La Consejería de Medio Ambiente, que tiene las competencias en transportes, ha desistido de contratar la construcción del aeródromo de Cáceres al encontrar defectos en el expediente que podrían anular el procedimiento una vez adjudicado; la Mesa de Contratación reunida en abril pasado propuso que se firmara con la unión de empresas Construcciones Sarrión SL-Áridos CD SA.
El aeródromo de Cáceres fue anunciado públicamente como proyecto en octubre de 2014, y luego presentado por el entonces presidente de la Junta José Antonio Monago, la alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, y el consejero de Fomento Víctor del Moral.
Ahora en una resolución firmada el pasado 5 de noviembre por el secretario general de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, el Ejecutivo regional desiste de la celebración del contrato por “vicios” en el expediente, derivados de que el mismo carecía de la declaración de impacto ambiental, y de autorización para la instalación por parte de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.
Defecto sin solución
El antiguo secretario general de la Consejería de Fomento del Gobex aprobó técnicamente el proyecto sin embargo, y licitó la obra sin la declaración ambiental, defecto que “no es subsanable” y podría convertir en nula la adjudicación; además el servicio de transportes del Gobierno de Vara ha declarado recientemente el proyecto como inadecuado.
La decisión final es desistir de la celebración del contrato y archivar el expediente, sin perjuicio de que se reabra en su día; la resolución del Ejecutivo socialista subraya que no es una renuncia al fondo del asunto sino un desestimiento por los defectos citados.
Son tres los contratos que quedan en la estacada, el de construcción, el de dirección de la obra y coordinación de salud y seguridad laboral, y el de control de calidad de los trabajos.
Este aeródromo estaba pensado en principio como de uso privado (deportivo) y no comercial, pero el mismo proyecto era contradictorio pues no cerraba la puerta a que funcionara alguna vez como aeropuerto para un máximo de 250.000 pasajeros/año, apto para aparatos de aviación regional de hasta 70 pasajeros que son los que vuelan habitualmente entre Badajoz, Madrid y Barcelona.
Desde el principio el tratamiento ambiental de la instalación era dudoso, pues el Gobex eligió un procedimiento simplificado para acelerar los trámites, que luego el propio Gobierno de Rajoy tumbó y exigió un procedimiento más amplio y detallado.