Si quiere renta básica, ábrame el frigorífico

“¿Me enseña usted por favor el contenido del frigorífico?”. Esta pregunta sorprendente, e incómoda, la escuchó el otro día una mujer de Badajoz que recibía en su casa a la técnica encargada de hacer el informe social, previo a la concesión o no de la paga de subsistencia conocida en Extremadura como renta básica. Ella se negó, pero a los activistas que ayudan y asesoran a estas familias les llegan de vez en cuando testimonios de que los solicitantes, desde fuera pero también desde dentro de ellos mismos, llevan consigo un estigma.

Los 22.000 peticionarios de la renta son un submundo dentro de la cotidiana Extremadura, y para cuyos protagonistas frases como ‘raíces vigorosas’, ‘recuperación’, ‘en el buen camino’, o ‘menos es más’ no pasan de ser zarandajas políticas que ocultan una realidad de necesidad y miseria social, a la que además se le cuelga un sambenito de sospecha.

“El otro día me contaba una persona”, relata el activista social Manuel Cañada, “que el informador social tenía previsto ir a su casa, y ella estaba pensando en esconder el televisor de plasma que se compró cuando todavía tenía trabajo”.

Cañada reprocha que a estos más de veinte mil demandantes de ayuda social se les ha puesto dese el primer momento el cartel de sospechosos, de pícaros, y en algunos casos una aureola de marginalidad, que no obedece para nada a la realidad.

“Salvo alguna excepción que pueda haber, estas personas no tienen problemas sociales, simplemente se han quedado sin trabajo, y sin prestación de desempleo quien la tuviera, y lo único que están pidiendo es una prolongación del subsidio para seguir viviendo”.

Tienen que hacer un 'voluntariado'

Cañada, que es el nombre y la cara que más suena, pero que está acompañado por un buen número y escogido, de colaboradores en varias ciudades, lucha junto con ellos contra la existencia del ‘proyecto individualizado de inserción’, un plan de trabajo social, recogido en un documento pactado entre el trabajador social y el beneficiario de la renta básica, en el cual este último, entre otras cosas, se obliga a una especie de voluntariado.

“Yo creo que en la inmensa mayoría de los casos, y lo recoge la Ley de Renta Básica, se debería exonerar total o parcialmente de ese proyecto individualizado, estas personas no necesitan inserción, lo que necesitan es trabajo”.

Cruz Roja, Cáritas, incluso asilo de monjas, son lugares donde beneficiarios de renta básica están siendo enviados para hacer la ‘prestación social’ que se incluye en los proyectos individualizados de inserción.

Pero como ese proyecto es un acuerdo y pacto personal entre la trabajadora social y el beneficiario, la rebeldía desde los Campamentos Dignidad ha hecho que una de sus activistas, R. M. Q., haya conseguido que en vez de esas opciones pudiera escoger la de seguir entregando su tiempo a los Campamentos, o a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

“A mí me ofrecían un curso, de lo que fuera, pero pedí seguir en esto y me lo aceptaron, es importante que me reconozcan el derecho, yo le animo a todo el mundo a que lo haga”. Al final le denegaron la renta básica porque cobraba una paga de violencia de género y es incompatible, pero los Campamentos Dignidad lo consideran un éxito, y creen que se ha establecido un buen precedente.