El 80 % de las víctimas de LGTBIfobia en Extremadura no se atreve a acudir a la justicia

Sólo el 13 por ciento de las víctimas de LGTBIfobia atendidas en 2023 por la Fundación Triángulo en Extremadura presentaron denuncia, y solo una de las 25 asistidas este año por Extremadura Entiende lo ha hecho, unas cifras que ambas entidades quieren aumentar para que las agresiones “no queden impunes”.

Son datos que las responsables de las dos organizaciones, Silvia Tostado y Sisí Cáceres, han ofrecido este lunes momentos antes de participar en la reunión del Observatorio Extremeño contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género, que se ha reunido en Mérida presidido por la secretaria general de Igualdad y Conciliación, Ara Sánchez Vera.

Se trata de un órgano consultivo y de participación social, que no se convocaba desde mayo de 2022, y en el que este lunes se va a analizar la situación actual del colectivo y los retos a abordar, entre los que Sánchez ha expresado su especial preocupación por los delitos de odio y los datos suicidio asociados a estos casos, con 50 anualmente en España y casi un millar de intentos, ha apuntado.

En declaraciones a los medios, Tostado ha apuntado que la oficina de atención a víctimas de LGTBIfobia de la Fundación Triángulo -que ofrece acompañamiento psicosocial y jurídico- atendió el año pasado 29 víctimas -entre ellas agresiones físicas, al patrimonio, amenazas y coacciones-, de las que solo el 13% presentaron una demanda en los juzgados.

En líneas generales, ha apuntado que un 80% de las personas no se atreven a acudir a la justicia formal por varios motivos, entre los que ha mencionado “la obligación de tener que salir del armario en entornos que quizás no sean seguros” para las víctimas y un nivel de autoestima muy mermado que les lleva incluso a culparse a sí mismas de las agresiones. También ha mencionado como motivo que las víctimas siguen aún desconfiando de la capacidad que tiene las fuerzas y cuerpos de seguridad para atender sus demandas, algo en lo que se ha mejorado, según ha reconocido. Y frente a ello, ha considerado “imprescindible” trabajar en el ámbito educativo porque “la diversidad existe en nuestra sociedad, en los centros educativos también”, y porque esto “no es una cuestión de capricho ni de ideología, es una cuestión de derechos humanos”.

Plan en materia de LGTBI en la región, tal y como está recogido en la ley

Ha señalado que otra “gran tarea pendiente” es la elaboración de un plan en materia de LGTBI en la región, tal y como está recogido en la ley, y ha dicho “basta ya” a los chistes, comentarios y mensajes en los grupos de whatsapp que ridiculizan la “necesidad” de abordar la diversidad en el ámbito educativo. No obstante, ha valorado que “estamos en el buen camino” y ha subrayado la importancia de tener referentes como por ejemplo fue la sentencia que el año pasado condenó a un persona de un pueblo de Cáceres a cuatro años de cárcel por un delito de agresiones y otro de odio.

A su juicio, también es imprescindible que todas las personas, desde los ámbitos que ocupen, se involucren también en esta causa para evitar, además, que chicos y chicas se sigan marchando de Extremadura “para sentirse libres”.

En términos similares se ha pronunciado la responsable de Extremadura Entiende, quien ha explicado que se está trabajando en un protocolo para que las víctimas expongan su caso un sola vez y no tengan que revivir su agresión ante diferentes instancias. Ha destacado además que su organización está trabajando en un proyecto europeo con las fuerzas y cuerpos de seguridad, junto a la Universidad de Salamanca, para que la “infradenuncia” de los casos sea cada vez menor.

Se trata, ha indicado Cáceres, de que las personas denuncien con el fin de que a los agresores les llegue el mensaje “de que cualquier agresión no puede quedar impune” y de que socialmente haya una respuesta ante este tipo de hechos.

Por su parte, la secretaria general de Igualdad y Conciliación, ha trasladado la intención del Ejecutivo de dotar al Observatorio de “entidad y significación” para diseñar las políticas que la Junta debe llevar a cabo “para el pleno reconocimiento y defensa de los derechos de las personas LGTBI, garantizar una igualdad plena y tolerancia cero a cualquier delito o comportamiento discriminatorio”.