Extremadura avalará a jóvenes que quieran comprar una vivienda

La Junta de Extremadura trabaja en un nuevo Plan de Vivienda, que “en breve” pasará el filtro de la concertación social, aunque ya se conoce cuáles serán sus principales líneas para convertir la vivienda en el quinto pilar del Estado de Bienestar, ha avanzado la consejera competente, Leire Iglesias, en el pleno de la Asamblea.

Iglesias ha explicado que se trata de “adecuar” el actual marco normativo para que la vivienda adquiera una “función social” y, en este sentido, la Junta ha anunciado la creación de un fondo de garantía que permita avalar la parte del préstamo de la vivienda habitual para quienes no tengan acceso al crédito, especialmente jóvenes con menos capacidad de ahorro. La consejera también ha adelantado que “se pondrá por delante” la protección de la infancia para impedir que los menores puedan ser desalojados de sus viviendas sin un mecanismo de protección adecuado.

Uno de los objetivos del Plan de Vivienda será conseguir que una una persona no tenga que destinar más del 30% de los ingresos al pago de la vivienda, “que el esfuerzo financiero esté por debajo de esa cuantía para poder tener una vida digna y adecuada”. No obstante, este objetivo ya se cumple en Extremadura, como ha admitido Iglesias, pero hay sectores que se encuentran fuera de esas circunstancias.

Para conseguir una moderación de los precios de alquiler, Extremadura va a definir una nueva tipología de vivienda protegida de alquiler asequible pública y privada, para lo que se ha ofrecido ya suelo en algunos de los principales municipios de la región, y se prevé una inversión de 17 millones euros y el inicio de la promoción de cerca de 350 viviendas para intentar bajar los precios del alquiler mediante el incremento de oferta.

En este sentido, también ha avanzado una modificación de la VPO, “no solo del precio del módulo, que permita nuevas necesidades de familias, de convivencia y de espacios”.

Viviendas sociales

Por otro lado, el Plan incluye 1,25 millones de euros para promoción de nueva vivienda de promoción pública y adquisición de vivienda pública para “evitar problemas de gentrificación y guetos del pasado”.

A esta inversión se unirán 10 millones para la sostenibilidad, rehabilitación integral o energética del parque público para acabar con la pobreza energética y una partida de 3 millones, consignados en los presupuestos regionales, para la conservación y recuperación de viviendas del parque público, ha anunciado la consejera, que ha asegurado que se mantendrán las ayudas de emergencia habitacional en colaboración con las entidades sociales “con programas piloto muy efectivos mediante el reconocimiento de ayudas al pago de renta en los casos que no haya viviendas sociales disponibles”.

Por otro lado, Leire Iglesias se ha referido a la recuperación de viviendas vacías y se ha comprometido a desarrollar el impuesto para grandes tenedores de viviendas vacías: “Basta de gente sin casas y casas sin gente, si una casa sin gente tiene como último fin la especulación tendremos que poder intervenir para garantizar su función social ”. En este sentido, la Junta elaborará un censo de viviendas vacías, gravará el incumplimiento de su función.

Apuesta por la rehabilitación

La portavoz de Unidas por Extremadura (UPE), Irene de Miguel, que ha coincidido en muchos aspectos con la consejera en que el objetivo fundamental del nuevo plan debe ser garantizar una vivienda digna “a aquellos que expulsa el sistema, como lo jóvenes”, ha pedido incrementar el parque público, incluyendo lo privado ya construido y las del SAREB.

Este último punto no es compartido por la consejera, no partidaria de destinar más dinero público a un proyecto cuyo origen no fue social si no “especulativo”.

Irene de Miguel también ha defendido que hay que apostar por la rehabilitación en los centros urbanos en lugar de nuevas construcciones en la periferia de los municipios, que no cohesionan, y ha asegurado que en la ley extremeña hay que apostar por salvar “los palos en las ruedas” que tiene la aprobada a nivel estatal.