La Asamblea aprueba por unanimidad la ley que elimina burocracia y agiliza los trámites de ciudadanos y empresas

El pleno de la Asamblea de Extremadura ha sacado adelante este jueves por unanimidad el proyecto de Ley de Racionalización y Simplificación Administrativa, que elimina burocracia y acorta plazos, para hacer más fácil la vida a ciudadanos y empresas y para atraer inversiones.

Con esta norma, que el presidente regional, Guillermo Fernández Vara, prometió en el debate de investidura de 2019, surge de la necesidad de un nuevo modelo económico y productivo que la administración regional debe ser capaz de adoptar para aprovechar los recursos y situará a Extremadura en la “vanguardia de la simplificación administrativa”. La diputada del PSOE, Estrella Gordillo, quien ha destacado la labor del Ejecutivo regional “que ha tendido puentes” para lograr el consenso en la aprobación de esta iniciativa, así como la colaboración del resto de grupos parlamentarios.

La ley se basa en tres líneas: el abordaje de los proyectos de forma transversal al margen de las competencias de cada consejería, la sustitución de los procedimientos para obtener una licencia o una autorización por una declaración responsable o comunicación y un plazo de un mes para emitir informes y tres meses para notificar la resolución, como normal general.

Todos los informes se solicitarán al mismo tiempo y se eliminará el alta a terceros, entre otras medidas para facilitar el procedimiento, lo que supondrá un atractivo para nuevas inversiones y proyectos tecnológicos e industriales, ha apuntado Gordillo.

Declaración responsable

Por otro lado, la ley establece que la declaración responsable o comunicación parte del papel del Estado como servidor del ciudadano y de su confianza en él, de forma que la empresa o el particular comunica que cumple los requisitos exigidos y la Administración lo comprueba a posteriori.Las declaraciones responsables serán exigibles en aquellos supuestos en los que la normativa vigente establezca la necesidad de acreditación del cumplimiento de determinados requisitos, mientras que las comunicaciones serán necesarias en aquellos otros supuestos en los que únicamente se deba poner en conocimiento de los datos identificativos, o cualquier otro relevante para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho.

En uno de los anexos se recogen hasta 31 casos concretos en los que se permite la declaración responsable o comunicación, relativos a la licencia de caza, los festejos taurinos de profesionales en plazas de toros fijas y otros recintos, los espectáculos o actividades recreativas de carácter extraordinario que reúnan a menos de 500 personas, la venta de entradas con recargo, la acreditación de víctima del terrorismo y la inscripción en el Registro de Policías Locales o en el de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo.

La ley también establece un régimen sancionador ante la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se incorpore a una declaración responsable o a una comunicación, o la no presentación ante la Administración competente de la declaración responsable o la documentación que sea en su caso requerida para acreditar lo declarado. Las multas varían entre los 3.000 euros de máximo para las infracciones leves, de 3.001 a 60.000 euros para las graves y de 60.001 a 1.000.000 de euros para las muy graves.

Incorporación de enmiendas

De las 123 enmiendas presentadas a la propuesta de ley, 95 fueron aprobadas en comisión, la mayoría transaccionadas, y después de la retirada de algunas de ellas, 10 de Ciudadanos y 15 del PP, han llegado vivas a la sesión plenaria, que no serán incorporadas.

Inicialmente, Unidas por Extremadura (UP) presentó cinco enmiendas de las que tres han resultado aprobadas, Cs presentó 36 de las que se han aprobado 26, de las 41 que planteó el PP, se han aprobado 25, y el PSOE presentó 41 aprobadas en su totalidad.

 El diputado de Cs, José María Casares, ha valorado la iniciativa legislativa aunque, a su juicio, existen aspectos mejorables, la mayoría, orientados a reducir los trabajos y plazos administrativos para la puesta en marcha de la nueva ley.

En la misma línea, el portavoz popular, Juan Luis Rodríguez, ha destacado que este proyecto de ley busca solucionar uno de los “grandes lastres” de la administración pública y ha defendido que la enmiendas propuestas por su partido “carecen de cualquier ideología y no pretenden otra cosa que cumplir los objetivos de eficacia y agilidad”.

El diputado de UP, Álvaro Jaén, ha destacado que la ley, que incluye puntos “muy valiosos” sale adelante gracias a las aportaciones de “mucho colectivos”, aunque criticado que la administración ha sido “muy poco ágil” en la tramitación parlamentaria de la misma, lo que ha considerado “una paradoja”.