Los propietarios de los chalés de Valdecañas advierten de la posible nulidad de la sentencia

Los propietarios de las viviendas del complejo urbanístico Marina Isla de Valdecañas, en la provincia de Cáceres, podrían plantear un incidente de nulidad ante el Supremo, ya que dos de los magistrados que ha formado parte del tribunal que ha acordado la demolición de todas las instalaciones han participado en este proceso judicial en otras instancias, por lo que podrían haber incurrido en una causa de “incompatibilidad”.

Ambos magistrados, según la ley, deberían haberse abstenido, ha señalado este miércoles a Efe el abogado de los 186 propietarios de viviendas, Luis Díaz-Ambrona. Este asunto, en su opinión, “enlazaría con la vulneración de un derecho fundamental como es el de la tutela judicial efectiva”.

Tras conocerse este martes los argumentos de la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a demoler la totalidad del complejo urbanístico, el letrado ha explicado que estudiarán esta nueva vía, además de la de un posible recurso ante el Tribunal Constitucional y otro ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ya había avanzado públicamente la semana pasada después de conocerse el fallo.

Incluso podrían usar las tres vías a la vez, ha asegurado el abogado, que ha precisado que el incidente de nulidad tiene un plazo de presentación de 20 días, 30 el recurso de amparo al Constitucional y cuatro meses para llevarlo al tribunal europeo.

Díaz-Ambrona ha recalcado que la sentencia tiene “puntos flacos” para su impugnación, el fundamental, el medioambiental. En este sentido, ha explicado que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura estableció que era mejor desde el punto de vista medioambiental respetar las instalaciones en uso y en el resto, en más de la mitad de la isla, acometer un plan de restauración ecológico.

Esta, revocada ahora por el Supremo, entendía por lo tanto, según el abogado, que medioambientalmente era “más positivo” eso que demolerlo todo, un asunto que el alto tribunal ha soslayado. A su juicio, es “absurdo” devolver la isla a su estado original, cuando no tenía “ningún valor ecológico” y “era prácticamente un basurero”.