Extremadura, en el punto de mira de las multinacionales mineras

La explotación minera a cielo abierto resurge con fuerza y comunidades como Extremadura resultan atractivas a grandes proyectos de multinacionales australianas, canadienses, árabes y de otras nacionalidades que ponen el foco en la región para extraer minerales como oro, hierro o cobre, así como litio, coltán, estaño y wolframio.

Muy vigilantes a la concesión de licencias autonómicas de los 230 proyectos solicitados, se encuentran plataformas ciudadanas y colectivos ecologistas, que alertan de los “daños irreversibles” de este tipo de minería,  como  la “destrucción del suelo”,  contaminación del aire y agua,  así como pérdida de biodiversidad, con especial incidencia en territorios naturales y de especial protección.

Estas organizaciones denuncian el “boom minero” y el respaldo institucional a actividades “totalmente” opuestas al desarrollo de políticas centradas en la economía verde y circular, como se comprometió la Junta a principios de legislatura, recuerdan.

Así lo critican desde Ecologistas en Acción de Extremadura, organización que ha presentado alegaciones por “ irregularidades” entre otras a las explotaciones de las mina de Valdeflores en Cáceres, a la de El Gato Montés en  Alconchel,  a la de El Rodeo en Gata y a la de la Codosera en Badajoz .

Su portavoz, Carmen Sánchez, explica que dentro de la organización se ha constituido un grupo de trabajo exclusivamente dedicado a la minería  y aún así no dan abasto en recopilar más detalles de todas las solicitudes en marcha, dada la “opacidad”, complejidad y falta de información pública por parte de las administraciones.

De hecho gran parte de las alegaciones presentadas están motivadas con el incumplimiento del periodo de tiempo que se deben exponer públicamente, tanto en tablones informativos, como en insertos publicitarios y portales digitales, además de a cuestiones relacionadas con el medio ambiente y aspectos técnicos.

Opacidad

Responsabilidades que la  Administración no cumple, cuando su obligación es trasladar de modo sencillo “quién lidera cada proyecto, qué se piensa extraer y cómo se hará”,  en cada uno de los territorios afectados, agrega.

Según los datos de la Consejería de Economía e Infraestructuras trasladados a Efe,  de los 230 nuevos proyectos mineros,  85 ya disponen de permiso de investigación de la Junta y otros 62 están en trámite de recibirlo.

Además hay que sumar 49 en trámite de concesión de explotación y 34 que corresponden a explotación de áridos, también pendientes de autorización.

En 2017,  en la Comunidad se contabilizan 159 explotaciones activas, según detallan las mismas fuentes.

Para Ecologistas la imagen que se tiene de la “Extremadura vacía” y “silenciosa”, así como la “alfombra roja” que  se tiende desde el Gobierno y la Junta a estos proyectos y la ley de minas de época “preconstitucional” facilita que se planten iniciativas que ponen en “peligro” el desarrollo turístico y sostenible de la región.

Pero la ciudadanía “empieza a tomar conciencia” y actuar al respecto y por ello en poco más de un año se han constituido tres plataformas contra este tipo de explotaciones dirigidas por capitales financieros que solo tributan el 1% de su actividad, según detallan, al tiempo que animan a la movilización contra proyectos que pueden dejar la región convertida en un “queso Gruyère”.

Plataformas

La primera en organizarse ha sido Plataforma Salvemos la Montaña de Cáceres,  surgida ante la “indignación” ciudadana al comprobar que la mina para extraer litio se emplazará a solo dos kilómetros de la ciudad, que es Patrimonio de la Humanidad,  y en plena montaña, lugar de oxigeno y ocio para los cacereños.

Además,  empleará voladuras que “contaminan” la atmósfera y afectará a las aguas subterráneas de la zona que también abastece a la ciudad de agua potable, explica la portavoz de los conservacionistas.

Después se creó la Plataforma La Raya sin Mina, en Valencia de Alcántara, donde existen seis permisos de investigación minera en curso. Y,  recientemente,  se ha constituido la Plataforma Sierra de Gata Viva que se opone y ha  presentado alegaciones  “por múltiples” irregularidades de tipo medio ambiental, técnico e informativo al proyecto de explotación minera a cielo abierto El Rodeo.

En la Comarca de Gata se pretende explotar terrenos en seis municipios de la zona como  Perales del Puerto, Villasbuenas de Gata y Gata (Cáceres), pese a ser emplazamientos rurales que apuestan el turismo de naturaleza, añaden.

Ecologistas alerta que incluso en la Siberia que opta a Candidatura de Reserva de la Biosfera por la Unesco se han demandado hasta 149 cuadrículas mineras entre Casas de Don Pedro y Talarrubias. Y se pregunta las consecuencias económica que acarrearán otros proyectos mineros como el de la localidad pacense Alconchel, que pretende sacar hierro y oro a medio kilómetro del Castillo de Miraflores, fortaleza que data del siglo XII.

Modificación de la ley de 1973

Esta organización a nivel estatal ha diseñado una propuesta de modificación de la Ley de Minas, con el objetivo de que se tengan en cuenta los aspectos medioambientales y sociales en todo con esta actividad.

La normativa vigente data de 1973 y por tanto es “preconstitucional y muy probablemente también inconstitucional”, según el colectivo,  que recuerda que fue “promovida” por las empresas extractivas, y que  favorece la “especulación” con las concesiones y autorizaciones.

Dado el incremento del precio de los metales y el abaratamiento de los trabajos de movimientos de tierra, las comunidades autónomas han sacado a concurso centenares de nuevos permisos de explotación minera de antiguos yacimientos que amenazan con “la destrucción de decenas de miles de hectáreas de gran valor natural”, en el país por lo que instan a modificar la ley  para que “en todo momento” se  respete la conservación de los valores naturales, así como los derechos de la ciudadanía, explican.

Agua

Así demandan excluir de la actividad minera todas las áreas de interés ambiental como Red Natura 2000, reservas naturales fluviales y cuencas de vertido de lugares de captación de agua potable, entre otras.

También piden que el ámbito de la ley al agua mineral embotellada no pueda ser tratado como recurso minero, “no hay que olvidar” que el acceso al agua potable es un derecho humano, establecido como tal por la ONU, aseveran.

Y para revertir la opacidad sobre estos proyectos, proponen un  procedimiento de consulta pública transparente, con plazos razonables y  que promuevan la máxima participación ciudadana.

Otra de las iniciativas es que los permisos se concedan una vez se hayan aprobado el plan de restauración, los estudios de transporte, electricidad y agua, así como el resto de documentación detallada que ahora no hay obligación de aportar.

Además incluyen un impuesto más proporcionado que refleje la explotación de un recurso público no renovable, ya que el tipo impositivo actual de las compañías mineras en el país el más bajo a nivel mundial.

Esta proposición de modificación de Ley se ha remitido a los ministerios de Industria, Comercio y Turismo y al de Transición Ecológica, además de a los grupos  con representación en el Congreso de los Diputados con el objeto de que la aprueben.

Desde Ecologistas en Acción en la Comunidad insisten en que es necesario hacer hincapié en todo lo que significa la minería y sus consecuencias para otros sectores económicos de la zona como explotaciones agrarias, ganaderas, turismo, actividades de naturaleza e instan a poner en la balanza “lo que tenemos y lo que se puede perder” en Extremadura.