Cuatro de cada diez consultas elevadas al Servicio del Defensor del Profesor en Extremadura están relacionadas con problemas para dar las clases, acoso tanto de padres como de alumnos e incluso agresiones por parte de los estudiantes.
Este servicio, puesto en marcha por el sindicato independiente ANPE, atendió a medio centenar de docentes durante el curso escolar 2015/2016, según informa esta organización.
Los conflictos
Los problemas con los alumnos siguen ocupando el primer puesto en los conflictos que afronta este servicio, pues suponen el 40 % del total de las consultas.
Los problemas para dar clase, acoso e incluso agresión de alumnos figuran en este porcentaje, en el que un 27 % se relacionan con episodios de acoso por parte de padres y falsas acusaciones elevadas tanto por los alumnos como por su progenitores.
En el conjunto de consultas atendidas, y en cuanto al nivel o etapa del profesorado que acude al Servicio, destacan un aumento de los casos en Primaria y Secundaria en detrimento de otros niveles como Formación Profesional o Adultos.
Aproximadamente el 54 % de los casos corresponde al profesorado de Primaria, el 37% a Educación Secundaria, 8% a Educación Infantil y un 1% al resto de enseñanzas.
Según el informe, han aumentado de manera significativa los problemas con la administración (abarcan el 33%) y, en concreto, los problemas con la dirección del centro (17%).
Proyecto de Ley de convivencia escolar
ANPE ha detectado una disminución del respaldo tanto de la dirección como de la inspección a los docentes, si bien siguen siendo más los compañeros que se sienten respaldados que aquellos que no.
Con estas cifras, el sindicato ha pedido la revisión, actualización y aprobación del actual Anteproyecto de Ley de convivencia escolar y participación de la comunidad educativa en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
ANPE ha solicitado la difusión, aplicación y puesta en marcha en los centros extremeños del Plan de actuación en relación con las alteraciones de la convivencia por acoso escolar en los centros educativos aprobado recientemente por la Consejería de Educación y Empleo.
Ha subrayado la necesidad de que se cumplan los decretos de convivencia, así como las Normas de conducta establecidas en los centros, y fijar una Ley específica de autoridad del docente.