Negacionistas de la COVID y de la ley: cuando no existe el derecho a ir a clase sin mascarilla

¿Ir a clase sin mascarilla es un derecho? ¿Pueden unos padres decidir que sus hijos accedan a un centro educativo donde este elemento de protección es obligatorio debido al contexto sanitario? El caso de las dos alumnas de un colegio público de Cáceres cuya familia se niega a que lleven mascarilla para ir a clase ha puesto sobre la mesa un hipotético conflicto entre el derecho a la educación y el derecho a la salud, después de que la Junta de Extremadura haya decidido, debido a este asunto, impedir la entrada de alumnos sin mascarillas en cualquier centro educativo de la comunidad sostenido con fondos públicos. El caso de estas alumnas de 3º y 5º de Primaria ya está en manos de la Fiscalía de Menores. Otro caso similar se ha registrado estos días en un colegio público de Mallorca, en el que dos alumnos se han negado a ponerse la mascarilla y les ha sido vetada la entrada.

El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Extremadura, Gabriel Moreno González, asegura que en esta caso no hay colisión entre dos derechos fundamentales, la educación y la salud, y que son “absolutamente compatibles” porque los progenitores de las menores no han argumentado otros derechos que puedan conculcarse al obligarlas a ponerse mascarillas. “Podrían existir razones sanitarias, religiosas o de objeción de conciencia”, explica, pero no es esta la situación.

A su juicio, este es el principal motivo por el que la norma del centro debe prevalecer, puesto que es la que vela por la protección de ambos derechos fundamentales. Si este reglamento no se respeta “de lo que estamos hablando es de la negativa de dos ciudadanos a cumplir con una normativa, lo que conlleva una sanción administrativa o la apertura de la vía judicial”, que incluso podría llegar a reformular la patria potestad.

El interés de las menores

Moreno González subraya que hay que tener en cuenta el interés superior de las menores, que está por encima del de sus propios padres, por lo que considera que lo más “sensato” es acudir a la justicia porque el derecho a no usar mascarilla no existe, sino que su uso es un deber que está recogido en una norma y en la ley. Al no haberse aducido otros derechos que podría vulnerarse, “es como si se violan las normas de un centro en cuanto al uniforme”, afirma. Un caso “más complicado” sería la vacunación, ya que entraría en juego el derecho a la integridad física.

En términos similares se ha pronunciado este jueves la fiscal de menores que investigará el caso, Yolanda Forte. Aunque ha precisado que hasta el momento solo tiene la información que le ha llegado a través de los medios de comunicación, la fiscal ha insistido en que la educación es un derecho fundamental y se debe proteger el interés de las dos menores.

Forte ha recordado que en varios casos “en los que se puede constatar una intencionalidad o una dejación intencional de los deberes parentales de los progenitores o tutores, se ha llegado a formular denuncia por abandono de familia”.

Pero la familia rechaza de manera tajante el uso de mascarillas. Tanto es así, que el secretario general de Educación de la Junta de Extremadura aseguró el miércoles que se había intentado iniciar un proceso de mediación que finalmente ha sido imposible, lo que ha motivado la entrada del caso en la vía judicial.

Clase entre mamparas

El abogado de los padres de las menores, Francisco de Borja Gómez Martínez-Fresneda, relacionado con el grupo negacionista y anticonfinamiento “Policías por la libertad”, ha explicado a elDiario.es Extremadura que la imposición de llevar una mascarilla “durante ocho horas al día es un atentando contra la salud”, sobre todo de los niños, que son “las víctimas de este circovid [sic]”.

El abogado ha asegurado desconocer el inicio de la vía judicial por parte de la Junta de Extremadura y ha asegurado que, tras rechazar la opción de apartar a las niñas del resto de alumnos para que recibieran formación de manera individualizada, la familia solicitó al centro que adoptara las medidas oportunas para evitar esta “discriminación”. Entre las opciones que ha propuesto, que asistan a clase separadas del resto de sus compañeros por mamparas o que las ubicaran junto a las ventanas de las aulas.

En los últimos días, Vox ha anunciado que presentará iniciativas para pedir a las comunidades que las mascarillas dejen de ser obligatorias en los colegios para menores de 12 años. Este grupo de edad es el único para el que todavía no se ha aprobado una vacuna en nuestro país y, aunque los casos de enfermedad grave entre niñas y niños son menos frecuentes, la falta de protección puede hacerlos más susceptibles de convertirse en vectores de contagio.