y León.
España además está mal situada en uso de genéricos en el contexto internacional.
Si se detalla el tipo de prescripción –por marca, por principio activo, o mandando genéricos- las tasas extremeñas son 12,4%, 60,5% y 27,1% respectivamente (media nacional 7,5%, 60,9% y 31,6%). Mientras Andalucía es donde menos marca se receta, el 1,99% de los casos, Castilla-La Mancha sería el caso contrario (20,7%); Extremadura es la quinta comunidad donde más nombres de marcas comerciales se contienen en las recetas.
La Comunidad tiene el récord de gasto farmacéutico por habitante y año –a pesar de que tiene una de las esperanzas menores de vida, subraya el estudio- y también el del número de recetas, 23,2 por habitante y año, aunque en gasto medio por cada una de ellas es la séptima, 11,9 euros de gasto público por receta.
Copago
El estudio de la autoridad independiente de responsabilidad fiscal apunta como injusto el actual sistema de copago farmacéutico, en el sentido de que castiga a trabajadores en activos con bajos sueldos, que han de abonar el 40% de las medicinas, frente a pensionistas algunos con pagas altas que solo abonan el 10%, y propone un mecanismo más adecuado a las rentas y no a la situación laboral.
Una mejor coordinación entre Gobierno y comunidades en cuanto a criterios y práctica de recetas, evaluación de los medicamentos a posteriores en coste/beneficio, y también no multiplicar esfuerzos en agencias autonómicas de evaluación de fármacos, son otras propuestas de la Airef.