La Junta evita la ‘polémica’ tras el fallo del TSJEx que reconoce la reducción de horas de Religión

La consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, ha manifestado este miércoles que el Gobierno regional no quiere “ninguna polémica” sobre la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) respecto a las horas de Religión que se imparten en los centros de enseñanza públicos.

El TSJEx ha desestimado los recursos interpuestos por la Asociación de Docentes de Religión de Centros Públicos y las entidades episcopales contra el Decreto 112/2018 que modificó la carga horaria de esa asignatura.

Ha señalado su “respeto total y absoluto” ante la decisión de las diócesis, los profesores y todos los implicados en este asunto. Según la consejera, la Junta pretendía reforzar las asignaturas troncales y favorecer a la mayoría de los alumnos en las materias de las que se tendrán que examinar.

“Responde al interés general”

“Se nos ha dado la razón porque responde al interés general; quieren agotar las vías, nosotros nunca hemos pretendido judicializar este tema, simplemente hemos hecho lo que correspondía al defendernos de los recursos y denuncias”, ha dicho.

Por otro lado ha asegurado que durante los próximos días se instalarán fuentes de agua fría en todos los centros de Educación Secundaria de la región para mitigar los efectos del calor, además de distribuir una guía de recomendaciones sobre cómo debe ser la organización de los centros de Primaria y Secundaria ante una ola de calor.

Además, las obras que se realizan en los centros de la región tienen en cuenta la instalación de porches y zonas de sombra y la modificación de las cubiertas se realiza con medidas que amortiguan los efectos del calor, aunque esta actuaciones requieren más tiempo. Asimismo, ha recordado el acuerdo firmado con todos los sindicatos para llevar al Consejo Escolar la interrupción de las clases y adaptación de los horarios con el consentimiento de los padres, que sigue vigente.

Sobre el decreto aprobado ayer en el Consejo de Gobierno para dar más autonomía a los centros educativos, ha explicado que es una iniciativa de gestión que entrará en vigor a partir del próximo curso para garantizar seguridad jurídica a los directores de los centros en sus actuaciones, ya que “muchas veces se toman ciertas decisiones y quedan en un limbo”, ha advertido.