La candidata del PP en Extremadura, María Guardiola, fue tajante el martes tras romper de forma pública la negociación con Vox, incapaces de entenderse para conformar un Gobierno de derechas: “Iremos a elecciones si hay que ir”. Sin embargo, ese escenario, el del regreso a las urnas, no le saldría gratis a los extremeños, puesto que pone en riesgo más de 1.600 millones de euros provenientes de fondos europeos y de los Presupuestos autonómicos para obras públicas, infraestructuras, ayudas y empleo.
El actual Ejecutivo de Guillermo Fernández Vara se encuentra en funciones, por lo que tiene muy limitada su capacidad de decisión desde la convocatoria de las elecciones del 28M. La ley extremeña de regulación del proceso de transición entre gobiernos establece las funciones que puede y no realizar la Junta en esta situación, unas restricciones que podrían extenderse hasta principios de 2024 en el caso de repetirse las elecciones a finales de octubre o en noviembre.
Es decir, Extremadura podría estar casi un año paralizada, como ya han alertado empresarios, colectivos sociales y algunos alcaldes, si PP y la extrema derecha no llegan a un acuerdo tras el verano o si Fernández Vara, que ganó las elecciones, no supera el debate de investidura, que aún no se ha convocado. Pero esta posibilidad es remota, dado que el PSOE está empatado en escaños con el PP (28) y la suma con los diputados de Unidas por Extremadura (cuatro) se queda a uno de alcanzar la mayoría.
La ley permite que el Gobierno interino gestione el “despacho ordinario de los asuntos públicos”, excepto en casos de urgencia, pero impide que se aprueben proyectos de leyes, que se firmen convenios con el Estado y otras administraciones o empresas, la firma de contratos (excepto para suministros y servicios), la concesión de subvenciones directas y la aprobación o publicación de convocatorias de empleo, entre otras limitaciones.
Fernández Vara ha explicado que Extremadura corre el riesgo de perder 413 millones de euros correspondientes a fondos Feder del Programa Operativo 2014-2020, todos ellos pendientes de certificar. Los proyectos que se podrían ver afectados son la primera fase del nuevo hospital Don Benito-Villanueva, que tendría que entrar en servicio a finales de este año, la facultad de Medicina de la Universidad de Extremadura en Badajoz, y numerosas infraestructuras hidráulicas, como las depuradoras de Mérida, Trujillanos, Mirandilla, Esparragosa de la Serena, Salorino y Almendral, todas en ejecución actualmente.
Centros de cuidados para personas mayores
En una situación similar se encuentran los fondos Next Generation. La Junta ya ha comprometido 274 millones de euros, el 36% de lo asignado, según datos de la Consejería de Hacienda, pero aún hay 150 millones autorizados. Este dinero corresponde, entre otros, a proyectos de energías renovable y vehículo eléctrico (61 millones); ocho centros de convalecencia y cuidados enmarcados en el nuevo modelo de atención residencial a las personas mayores en situación de dependencia que ha puesto en marcha Extremadura (45´6 millones); y obras de rehabilitación energética de entornos sociales en zonas de exclusión social (30 millones). No obstante, este gasto ya está autorizado, por lo que, en el caso de que hubiese Gobierno autonómico, “se podría comprometer de forma inmediata”, explican desde la Junta.
Por último, en cuanto a los Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx), el gasto comprometido con fecha de marzo, ante la convocatoria de las elecciones autonómicas y municipales, asciende a 6.855 millones de euros, un 86´3% de las cuentas. Por lo tanto, hay 1.085 millones de euros del presupuesto que podría no ejecutarse.
Y a este dinero que está en el aire, habría que sumar los 2,5 millones de euros que, según Fernández Vara, costaría repetir el proceso electoral en Extremadura.
Paralización de proyectos
El alcalde de Almendralejo (35.000 habitantes, Badajoz), José María Ramírez, ya ha advertido de que esta situación de interinidad en el Gobierno extremeño repercute en el funcionamiento de los ayuntamientos, que esperan subvenciones autonómicas y el reparto de fondos. En el caso concreto de la ciudad, está pendiente el contrato para la reforma integral del colegio público San Francisco o la reforma de la travesía de la carretera EX-105, y la obra del nuevo abastecimiento desde el embalse de Alange.
La patronal extremeña de la construcción, Pymecon, también ha mostrado su “enorme preocupación” ante la situación política que atraviesa la región y, en especial, por los “graves efectos que la paralización a la que parece abocada la principal institución de la región puede acarrear”. Un escenario que se suma a las obras públicas que quedan desiertas en Extremadura, que Pymecon valora en 84,6 millones, “por la incapacidad de asumir los costes debido a la inflación de los materiales y de la energía”.
El Club Senior, que agrupa a más de 200 profesionales pertenecientes a la sociedad civil, también ha llamado la atención sobre las consecuencias de una repetición de elecciones en otoño porque podrían verse perjudicados relevantes proyectos empresariales e industriales, como Elysium City, la azucarera de Mérida, o la fábrica de baterías de Navalmoral de la Mata (Cáceres), que, además, aún está pendiente de una nueva convocatoria del Perte del vehículo eléctrico.
Por último, la ley extremeña también impide que un Gobierno autonómico conceda honores y distinciones, con lo que se podría dar el caso de que este año no se concedan las Medallas de Extremadura con motivo del Día de Extremadura en septiembre, que se celebra en el Teatro Romano de Mérida.